Un perdón de última hora salva a inmigrantes detenidos de la Corte Suprema
Un indulto otorgado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, sacó a un inmigrante detenido de la mira de la Corte Suprema de Estados Unidos. La gracia, firmada apenas 3 días antes de que venciera el plazo para el escrito de fondo del caso, borró la condena por delito grave que sostenía el proceso de deportación de Keisy G.M. y, con ella, la autoridad legal para mantenerlo detenido, según consta en la carta que el propio gobierno envió a la Corte Suprema para notificar la desestimación del caso.
G.M. es un residente permanente legal que, de acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), pasó 21 meses detenido por el Servicio de Control de Inmigraicón y Aduanas (ICE) sin audiencia de fianza mientras la Corte Suprema debía resolver si ese tipo de detenciones prolongadas viola el debido proceso. Ese debate quedó fuera de la agenda del máximo tribunal antes de que los jueces alcanzaran a pronunciarse.
El expediente, identificado como Genalo vs Black, había sido aceptado por la Corte Suprema el 15 de junio de 2026, con argumento oral programado para el 13 de octubre. El gobierno de Donald Trump defendía que ICE puede mantener detenido, sin límite de tiempo, a un inmigrante con antecedentes penales mientras avanza su proceso de deportación, una postura que el Segundo Circuito había rechazado en una instancia anterior.
Esa derrota del gobierno en la corte de apelaciones sigue vigente pese al indulto, y el propio Departamento de Justicia reconoció en su escrito a la Corte Suprema que buscará otro caso similar para volver a plantear el tema.
¿Qué iba a decidir la Corte Suprema sobre la detención prolongada de inmigrantes?
La disputa giraba en torno a una práctica de ICE: mantener detenidos, sin posibilidad de fianza, a inmigrantes con ciertos antecedentes penales mientras se resuelve si serán deportados.
Esa regla está contenida en la sección 1226(c) de la ley migratoria federal y no fija ningún límite máximo de tiempo para la detención. Los abogados de G.M., encabezados por la ACLU, argumentaban que mantener a alguien recluido durante meses o años sin que un juez revise el caso viola la garantía constitucional del debido proceso.
De acuerdo con el expediente público del caso, la Corte Suprema había aceptado revisar dos preguntas concretas:
- Si existe un punto en el que la detención de un inmigrante bajo la sección 1226(c) se vuelve tan prolongada que el debido proceso exige una audiencia de fianza
- Si, en esa audiencia, le corresponde al gobierno probar con evidencia clara y contundente que la persona debe seguir detenida
El Segundo Circuito, la corte de apelaciones que atendió el caso antes de llegar a Washington, había fallado a favor de los inmigrantes en ambos puntos: determinó que sí existe un límite para la detención sin fianza y que le toca al gobierno justificar por qué debe continuar. Esa decisión es la que el gobierno de Trump buscaba revertir ante la Corte Suprema.
¿Qué pasó con el indulto de Kathy Hochul y por qué cambió todo?
El indulto que la gobernadora Hochul firmó el 11 de septiembre de 2026 fue, de acuerdo con la carta que el gobierno envió a la Corte Suprema, un indulto total e incondicional sobre la condena por delito grave de G.M.
Con la condena fuera del expediente, ICE se quedó sin la autoridad legal para mantenerlo detenido bajo la sección 1226(c), y ambas partes pidieron a la Corte dar por terminado el caso, en lugar de que el gobierno buscara anular la sentencia favorable del Segundo Circuito, una opción que sí tenía disponible.
“G.M. pasó 21 meses encerrado por ICE, separado de su familia y su comunidad, sin que nadie considerara si en verdad representaba un peligro o un riesgo de fuga”, declaró el abogado Amit Jain, del MacArthur Justice Center, coautor de la defensa junto con la ACLU, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y el despacho Hecker Fink.
Al terminar el caso por esta vía, la decisión del Segundo Circuito quedó vigente, aunque limitada a la jurisdicción de ese tribunal, que cubre Connecticut, Nueva York y Vermont, según información oficial del propio circuito. Las cortes de otros estados pueden seguir interpretando la sección 1226(c) de manera distinta mientras la Corte Suprema no tome una decisión que aplique a todo el país.
¿Qué sigue para otros inmigrantes detenidos sin audiencia de fianza en EE. UU.?
La salida de este caso no cierra el debate. El propio gobierno adelantó, en su escrito a la Corte, que buscará que otro expediente con un planteamiento similar llegue a los jueces durante el próximo periodo de sesiones, que arranca en octubre. Esa insistencia responde a que la Corte Suprema todavía tiene pendientes otras decisiones migratorias relevantes, como la que definirá el futuro del programa de protección temporal para varios países.
Mientras eso ocurre, la pregunta de cuánto puede tardar la justicia en revisar si una detención migratoria fue correcta sigue sin una respuesta uniforme en todo el país.
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