En duda la posibilidad de separar los hechos de las opiniones dentro del ejercicio periodístico
La analista María Amparo Casar explicó que, según la propuesta presentada por el Gobierno, cuando una persona presente una queja sobre un contenido, la autoridad solicitaría un informe al medio involucrado y posteriormente determinaría si existe una infracción o si corresponde imponer una sanción.
A diferencia del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), recordó que la nueva autoridad dependería del Poder Ejecutivo, por lo que cuestionó los criterios con los que se resolverían los casos.
Para Casar, esta medida legalizaría mecanismos de censura que, aseguró, ya existen a través de otras prácticas, como el manejo de la publicidad oficial, los señalamientos públicos contra periodistas y medios de comunicación, así como llamados desde el poder para dejar de consumir determinados espacios informativos.
Durante la entrevista, la politóloga también puso en duda la posibilidad de separar los hechos de las opiniones dentro del ejercicio periodístico. Explicó que el análisis y la interpretación forman parte del trabajo informativo, siempre que se sustenten en hechos verificables.
Asimismo, preguntó si los mismos criterios que se pretenden aplicar a la radio y la televisión también alcanzarían a espacios de comunicación del propio Gobierno, como las conferencias matutinas de la presidenta.
Casar consideró que la regulación podría extenderse más adelante a otras plataformas y medios, incluidas páginas de organizaciones de la sociedad civil y medios digitales, lo que, a su juicio, representaría un escenario de menores niveles de libertad de prensa.
Finalmente, expresó su preocupación por la concentración de facultades en el Ejecutivo y confió en que la propuesta sea reconsiderada antes de convertirse en ley.
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