Entrenamiento gratis y fondos federales: así trata de convencer ICE para que más policías locales se les unan

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha intensificado su ofensiva para sumar a más policías estatales y locales a su programa 287(g), la figura legal que delega funciones de agente migratorio a oficiales que normalmente solo hacen trabajo policial ordinario, ofreciendo entrenamiento gratuito y acceso a fondos federales a cambio de que los departamentos firmen un convenio de colaboración, de acuerdo con la propia agencia.
En su propia página oficial, ICE incluye una sección dirigida a los oficiales, titulada “¿Cómo puedo convencer a mi jefe o sheriff de participar en 287(g)?”, con material descargable que funciona como argumento de venta interno.
El programa ha crecido con fuerza bajo la administración Trump, pues hasta los primeros días de septiembre de 2026, ICE ha firmado 2 mil 485 memorandos de acuerdo con agencias policiales en 39 estados y dos territorios de Estados Unidos, de acuerdo con ICE.
La expansión responde a la Orden Ejecutiva 14159, firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, que exige a la agencia autorizar a policías estatales y locales bajo el 287(g) “hasta el máximo grado permitido por la ley”.
¿Qué le ofrece ICE a cambio de que una agencia se una?
El primer gancho de ICE es económico, pues la agencia cubre por completo el costo de entrenar a los oficiales nominados por sus departamentos, según su propia página oficial del programa. Los agentes locales que participan no pagan nada por la capacitación, que corre enteramente a cargo de ICE, sin importar cuál de los tres modelos del programa elija la agencia.
El segundo incentivo es el acceso a dinero federal adicional, aunque con un matiz importante. ICE menciona en su misma página que las agencias “pueden ser elegibles” para el Programa de Asistencia Estatal para Extranjeros Criminales (SCAAP), un fondo del Departamento de Justicia que reembolsa a estados y municipios los costos de encarcelar a inmigrantes con causas penales.
Pese a lo anterior, aclara que ese programa “es completamente independiente” del 287(g), aunque lo presenta como parte del mismo paquete de beneficios para reclutar agencias, de acuerdo con ICE.
Hay un tercer incentivo, todavía en fase de propuesta: un seguro subsidiado contra demandas para los agentes del 287(g). Según un documento interno de planificación citado por The Associated Press, ICE plantea reembolsar hasta 250 dólares al año por oficial para que contrate una póliza de responsabilidad civil, con una cobertura de hasta 500 mil dólares para gastos legales derivados de su actuación en operativos migratorios.
La propuesta busca resolver uno de los principales obstáculos para que más departamentos se sumen: el riesgo de demandas por uso excesivo de la fuerza o detenciones indebidas, un costo que en el condado de Butler, por ejemplo, ya representa 20 mil dólares anuales para asegurar a 13 agentes.
¿Cómo se ve ese dinero federal en la práctica?
El caso de Florida muestra en cifras concretas lo que puede significar sumarse al programa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregó 13.6 millones de dólares en fondos federales al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos de Motor de Florida (FLHSMV) para expandir su participación en el modelo de Fuerza de Tarea del 287(g), de acuerdo con WFLA.
Ese dinero forma parte de una bolsa mucho mayor: el Congreso aprobó esta primavera cerca de 70 mil millones de dólares adicionales para ICE y la Patrulla Fronteriza mediante el proyecto de ley S.2, de los cuales 38 mil 200 millones de dólares están destinados, entre otras cosas, a ampliar precisamente los acuerdos 287(g) con policías locales y estatales, según un análisis del American Immigration Council.
Ese dinero no llega como un cheque genérico, sino con reglas específicas de uso, según detalló la propia agencia estatal a WFLA:
- 7,500 dólares por cada oficial de la Fuerza de Tarea entrenado federalmente, destinados a comprar equipo esencial
- 100,000 dólares por cada acuerdo operativo, para adquirir vehículos dedicados a misiones de control migratorio
Desde marzo de 2025, los oficiales de la Patrulla de Caminos de Florida (FHP) han arrestado a más de 4 mil 900 personas en situación migratoria irregular bajo este esquema, casi 900 de ellas con antecedentes penales, de acuerdo con WFLA.
¿Cómo funciona el programa y qué tan grande es ya?
El 287(g) no es un solo tipo de acuerdo, sino tres modelos distintos que ICE ofrece a las agencias interesadas, según su propia página oficial:
- Modelo de Cumplimiento en Cárceles (JEM): permite identificar y procesar a personas con cargos penales activos dentro de centros de detención
- Modelo de Fuerza de Tarea (TFM): autoriza a los oficiales a ejercer funciones migratorias limitadas mientras realizan trabajo policial rutinario
- Modelo de Oficial de Servicio de Órdenes (WSO): permite ejecutar órdenes administrativas de arresto contra personas ya bajo custodia
La cantidad de agencias que ya participan es considerable, pues según ICE, hay 180 agencias bajo el modelo de cárceles en 30 estados y un territorio, 549 agencias bajo el modelo de órdenes de arresto en 33 estados, y mil 756 agencias bajo el modelo de fuerza de tarea en 33 estados y dos territorios.
¿Qué advierte la ACLU y qué ha pasado en la práctica?
La organización ACLU documentó en su reporte “Deputized for Disaster” que 77.2 millones de personas —32% de la población del país— ya viven en un condado con al menos una agencia policial enlistada en el 287(g). La organización sostiene que, para septiembre de 2025, el gobierno había entrenado o estaba entrenando a más de 10 mil oficiales bajo el modelo de aplicación callejera del programa, “propenso al abuso”, de acuerdo con ACLU.
El reporte también señala que ICE ha reducido los requisitos de entrenamiento para sus propios agentes mientras expande el programa aceleradamente. La iniciativa ya se ha extendido más allá de las policías tradicionales, pues la Guardia Nacional de varios estados y agencias como la Oficina del Fiscal de Incendios de Luisiana o el Departamento de Protección Ambiental de Florida también se han sumado a acuerdos de este tipo, de acuerdo con ACLU.
Uno de los operativos más documentados bajo este tipo de colaboración ocurrió en octubre de 2025 en Wilder, Idaho, cuando cerca de 200 agentes de ICE, el FBI y policías locales irrumpieron con vehículos blindados en un hipódromo popular entre la comunidad de habla hispana y detuvieron temporalmente a cientos de asistentes. De estos 105 fueron confirmados como indocumentados y trasladados a centros de detención, mientras que otras 375 personas —muchas de ellas ciudadanas estadounidenses— fueron liberadas tras comprobar su estatus migratorio, de acuerdo con CBS News.
¿Qué dijo la gente?
Entre las liberadas estuvo SueHey Romero, una ciudadana estadounidense de 14 años que, según contó a CBS News, fue esposada con cinchos de plástico mientras cuidaba a sus hermanos menores: “estoy ahí llorando, como que no puedo ni respirar, ni siquiera puedo sacar las palabras”, relató.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que se hubiera esposado a menores. Su vocera, Trisha McLaughlin, dijo a CBS News que “ICE no esposa ni sujeta con cinchos a niños” y calificó las denuncias como “retórica basura”.
Sin embargo, el Departamento de Policía de Caldwell, que participó en el operativo, reconoció después en un comunicado que sí se había sujetado con cinchos a menores, y tres familias presentaron una demanda de derechos civiles con el respaldo de la ACLU por el trato recibido, de acuerdo con CBS News.
No toda la reacción ha sido de expansión, pues Nueva York le ordenó a 12 agencias policiales locales terminar sus convenios 287(g) con ICE a partir del 25 de agosto de 2026, luego de que la gobernadora Kathy Hochul firmara la Local Cops, Local Crimes Act, según anunció la Oficina de Confianza del Inmigrante del estado de Nueva York.
La ley prohíbe además que cualquier agencia del estado firme, renueve o extienda un convenio de este tipo en el futuro.
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