Organizaciones piden a SCJN audiencias por prisión preventiva oficiosa
Organizaciones civiles y colectivos solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa en México. La petición fue presentada el 25 de marzo de 2026 y está respaldada por más de 600 personas, incluyendo activistas, académicos, abogados y familiares de personas privadas de la libertad.
El objetivo es abrir un espacio de discusión antes de que la Corte resuelva el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenan al Estado mexicano eliminar figuras como la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
SCJN analiza prisión preventiva oficiosa y sentencias internacionales
La solicitud plantea que la SCJN escuche a las más de 40 mil personas que se encuentran bajo esta medida cautelar, así como a sus familias y especialistas. También busca incluir la participación de universidades, clínicas jurídicas y colegios de abogados en un foro abierto.
Las sentencias internacionales corresponden a los casos Tzomplaxte Tecpile y García Rodríguez y otro vs. México, en los que la Corte IDH condenó al Estado mexicano por el uso de estas figuras legales.
Entre quienes respaldan la petición se encuentran personas privadas de la libertad como Brenda Quevedo e Israel Vallarta, así como activistas, académicos, periodistas y colectivos como Pervivencias, No Más Hijos Rehenes México y el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes.
Organizaciones exigen priorizar derechos humanos
La Red Década contra la Impunidad y el colectivo Pena sin Culpa, representantes de los casos ante la Corte IDH, hicieron un llamado a la SCJN para atender el tema de forma prioritaria.
Pidieron que se coloquen al centro los derechos humanos y que se cumpla de manera efectiva con las sentencias internacionales, en los expedientes 1/2023 y 3/2023 relacionados con estos casos.
Las organizaciones insistieron en que una audiencia pública permitiría mayor transparencia y participación antes de una resolución definitiva.
La SCJN deberá definir si abre este espacio de discusión en el proceso de cumplimiento de las resoluciones internacionales.
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