California aprueba que universitarios inmigrantes trabajen en sus campus: qué falta para que sea ley
La Legislatura de California aprobó el proyecto de ley AB 713, que permitiría a estudiantes indocumentados trabajar en sus propios campus, una actividad que hasta ahora les está prohibida por su estatus migratorio, de acuerdo con el propio texto de la ley.
La medida busca cerrar una de las últimas brechas laborales que enfrentan estos jóvenes dentro del sistema educativo estatal, donde ya pueden inscribirse y recibir ayuda financiera, pero no ocupar plazas remuneradas como asistentes de investigación, tutores o auxiliares de biblioteca.
La Asamblea estatal —cámara de origen del proyecto— le dio su aprobación definitiva el 28 de agosto de 2026, al concurrir con enmiendas que el Senado había aprobado apenas un día antes. El proyecto queda ahora en manos del gobernador Gavin Newsom, quien tiene hasta el 30 de septiembre de 2026 para firmarlo, dejarlo pasar sin firma o vetarlo, de acuerdo con el calendario legislativo oficial del estado.
¿Qué cambiaría exactamente si Newsom firma la ley?
Según el proyecto, AB 713 modificaría el Código de Educación de California para permitir que las universidades públicas —tanto el sistema de la Universidad de California (UC) como el de California State University (CSU) y los colegios comunitarios— contraten a estudiantes inmigrantes en puestos de trabajo dentro del propio campus.
Esto, sin exigirles un número de Seguro Social ni comprobante de autorización federal para trabajar, requisitos que actualmente los excluyen de facto de esas vacantes.
La prohibición, sin embargo, no es absoluta, pues de acuerdo con ese mismo texto oficial, las universidades sí podrán seguir exigiendo comprobante de autorización federal para trabajar en dos casos concretos:
- Cuando la ley federal exige directamente comprobar esa autorización, sin importar lo que disponga el propio proyecto
- Cuando el puesto está financiado por una beca o subvención —como ocurre con los programas federales de estudio y trabajo (work-study)— que exige esa comprobación como condición para recibir el dinero
Si Newsom firma la ley, las universidades públicas tendrán hasta el 6 de enero de 2027 para ponerla en marcha, según establece el propio texto legislativo.
¿Por qué era necesaria esta ley?
El proyecto surge de una contradicción que estudiantes y universidades han señalado desde hace años: California permite a los jóvenes indocumentados pagar matrícula estatal (in-state tuition) e incluso acceder a ayuda financiera estatal a través del Dream Act californiano —un beneficio que, en estados como Texas, los tribunales federales ya le cerraron la puerta a miles de estudiantes—.
Sin embargo, las mismas universidades no pueden contratarlos como empleados por tratarse de instituciones públicas sujetas a leyes federales de verificación laboral.
Según CalMatters, se estima que hasta 60 mil estudiantes indocumentados podrían beneficiarse de una medida así (estimación de 2023), aunque la UC ya había abandonado por su cuenta, desde 2024, su propia revisión interna sobre contratar a estos estudiantes, por temor a represalias federales.
¿Qué pasó la última vez que se intentó este cambio?
Esta no es la primera vez que la Legislatura de California intenta resolver este vacío. Un proyecto similar, AB 2586, llegó al escritorio del entonces gobernador en 2024 y terminó vetado. La votación y el desenlace de aquel intento marcan el precedente directo que ahora enfrenta AB 713:
- 2024 (22 de septiembre): El gobernador Gavin Newsom veta AB 2586, el proyecto antecesor de AB 713, y pide que sean los tribunales quienes resuelvan primero si la teoría legal detrás de la medida es válida, ante el riesgo de responsabilidad penal y civil para empleados estatales
- 2024: Tras el veto, un estudiante y un exprofesor demandan a la Universidad de California
- Un tribunal de apelaciones falla a favor de los demandantes y ordena a la UC pagar más de 500 mil dólares en honorarios legales; la Corte Suprema estatal deja en pie ese fallo sin pronunciarse sobre el fondo de la teoría legal
- 2025 (14 de febrero): Se introduce AB 713, retomando el mismo debate
- 2026 (27 y 28 de agosto): El Senado y la Asamblea estatales dan su aprobación final a AB 713
- 2026 (30 de septiembre): Fecha límite constitucional para que Newsom firme, deje pasar o vete la ley
¿Qué sucedió con el veto?
El veto de 2024 se apoyó, sobre todo, en que Newsom quería que fueran los tribunales quienes resolvieran primero si la teoría legal detrás de la medida era válida. Esa cautela hacía eco de una preocupación más amplia de la propia Universidad de California, que temía poner en riesgo parte de los 17 mil millones de dólares en fondos federales anuales que recibe el sistema, según CalMatters, si el estado avanzaba unilateralmente en este terreno.
Ese temor no es abstracto: California mismo figura hoy entre los estados que el Departamento de Justicia ya demandó por sus propias leyes de colegiatura de residente para inmigrantes indocumentados, en una ofensiva legal separada pero del mismo signo político.
Ese vacío judicial es, precisamente, lo que AB 713 vuelve a poner a prueba, pues ningún tribunal ha dicho todavía si el argumento legal de fondo es válido, así que la firma o el veto de Newsom podrían convertirse en la respuesta política a una pregunta que las cortes dejaron abierta.
¿Qué dicen los defensores y los críticos de la medida?
Los defensores de AB 713 sostienen que la ley simplemente reconoce una realidad que ya viven miles de estudiantes: pueden estudiar y recibir ayuda financiera del estado, pero no pueden ganarse la vida dentro de su propia universidad.
José Luis Solache —asambleísta demócrata por Lakewood y autor del proyecto— afirmó durante una audiencia legislativa en junio que “si bien California tiene un compromiso de larga data con ampliar el acceso, la asequibilidad y el éxito estudiantil en la educación superior, nuestros estudiantes indocumentados siguen enfrentando barreras financieras y estructurales importantes”, de acuerdo con CalMatters.
Del lado de los críticos, el Departamento de Finanzas de California recomendó votar en contra del proyecto, principalmente por temor a litigios federales y a posibles recortes presupuestarios, de acuerdo con CalMatters. Entre los legisladores, el asambleísta republicano David Tangipa, de Fresno, votó en contra y advirtió durante una audiencia en enero que “si vamos a sacar adelante algo que después termina amenazando al cien por ciento de los estudiantes, creo que sería irresponsable de nuestra parte como legisladores”.
La propia Universidad de California, en cambio, ha evitado tomar partido esta vez: su vocero, Omar Rodríguez, indicó que la institución “está evaluando sus opciones a la luz del fallo judicial” y que, por ahora, “no tiene una posición sobre AB 713”, de acuerdo con CalMatters.
El debate sobre AB 713 se suma a otras iniciativas recientes orientadas a jóvenes con estatus migratorio incierto, como los programas de becas para estudiantes indocumentados en otros estados, que enfrentan disyuntivas parecidas entre el acceso educativo y las restricciones federales.
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