Colorado votará en noviembre si la policía estatal debe reportar a inmigrantes a las autoridades federales
Colorado votará el próximo 3 de noviembre por una enmienda constitucional que obligaría a la policía estatal y local a cooperar más de cerca con las autoridades migratorias federales.
La medida, registrada oficialmente como la Enmienda 81 (“Requisitos de Reporte de Aplicación de la Ley a Autoridades Federales”), necesita el 55% de los votos para pasar, un umbral más alto que el de una ley ordinaria porque modificaría la Constitución del estado, de acuerdo con la Secretaría de Estado de Colorado.
¿Qué cambiaría en el trabajo de la policía de Colorado?
En caso de aprobarse, los agentes tendrían que notificar al Departamento de Seguridad Nacional cuando alguien sea acusado de un delito violento, o de cualquier delito si tiene una condena previa por felonía, y no puedan determinar que esa persona está legalmente en el país, según la pregunta exacta certificada por la Secretaría de Estado de Colorado.
La agencia tendría un plazo de tres días para hacerlo, aunque el texto de la enmienda no explica cómo debe hacerse esa verificación, de acuerdo con Colorado Newsline.
Colorado forma parte de un grupo de estados que desde hace años limitan por ley la colaboración de su policía local con la aplicación civil de las leyes migratorias. Así cambiaría esa relación si se aprueba la Enmienda 81:
- Hoy: los agentes no pueden detener a alguien solo por un pedido civil del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
- Hoy: el estado limita que las agencias compartan cierta información personal con autoridades migratorias federales.
- Si se aprueba: la policía tendría que investigar el estatus migratorio de personas acusadas de delitos violentos o con condena previa por felonía.
- Si se aprueba: tendría tres días para avisar a DHS si la persona carece de estatus legal o no logran confirmarlo.
¿Quién impulsa la Enmienda 81 y por qué?
La propuesta llega respaldada por el grupo conservador Advance Colorado, que este año impulsa otras cinco medidas en la boleta estatal. Una organización nacional aliada, A Common Sense America, gastó cerca de 460 mil dólares recolectando firmas para meter la enmienda a la boleta, un proceso que ocurrió en agosto y septiembre, de acuerdo con Colorado Newsline.
Prácticamente no existe una campaña pública a favor de la medida, pues Advance Colorado no respondió a una solicitud de entrevista del medio, de acuerdo con Colorado Newsline. La oposición, en cambio, lanzó su campaña con un mitin en el Capitolio estatal.
Así está repartido el dinero detrás de la Enmienda 81, según los registros financieros citados por Colorado Newsline y confirmados por el listado oficial de comités de la Secretaría de Estado de Colorado:
- A favor: dos comités registrados —Eagle County Republican Women Club y A Brighter Colorado—, este último con 250 mil dólares de A Common Sense America y 20 mil dólares de Advance Colorado.
- En contra: tres comités —Colorado Communities First, The People’s No y Vote Common Sense— respaldados por ACLU Colorado, la Colorado Immigrant Rights Coalition y COLOR.
¿Qué dicen quienes se oponen?
El fiscal de distrito de Denver, John Walsh, advirtió que la medida obligaría a reportar a ICE incluso a personas que resulten ser ciudadanas estadounidenses o residentes legales, si no logran comprobar su estatus a tiempo. “Es una receta para el abuso y el perfilamiento racial y étnico”, dijo, según Colorado Newsline.
Walsh también señaló que la enmienda le quitaría a la policía local la garantía que hoy puede ofrecer a víctimas y testigos de que no participa en la aplicación civil de las leyes migratorias, algo que dijo mantiene a las comunidades inmigrantes dispuestas a denunciar delitos.
El 61% de los habitantes del estado considera el maltrato a inmigrantes un problema serio, y el 65% opina lo mismo sobre la mala conducta de las autoridades migratorias federales, según una encuesta de la Colorado Health Foundation citada por Colorado Newsline.
¿Cómo se conecta esto con lo que ya pasa con ICE en Colorado?
Colorado llega a esta votación en medio de otras fricciones con el gobierno federal por el mismo tema. La ciudad de Denver, de hecho, presentó una demanda para impedir que agentes de ICE ingresen armados a los centros de votación durante las elecciones de medio término del propio 3 de noviembre, después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señalara que sus agentes podrían acudir a esos sitios.
La Enmienda 81 iría, además, en la dirección contraria a la que ha tomado la mayoría de las policías locales del país bajo la administración Trump, que ha usado entrenamiento gratuito y fondos federales para sumar cada vez más agencias al programa 287(g), que delega funciones de agente migratorio a policías ordinarios.
En Colorado, ese programa apenas tiene presencia, pues solo una agencia en todo el estado mantiene un convenio 287(g) vigente, y hasta ese quedó recortado por una demanda de la ACLU que le impide detener a personas por cuenta de ICE, de acuerdo con Colorado Times Recorder.
La Asociación de Jefes de Policía de Colorado se declaró neutral ante la Enmienda 81, mientras que la asociación de sheriffs del estado no ha tomado postura sobre ninguna medida de la boleta, según Colorado Newsline.
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