Cuestionan eficacia del registro obligatorio de celulares contra la extorsión
El reciente anuncio sobre la ampliación del plazo para el registro obligatorio de teléfonos celulares reavivó el debate sobre la utilidad de esta medida para combatir la extorsión en México. De acuerdo con Pamela Cerdeira, el problema no radica en que las empresas de telefonía recopilen información de sus clientes, sino en la justificación utilizada para solicitar esos datos.
“El problema no es y nunca ha sido que las compañías tengan los datos de sus clientes; el problema es que la razón que están dando para solicitarlos no se justifica”, dice la periodista.
Cerdeira sostiene que, para que una extorsión pueda investigarse, el delito ya debió consumarse y existir una transacción económica, ya sea mediante el sistema financiero o de forma presencial.
Según se explica, en ambos escenarios es posible rastrear el dinero, por lo que el principal obstáculo no sería la identificación del usuario de una línea telefónica.
“El dinero se puede rastrear; sin embargo, la razón por la que las extorsiones siguen sucediendo es porque hay un cuello de botella en las fiscalías, porque no se investigan”, asegura.
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