El beneficio que blindaba a inmigrantes que denuncian abusos laborales ya no existe en EE.UU.: qué sí sigue vigente
El gobierno de Donald Trump dejó de operar, sin ningún anuncio oficial, el programa Deferred Action for Labor Enforcement (DALE), el mecanismo que desde 2023 permitía a trabajadores indocumentados involucrados en una investigación laboral pedir protección temporal contra la deportación y un permiso de trabajo. Ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia que lo administraba, reconocieron o explicaron el cierre, de acuerdo con Bloomberg Law.
DALE llegó a beneficiar a unas 7,700 personas para octubre de 2024, según una cifra que el propio DHS, todavía bajo el gobierno de Biden, entregó a medios de comunicación. Menos de un año después, ya con Trump de vuelta en la Casa Blanca, el programa había dejado de aceptar y procesar solicitudes nuevas, aunque ninguna de las dos agencias lo confirmó de forma directa.
El cierre no solo cortó una vía migratoria. También dejó sin ese mecanismo a trabajadores que ahora deben decidir entre denunciar un abuso laboral con el riesgo de exponer su estatus migratorio, o quedarse callados.
Qué protegía DALE y quién podía pedirlo
El mecanismo dependía de dos piezas: una queja presentada ante una agencia laboral —como la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), el Departamento de Trabajo federal, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) o sus equivalentes estatales— y una carta de esa misma agencia, conocida como Statement of Interest, en la que confirmaba que la presencia del trabajador seguía siendo necesaria para la investigación. Podía aplicar a distintos tipos de abuso laboral, entre ellos:
- Robo de salario: no pagar el salario mínimo o las horas extra correspondientes
- Acoso o discriminación: por motivos de género, origen o estatus migratorio
- Condiciones inseguras: exponer a los trabajadores a riesgos de salud o seguridad sin las protecciones que exige la ley
- Represalias: amenazar, despedir o denunciar ante inmigración a quien reporta cualquiera de los abusos anteriores
Quien obtenía la aprobación recibía hasta cuatro años de protección contra la deportación y podía solicitar el permiso de trabajo correspondiente, de acuerdo con una carta que la propia USCIS envió al Congreso en marzo de 2024.
El caso que muestra lo que significa perder esta protección
A. B., identificada solo con sus iniciales para proteger su identidad, migró de Ecuador a Nueva York a finales de 2017 y consiguió empleo en una fábrica de zapatos en Manhattan. Durante cinco años, según relató a Documented, sufrió acoso sexual constante por parte de su gerente, quien la presionaba para dejar a su esposo y la amenazaba con que nadie más la contrataría por su estatus migratorio.
En 2022, A. B. presentó una queja formal ante la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York por prácticas discriminatorias, y sus abogados planeaban solicitar DALE en su nombre —pero el gobierno de Trump cerró el programa antes de que pudieran presentar esa solicitud.
Su caso, representado por el New York Legal Assistance Group (NYLAG), tardó cuatro años en resolverse. Sin la opción de DALE, A. B. solicitó en su lugar una visa U, un trámite que, según estimaciones de despachos legales citadas por Documented, puede tardar entre cinco y diez años en resolverse por completo.
Qué dicen los abogados que representan a estos trabajadores
Mel González, director del Employment Law Project en NYLAG y abogado de A. B., le dijo a Documented que casos como el de ella son comunes, sobre todo entre mujeres inmigrantes que trabajan en industrias dominadas por hombres: “Incluso con todas estas cifras, no reflejan el alcance real de lo que está pasando ahí afuera.
Pasa todo el tiempo”. González explicó que el objetivo de DALE iba más allá de proteger a una sola persona: buscaba que las investigaciones laborales pudieran avanzar, porque “todo dependía de su testimonio”, y agregó que sin ese tipo de protección muchos trabajadores terminan deportados o regresan por su cuenta a su país antes de que la investigación concluya.
Diego Fernandez, abogado laboral de la organización Make the Road New York, coincide en que el cierre del programa cambió su trabajo diario: “Hacíamos mucho trabajo de acción diferida para el cumplimiento laboral”, dijo a Documented.
Fernandez advirtió que varios de sus clientes han estado listos para presentar una queja laboral y se han echado atrás por miedo a lo que su empleador pueda hacerles, y que buena parte de su labor ahora se concentra en explicarle a la gente qué hacer si un empleador amenaza con llamar al ICE, no en tramitar protección migratoria.
Por qué nadie ha confirmado oficialmente el cierre
Ni DHS ni USCIS han explicado por qué dejaron de procesar solicitudes de DALE, y el cierre nunca se anunció de forma directa. USCIS archivó la página informativa del programa el 24 de enero de 2025, cuatro días después de la investidura de Trump, y en mayo de ese año circularon borradores de formularios que eliminaban la opción de pedir protección por una investigación laboral, de acuerdo con Bloomberg Law.
Cuando Bloomberg Law pidió una postura oficial sobre el cierre, ni USCIS ni ICE respondieron a la solicitud de comentarios.
Esto es lo que sí sigue vigente
Aunque DALE dejó de operar, no desaparecieron todas las vías de protección para quienes denuncian abusos laborales sin tener estatus migratorio legal. A diferencia de DALE, que era una política discrecional de DHS sin respaldo en una ley específica, estas dos protecciones nacieron de una ley aprobada por el Congreso en 2000, la Victims of Trafficking and Violence Protection Act, lo que las hace más difíciles de eliminar sin pasar por el Legislativo, según explica el American Immigration Council:
- Visa U: protege a víctimas de ciertos delitos —incluido el fraude en la contratación laboral— que colaboran con una investigación o proceso penal. Tiene un tope de 10,000 visas al año, según el Manual de Políticas de USCIS.
- Visa T: protege específicamente a víctimas de trata de personas, incluida la trata laboral o el trabajo forzado. Tiene un tope de 5,000 visas al año, según la misma fuente.
- Cartas de interés estatales: agencias laborales de estados como Nueva York, California e Illinois todavía pueden emitir una Statement of Interest a favor de un trabajador, aunque la decisión final de otorgar o no la protección migratoria sigue dependiendo de USCIS.
Qué significa esto para los trabajadores
Organizaciones como Make the Road advierten que el cierre de DALE puede traducirse en más abusos silenciados, justo cuando DHS ha intensificado los operativos de fiscalización en centros de trabajo, como el que en fechas recientes dejó a 46 trabajadores indocumentados detenidos en un almacén de Nueva Jersey.
Para quienes ya tenían aprobado el estatus DALE antes del cierre, la protección no desapareció de forma automática, pero organizaciones legales como Legal Aid at Work advierten que DHS puede revocarla con un aviso por escrito, y recomiendan consultar con un abogado de inmigración antes de tomar una decisión.
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