El gobierno de Trump oficializa su ofensiva para quitar la ciudadanía a naturalizados con revisión incluida a sus familiares
El gobierno de Donald Trump reorganizó las reglas internas que usa Estados Unidos para quitarle la ciudadanía a personas naturalizadas, y por primera vez dejó por escrito que esa revisión puede extenderse a los trámites migratorios que esas personas hayan gestionado a nombre de sus familiares, afectando su estatus migratorio, de acuerdo con la actualización de su Manual de Políticas publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
La instrucción llega en medio de una ofensiva del Departamento de Justicia y USCIS para elevar de forma drástica el número de casos de desnaturalización, un proceso legal que históricamente se ha usado muy poco porque exige probar ante una corte federal que la ciudadanía se obtuvo de forma ilegal o mediante fraude.
Documentos oficiales y datos de organizaciones que monitorean las cortes federales muestran que el ritmo de estos casos se disparó a lo largo de 2026, mientras exfuncionarios y centros de investigación sobre migración advierten sobre el riesgo de convertir la revocación de ciudadanía en una herramienta política contra comunidades enteras de inmigrantes.
¿Qué cambia con la nueva guía de USCIS?
La agencia publicó, el pasado 14 de septiembre, una actualización de su Manual de Políticas bajo la sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la norma que regula cómo se le puede quitar la ciudadanía a alguien que ya la obtuvo.
El documento le cambió el nombre a la sección que regula estos casos, de “Revocación de Naturalización” a “Pérdida de la Nacionalidad Estadounidense y Revocación de Naturalización”, y reorganiza los criterios que usan los oficiales para decidir qué casos se priorizan y se envían al Departamento de Justicia.
Según el propio documento, publicado por USCIS, la actualización no modifica las razones legales por las que alguien puede perder la ciudadanía —esas siguen siendo las mismas de siempre: haberla obtenido de forma ilegal o haber mentido u ocultado información importante durante el trámite—.
Lo que cambia es la forma en que la agencia organiza y prioriza esos casos internamente, algo que la administración enmarca dentro de su agenda migratoria vigente desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025.
Esta reorganización se suma a otro ajuste reciente en el mismo manual: desde agosto, USCIS también retomó las investigaciones de vecindario para evaluar a quienes piden la ciudadanía por primera vez, una práctica que llevaba 35 años sin aplicarse de forma sistemática.
¿Cómo entran los familiares en la revisión?
El punto que más preocupa a organizaciones de migración es otro. La guía afirma que, una vez que a alguien se le revoca la ciudadanía, USCIS puede revisar cualquier trámite migratorio pendiente o ya aprobado que esa persona haya presentado a nombre de un familiar, para evaluar si ese familiar realmente era —o sigue siendo— elegible para el beneficio que recibió.
En términos prácticos, esto significa que una persona naturalizada que años atrás tramitó la residencia o una visa para su esposo, esposa o hijos podría ver esos trámites reabiertos si, más adelante, un tribunal le revoca la ciudadanía.
Esto es distinto de otra regla que ya existía antes de esta guía: la ley federal establece que, en casos específicos de fraude o mentira intencional, un hijo o cónyuge que obtuvo la ciudadanía a través de la naturalización de esa persona también puede perderla de forma automática, según establece el propio Código de Estados Unidos.
La novedad del 14 de septiembre no toca esa ley —sigue vigente tal cual—, sino que ordena revisar activamente los trámites de inmigración que la persona desnaturalizada haya gestionado para parientes, sin importar si se trata de otra ciudadanía o de un beneficio migratorio distinto, como una Green Card o una visa familiar.
Entre quienes podrían verse alcanzados por esta revisión están:
- Cónyuges o hijos que obtuvieron una green card o visa gracias a una petición familiar presentada por la persona naturalizada
- Familiares cuyo trámite migratorio sigue pendiente de resolución en USCIS
- Familiares que ya recibieron el beneficio migratorio, pero cuyo expediente puede reabrirse para confirmar que cumplían los requisitos
¿Por qué se acelera esto justo en 2026?
La guía de USCIS no aparece de forma aislada. Una instrucción interna filtrada a finales de 2025 le pidió a las oficinas de la agencia remitir entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes al Departamento de Justicia durante el año fiscal 2026, según confirmó Reuters. Esa meta, de cumplirse, representaría hasta 2,400 casos al año, muy por encima de cualquier periodo anterior.
De acuerdo con el National Immigration Forum, entre 1990 y 2017 Estados Unidos presentó apenas 305 casos de desnaturalización en total, un promedio de 11 casos al año.
La investigación de Irina Manta, profesora de Derecho en la Universidad de Hofstra que mantiene una base de datos propia sobre estos casos, encontró que ese promedio subió a 42 casos al año durante el primer gobierno de Trump y bajó a 16 casos al año bajo Joe Biden:
- 1990-2017: 11 casos de denaturalización al año en promedio
- Primer gobierno de Trump (2017-2021): 42 casos al año en promedio
- Gobierno de Biden (2021-2025): 16 casos al año en promedio
- Meta fijada para 2026: hasta 200 casos al mes, es decir, hasta 2,400 al año
¿Qué dice el gobierno de Trump?
El propio Departamento de Justicia ha confirmado el ritmo acelerado. En un comunicado conjunto con USCIS fechado el 11 de agosto de 2026, la dependencia reportó que había presentado 123 demandas civiles de desnaturalización desde el 20 de enero de 2025 —fecha en que Trump asumió el cargo— hasta ese momento, y llamó a un grupo de 25 casos anunciados ese mes “el esfuerzo de desnaturalización más grande” en la historia de esa oficina.
De forma independiente, la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, contabilizó al menos 105 demandas civiles de desnaturalización solo en los primeros siete meses de 2026, con un récord de 50 casos presentados en julio, el mes con más de naturalizaciones registrado desde que existen estos conteos.
Las voces que piden cautela
No todos ven la escalada con buenos ojos. Según cifras que recoge el Instituto de Política Migratoria (MPI), un centro de investigación no partidista especializado en migración, el gobierno ya había identificado 384 posibles casos de desnaturalización para abril de 2026 y había presentado cargos contra al menos 39 personas para junio de ese año.
Quienes critican la campaña, citados en el mismo análisis del MPI, advierten que su efecto más inmediato no son necesariamente las sentencias que se ganen en corte, sino el miedo que genera entre millones de personas que asumían que naturalizarse era el paso final e irreversible para asentarse en Estados Unidos.
Desnaturalizar a alguien sigue sin ser un trámite administrativo: solo un juez federal puede ordenarlo, después de que el Departamento de Justicia presente una demanda formal y pruebe su caso con un estándar de evidencia alto.
Ese proceso puede tomar años, tan largos como los que ya enfrenta cualquier persona que solicita la ciudadanía por primera vez, cuyo trámite de naturalización ya implica pagar hasta 760 dólares y esperar años de resolución —y la persona conserva el derecho a defenderse en corte antes de que cualquier revisión, la suya o la de sus familiares, se vuelva definitiva—.
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