Kansas se suma a la ola: cae otra ley de matrícula estatal para indocumentados, y el gobierno va por más estados
Kansas se convirtió en el sexto estado en perder, por la vía judicial, su ley de colegiatura estatal para estudiantes universitarios sin estatus migratorio legal. Un juez federal tumbó la norma el 9 de septiembre de 2026, después de que el propio gobierno estatal aceptara meses antes no defenderla ante una demanda del Departamento de Justicia.
Se trata de la House Bill 2145, aprobada en 2004 según el rastreador de Presidents’ Alliance, que daba la tarifa de colegiatura local a extranjeros que mantenían residencia en Kansas sin importar su estatus migratorio.
El caso de Kansas no es aislado, sino parte de una campaña federal que en poco más de un año llevó al gobierno a demandar o negociar acuerdos con 25 jurisdicciones distintas por ofrecer beneficios de colegiatura a inmigrantes sin estatus legal.
El subprocurador general Stanley Woodward Jr. dijo que “por décadas, la legislatura de Kansas dio trato preferencial a extranjeros ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses.” Apenas unos días antes del fallo de Kansas, el gobierno había anunciado que su ofensiva legal alcanzó a todos los estados del país que aún mantenían este tipo de ley.
La orden judicial de Kansas impide ahora que las universidades públicas del estado sigan cobrando esa tarifa reducida a estudiantes sin estatus legal, quienes ahora tendrían que pagar la colegiatura de fuera de estado, mucho más alta. La resolución también añade una nueva “victoria” a la ofensiva federal, la cual pone en riesgo los programas estatales de este tipo que sobreviven todavía y por cuánto tiempo más.
¿Qué decía la ley de Kansas y por qué la tumbó un juez federal?
De acuerdo con el Departamento de Justicia, la ley de Kansas violaba la ley federal porque daba un beneficio educativo a inmigrantes sin estatus legal que no estaba disponible, en las mismas condiciones, para un ciudadano estadounidense de otro estado.
Un joven de Nueva York o California que quisiera estudiar en una universidad pública de Kansas debía pagar la colegiatura de fuera de estado, mientras que un residente de Kansas sin papeles pagaba la tarifa local.
En lugar de llevar el caso a juicio, el gobierno de Kansas firmó en junio de 2026 un acuerdo con el Departamento de Justicia en el que aceptó dejar de aplicar la ley. El mismo comunicado señaló que “tres demandas similares en Texas, Kentucky, Oklahoma y Nebraska ya habían terminado en órdenes judiciales que prohíben de forma permanente y declaran inconstitucionales leyes parecidas.” El fallo del 9 de septiembre solo convirtió ese acuerdo de junio en una orden judicial firme.
¿Cómo llegó el gobierno federal a demandar a 25 estados por sus leyes de colegiatura?
La campaña arrancó en el verano de 2025, cuando el Departamento de Justicia presentó su primera demanda contra Texas. Según el American Immigration Council, Texas fue el primer estado del país en aprobar colegiatura estatal para indocumentados, en 2001, 25 años antes de esta ofensiva legal.
Según Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, la ofensiva se desprende de una orden ejecutiva de abril de 2025 que instruyó a las agencias federales a identificar beneficios estatales que, a su juicio, favorecieran a inmigrantes sin papeles sobre ciudadanos estadounidenses.
Desde entonces, el mismo patrón se ha repetido estado por estado: el gobierno demanda, la administración estatal negocia un acuerdo o pierde el caso en corte, y la ley deja de aplicarse. Estas son las jurisdicciones donde esa secuencia ya se completó, según ha detallado el Departamento de Justicia en sus comunicados.
- Texas, la primera demanda de todas, presentada en junio de 2025.
- Kentucky, con un acuerdo de conciliación firmado en 2026 que hoy está en apelación.
- Oklahoma, con una orden judicial de agosto de 2025.
- Nebraska, incluido por el Departamento de Justicia entre los casos ya resueltos.
- Illinois, donde una corte declaró la ley inconstitucional en julio de 2026.
- Kansas, el más reciente, confirmado el 9 de septiembre de 2026.
Florida no aparece en esa lista porque eliminó su propio programa por decisión propia en febrero de 2025, sin que mediara ninguna demanda, y después fue más allá al prohibir que estudiantes indocumentados entren a sus universidades públicas más selectivas.
¿Qué estados siguen en la mira y qué cambia entre uno y otro?
Con las demandas más recientes —presentadas el 10 de septiembre contra Hawái, Washington D.C., Arkansas y Utah—, el Departamento de Justicia completó lo que llamó una cobertura total. El subprocurador general Woodward lo resumió así: “no más colocar a extranjeros ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses bajo la vigilancia de este Departamento de Justicia.”
Estas son las jurisdicciones que, según el mismo comunicado, todavía tienen su caso abierto en los tribunales.
- Minnesota, California, Virginia, Nueva Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Colorado, Nueva York, Connecticut y Vermont
- Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington
- Hawái, Washington D.C., Arkansas y Utah
¿Qué programas estatales siguen vigentes para estudiantes inmigrantes?
En Nueva York, por ejemplo, el Programa Excelsior da colegiatura gratuita en universidades públicas a inmigrantes sin estatus legal que cursaron al menos 2 años de high school en el estado, bajo la llamada DREAM Act neoyorquina.
En California, el sistema universitario público no solo cobra tarifa local a estudiantes indocumentados, sino que además les da acceso a ayuda financiera estatal, un beneficio que hasta hace poco ni siquiera incluía el derecho a trabajar dentro de los campus.
Esta ofensiva legal es distinta de la protección que sigue vigente para la educación básica. La Corte Suprema estableció desde 1982, en el caso Plyler contra Doe, que ningún niño puede quedarse sin escuela pública por su estatus migratorio, y esa garantía no forma parte de las demandas del Departamento de Justicia.
Lo que está en juego en estos 19 casos pendientes es solo la tarifa de colegiatura universitaria y, en algunos estados, el acceso a becas y ayuda financiera, beneficios que dependen de leyes estatales y no de un derecho constitucional.
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