La Corte de la austeridad: fallos restrictivos y abandono de la progresividad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido fallos que condicionan derechos como la salud, seguridad social y reconocimiento del concubinato a criterios económicos y presupuestales del Estado.

Durante su primer año, ministras y ministros también han mostrado posturas que especialistas consideran restrictivas en materia de derechos humanos. Daniel Quintanilla Castro, maestro en Historia del Derecho, señaló que existen posiciones individuales de corte conservador y más deferentes con las autoridades que con los quejosos.

SCJN condiciona derechos a criterios económicos y presupuestales

Uno de los casos está relacionado con el derecho a la salud. Al emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, la Corte determinó que el IMSS debe proporcionar aparatos auditivos e implantes cocleares, pero la protección se limitó a menores de edad y excluyó a los adultos.

La ministra Lenia Batres Guadarrama argumentó el 28 de abril de 2026 que no podía presumirse que el IMSS tuviera capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada.

También advirtió que una resolución con efectos generales tendría que considerar previamente la capacidad institucional para evitar un impacto estructural y presupuestal relevante.

Comunidades mayas y contaminación por glifosato

Otro fallo involucró a las comunidades mayas de Hopelchén. La SCJN otorgó un amparo contra la contaminación por glifosato, pero no obligó a las autoridades a proporcionar atención médica a las personas afectadas.

La ministra María Estela Ríos sostuvo el 26 de agosto que, aunque existían pruebas sobre la presencia de glifosato, no había condiciones para determinar si éste era causante de enfermedades.

SCJN mantiene cinco años para reconocer concubinato

La discusión sobre la restricción de derechos también llegó al concubinato y las pensiones por viudez. La Corte mantuvo la exigencia de cinco años de convivencia para reconocer el concubinato y acceder a una pensión.

Batres señaló que reconocer derechos implica realizar cálculos y que reducir incluso un año incrementaría el número de personas con acceso a una pensión.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf rechazó que las razones económicas estén por encima de las personas. “Por encima de las razones económicas están las personas”, expresó durante la discusión del 4 de junio.

El debate deja abierta la pregunta sobre la progresividad de los derechos humanos. El recuento continuará con las decisiones de la nueva Suprema Corte relacionadas con la seguridad jurídica.

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