Tensión en la Corte: Lenia Batres denuncia “animosidad negativa” de sus compañeros
La ministra Lenia Batres manifestó que observa una “animadversión insana” hacia sus proyectos dentro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sugirió que la reacción de algunos de sus compañeros podría estar relacionada con el oficio que acababa de remitir al Órgano de Administración Judicial sobre el presupuesto de la Corte.
Durante una sesión del Pleno, Batres expresó que percibía una actitud negativa hacia sus propuestas y vinculó esa situación con las diferencias internas que existen sobre el rumbo presupuestal del máximo tribunal.
“Quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al órgano de administración judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, expresó antes de anunciar que haría público el documento.
La declaración provocó una respuesta inmediata de otros integrantes del Pleno, quienes rechazaron que los cuestionamientos a sus proyectos estuvieran relacionados con asuntos personales o presupuestales y aseguraron que las diferencias planteadas eran exclusivamente jurídicas.
El oficio que detonó la confrontación
A través de un oficio dirigido al presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, Batres reveló que el Pleno de la Corte aprobó el pasado 6 de agosto solicitar un presupuesto de 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos, cifra que, según expuso, representa un incremento de 17.2% respecto del monto autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2026.
Batres votó en contra del proyecto y sostuvo que el aumento contraviene los esfuerzos de austeridad que, a su juicio, deben mantenerse dentro del Poder Judicial.
En el documento afirmó que la Corte operó durante el año con un presupuesto reducido y que todavía existen áreas susceptibles de ajuste, entre ellas Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Exministros.
Además, señaló que continúan pendientes ajustes relacionados con las pensiones de exministras y exministros, así como la supresión de plazas asignadas a éstos. Según el oficio, esos conceptos representan montos que podrían revisarse dentro del gasto institucional.
La disputa por el presupuesto
En su escrito, Batres sostiene que el incremento aprobado por el Pleno restituye recursos que previamente habían sido recortados por el Congreso de la Unión para el ejercicio de 2026.
“El incremento de 17% solicitado para el ejercicio de 2027 restituye el monto que el Congreso redujo para 2026”, argumentó la ministra, quien agregó que esos recursos podrían destinarse a gasto sustantivo del Estado mexicano y a mejorar las condiciones de vida de la población.
La ministra planteó que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Austeridad Republicana obligan también al Poder Judicial a realizar esfuerzos de contención del gasto.
El regreso del seguro de gastos médicos mayores
La principal objeción de Batres no se centró únicamente en el monto presupuestal. Según el oficio, durante la discusión del anteproyecto se incorporó nuevamente el seguro de gastos médicos mayores para más de 300 personas servidoras públicas de mandos medios y superiores, una prestación que, afirma, había sido eliminada el año pasado.
La ministra recordó que votó en contra tanto del presupuesto como de la restitución de ese beneficio. También precisó que posteriormente solicitó retirar de su propia ponencia los recursos destinados al seguro de separación individualizada y al seguro de gastos médicos mayores correspondientes a las 95 personas adscritas a su equipo de trabajo.
Batres afirmó que ni ella ni el personal de su ponencia han recibido esas prestaciones desde su llegada a la Suprema Corte.
“No se trata de un derecho, sino de prácticas prohibidas”
La ministra sustentó su oposición al seguro médico privado en la Ley Federal de Austeridad Republicana. En el oficio citó el artículo 22 de esa norma, que prohíbe contratar con recursos públicos seguros médicos privados, seguros de vida y otros regímenes especiales en determinadas condiciones. A partir de ello sostuvo que la prestación no constituye un derecho laboral, sino una práctica que, en su interpretación, está expresamente prohibida por la legislación vigente.
Asimismo argumentó que el Poder Judicial ya cubre las cuotas del ISSSTE para mandos medios y superiores, por lo que consideró injustificado financiar adicionalmente seguros privados con recursos públicos.
En la parte final del documento solicitó al Órgano de Administración Judicial eliminar “esos privilegios” que, según indicó, habían sido retirados en ejercicios presupuestales anteriores.
El oficio y la discusión presupuestal quedaron así en medio de las diferencias exhibidas durante la sesión del Pleno, luego de que Batres relacionara la “animadversión” que dijo percibir hacia sus proyectos con la postura que ha mantenido frente al gasto de la Suprema Corte.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
