Los cambios en la política migratoria de EE.UU. tras los atentados del 11 de septiembre
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos, un cambio que cumple 25 años este viernes y que sigue definiendo cómo el país vigila, procesa y expulsa a los extranjeros que llegan a su territorio.
En los meses siguientes al ataque, el gobierno reescribió las reglas migratorias a una velocidad sin precedente, creó agencias completamente nuevas y amplió los poderes de detención y vigilancia sobre cualquier persona nacida fuera de Estados Unidos.
El cambio más visible fue la desaparición del Servicio de Inmigración y Naturalización, que dejó de existir en 2003 cuando el Congreso lo dividió en tres agencias nuevas dentro del recién creado Departamento de Seguridad Nacional. En su lugar quedaron tres organismos con tareas separadas, uno para tramitar visas y ciudadanía, otro para vigilar la frontera y un tercero encargado de perseguir y deportar a personas indocumentadas dentro del país.
Semanas después del ataque, el Congreso aprobó además una ley de gran alcance, conocida como la Ley Patriota, que amplió los motivos legales para detener y deportar a extranjeros sospechosos de vínculos con el terrorismo y que ordenó crear sistemas electrónicos para rastrear a estudiantes y visitantes extranjeros dentro del país.
Uno de los mecanismos que nacieron en esos años, dirigido en exclusiva a hombres provenientes de un grupo específico de países, terminó por desaparecer más de una década después, luego de que las propias autoridades migratorias concluyeran que ya no tenía ninguna utilidad práctica.
¿Qué agencias nacieron para reemplazar al viejo Servicio de Inmigración?
El Departamento de Seguridad Nacional abrió sus puertas el 1 de marzo de 2003, después de que el Congreso aprobara la Ley de Seguridad Nacional en noviembre de 2002. La nueva dependencia fusionó 22 agencias y oficinas federales que hasta entonces operaban por separado, entre ellas el propio Servicio de Inmigración y Naturalización, en lo que el gobierno describe como la mayor reorganización del gobierno federal desde la creación del Departamento de Defensa.
De esa fusión surgieron tres agencias con funciones que antes concentraba una sola oficina, cada una responsable de una parte distinta del sistema migratorio:
- Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS): procesa solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo y otros beneficios migratorios.
- Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): vigila los puntos oficiales de entrada y patrulla las líneas fronterizas del país.
- Inmigración y Control de Aduanas (ICE): investiga, arresta y deporta a personas que incumplen las leyes migratorias, combinando autoridad civil y penal en una sola agencia, según el historial oficial de ICE.
Esa última agencia es la que hoy concentra buena parte del debate público sobre inmigración, pues sus dos brazos principales —investigaciones de seguridad y operaciones de control y deportación— reparten entre sí la persecución de delitos y la ejecución de arrestos y expulsiones. Existen pasos concretos que una persona puede seguir si esa agencia se presenta en su casa o en su trabajo, independientemente de su estatus migratorio.
La oficina encargada de los trámites, por su parte, arrastra hoy plazos de espera que se han extendido de forma notable en los últimos años, un problema que no existía cuando apenas comenzaba a operar hace más de dos décadas.
¿Qué leyes y sistemas de rastreo cambiaron el trámite migratorio?
El texto oficial de la Ley Patriota amplió de forma considerable qué se considera “actividad terrorista” para efectos migratorios, un cambio que facilitó declarar inadmisible o deportable a una persona por sospechas de vínculos con el terrorismo. La misma ley estableció que el fiscal general podía detener a extranjeros sospechosos de terrorismo con revisiones judiciales más limitadas que las de un trámite migratorio común.
Esa reforma también ordenó crear un sistema para vigilar a estudiantes y visitantes de intercambio con visas F, M y J, que terminó por convertirse en SEVIS, operativo desde enero de 2003. Las escuelas certificadas para recibir alumnos internacionales deben reportar en esa plataforma cualquier cambio de dirección, programa o situación laboral de sus estudiantes, según ICE, la agencia que administra el sistema.
El gobierno también empezó, a partir de 2004, a tomar huellas y fotografías digitales a la mayoría de los viajeros con visa de no inmigrante que entraban por puertos aéreos y marítimos, bajo un programa bautizado US-VISIT, según una norma publicada ese año por el Departamento de Seguridad Nacional en el Registro Federal.
La mayoría de los viajeros con ese tipo de visa quedaron obligados a entregar dos huellas dactilares y una fotografía al llegar al país, con excepciones para diplomáticos, menores de 14 años y mayores de 79 años.
Ese programa cambió de nombre en 2013, cuando pasó a llamarse Oficina de Manejo de Identidad Biométrica, pero la obligación de dar huellas y fotografías a la llegada se mantiene prácticamente igual, de acuerdo con la propia OBIM.
¿Por qué terminó el programa de registro especial NSEERS?
Entre las herramientas que nacieron en esos años hubo una dirigida en exclusiva a hombres mayores de 16 años provenientes de un grupo específico de países señalados por el gobierno como de interés para la seguridad nacional.
El Servicio de Inmigración y Naturalización amplió esa exigencia en junio de 2002 y la formalizó 2 meses después, bajo el nombre de Sistema Nacional de Registro de Entrada y Salida por Seguridad, conocido por sus siglas en inglés como NSEERS. La lista inicial incluyó a Irak, Irán, Libia, Siria y Sudán, y con el tiempo llegó a cubrir a hombres de 25 países distintos, según consta en el Registro Federal.
Quienes quedaban dentro del programa debían cumplir con un calendario fijo de trámites ante las autoridades migratorias, distinto al de cualquier otro visitante o residente temporal.
- Registrarse y entregar huellas y fotografías al llegar a un puerto de entrada
- Presentarse de nuevo ante una oficina migratoria unos 30 días después de su llegada
- Reportarse cada año mientras permanecieran en el país
- Notificar cualquier cambio de domicilio
- Registrarse una última vez al momento de salir de Estados Unidos
¿Qué le pasó al programa?
Para 2011, el Departamento de Seguridad Nacional concluyó que el programa se había vuelto redundante, pues sistemas más nuevos como US-VISIT ya recogían la misma información de forma automática en cualquier puerto de entrada. Una investigación interna de la agencia, publicada en 2012, recomendó eliminar por completo el marco legal del programa por su escasa utilidad práctica, y el Departamento de Seguridad Nacional formalizó esa eliminación en diciembre de 2016, según consta en el Registro Federal.
Ese vaivén —crear agencias y programas, y después desmantelar los que perdieron sentido— resume buena parte de lo que ha pasado con la política migratoria de Estados Unidos en los 25 años que separan al país de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Algunas de esas estructuras, como el propio Departamento de Seguridad Nacional o el sistema de huellas y fotografías que hoy opera bajo el nombre de OBIM, siguen en pie y siguen definiendo cómo cualquier persona cruza una frontera estadounidense o solicita un beneficio migratorio.
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