Tribunal Electoral tumba sanción contra activista Miguel Meza en caso de jueza ligada al “Chapo”
La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sanción impuesta al activista Miguel Meza, quien había sido acusado de violencia política de género por publicaciones en redes sociales sobre la entonces candidata a jueza penal en Chihuahua, Silvia Rocío García, vinculada en su trayectoria profesional al caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La decisión se da tras concluir que los señalamientos realizados por el activista no estaban relacionados con el género de la candidata, sino con cuestionamientos sobre su perfil y su idoneidad para ocupar el cargo.
Tribunal Electoral descarta violencia de género en críticas a candidata
De acuerdo con lo informado por la organización Article 19, el Tribunal determinó que las publicaciones de Meza se centraban en información de interés público, particularmente en la trayectoria de la entonces aspirante.
Entre los elementos difundidos, se encontraba que la candidata participó como abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su aparición en un documental donde defendía su inocencia.
Para el órgano electoral, estos señalamientos forman parte de un debate legítimo sobre perfiles públicos, especialmente en el contexto de una elección judicial.
Qué sanción enfrentaba el activista
La resolución original obligaba a Miguel Meza a:
- Emitir una disculpa pública
- Eliminar las publicaciones en redes sociales
- Inscribirse durante 180 días en el registro de personas sancionadas por violencia política de género
El activista rechazó estas medidas desde un inicio, al considerar que representaban un acto de censura contra su labor de denuncia.
El origen del caso: plataforma para evaluar candidatos
El caso surgió a partir de una plataforma impulsada por la organización Defensorxs, creada para identificar perfiles considerados riesgosos en el proceso de elección judicial.
Desde ese espacio, Meza difundió información sobre la trayectoria de la candidata, lo que derivó en la denuncia en su contra.
Libertad de expresión en el centro del debate
Tras la resolución, Article 19 destacó que el discurso político y sobre asuntos de interés público tiene una protección reforzada en materia de libertad de expresión.
La organización advirtió que sancionar este tipo de contenidos puede generar autocensura y limitar el debate democrático:
“No hay democracia sin libertad de expresión”, subrayó.
En ese sentido, consideró que la decisión del Tribunal refuerza el criterio de que las críticas a figuras públicas deben analizarse con un estándar más amplio, especialmente cuando se trata de información relevante para la ciudadanía.
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