Qué multas y cargos deben pagar las personas que han sido deportadas de Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos busca contratar a una empresa privada para localizar, dentro de México, Honduras y Guatemala, a personas que ya fueron deportadas y todavía deben una multa migratoria.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicó el aviso de contratación el martes 4 de agosto de 2026, con instrucciones para que los investigadores toquen la puerta de cada deudor y le entreguen en mano un aviso impreso con el monto exacto que debe pagar.
¿Cómo planea el gobierno cobrarles a quienes ya fueron deportados?
Según el propio documento de licitación, cerca de 66 mil 387 personas deportadas deben en conjunto 423 millones de dólares en multas, cargos y otras deudas pendientes, una cifra registrada hasta julio de 2026.
El pago a la empresa que gane el contrato no sería un monto fijo, sino por resultados: la hoja de precios muestra que CBP pagaría una tarifa por cada persona que el contratista logre contactar y verificar correctamente, más un bono si documenta esa verificación en 7, 14 o 28 días naturales desde que la agencia le entrega los datos del objetivo. El contrato tendría una duración estimada de dos años, del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2028.
El trabajo del contratista no terminaría con la entrega del aviso. El documento oficial de la licitación le exige también “facilitar una resolución” del caso, que puede ser el pago completo de la deuda, un acuerdo para pagarla a plazos, u otra forma de cerrarlo. El pago, aclara el mismo documento, puede hacerlo la propia persona deportada o alguien más en su nombre, siempre a través de pay.gov, el portal oficial del gobierno.
Los problemas con el pago de la deuda
CBP ya le paga a tres agencias de cobranza privadas para perseguir esa deuda dentro de Estados Unidos, pero hasta julio de 2026 ninguna había logrado ubicar a una sola persona fuera del país, y la agencia no cuenta con cobradores propios en el extranjero. Ese vacío es, de acuerdo con la misma revisión del aviso, la razón detrás de esta nueva licitación, aunque CBP no ha dicho cuántas empresas piensa contratar ni si finalmente asignará el contrato.
El proceso de cobro tiene, sin embargo, un obstáculo práctico. El documento exige que el pago se haga a través de pay.gov, el portal oficial del gobierno, lo que requiere una cuenta bancaria en Estados Unidos. Un informe de Human Rights Watch sobre personas cubanas y de otras nacionalidades deportadas a México documentó que, en la mayoría de los casos entrevistados, las autoridades migratorias de EE. UU. confiscaron los teléfonos, las carteras y los documentos de identidad de las personas antes de deportarlas, lo que después les dificultó el acceso a sus propias cuentas y aplicaciones bancarias.
¿Cuánto cobra el gobierno de EE. UU. por día de incumplimiento?
Esa deuda de 423 millones no salió de la nada. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó en un comunicado que las multas civiles impuestas a personas migrantes que no abandonaron el país tras una orden de deportación ya suman, a nivel nacional, más de 84 mil millones de dólares, repartidos entre más de 103 mil personas multadas desde el inicio de la actual administración Trump.
La multa más común aplica a quienes reciben una orden final de deportación y no salen del país por su cuenta. Según DHS, esa sanción asciende a 998 dólares por cada día que la persona permanece en territorio estadounidense después de la fecha límite, un monto que en 1996 arrancó en 500 dólares y que desde entonces se ha ajustado por inflación.
Esa multa existe en la ley migratoria desde 1996, pero el gobierno no la aplicó sino hasta 2017, durante el primer gobierno de Trump. La administración de Joe Biden la suspendió por completo en 2021, según el Registro Federal, y el gobierno actual la retomó desde enero de 2025, al arrancar su segundo mandato.
Procesos cada vez más cortos y limitados
En junio de ese año, DHS eliminó además el periodo de aviso de 30 días antes de emitir una multa y acortó el proceso para quienes quieren apelarla: ahora el trámite lo resuelve directamente un funcionario de la propia agencia, y no la Junta de Apelaciones de Inmigración como ocurría antes.
“Bajo el presidente Trump y el secretario Mullin, DHS está trabajando más rápido que nunca para sacar de nuestro país a los inmigrantes criminales”, declaró la subsecretaria Lauren Bis. “Nuestro mensaje para los inmigrantes ilegales es claro: váyanse ahora. Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias, incluidas multas, arresto y deportación.”
Existe una salida para quienes todavía están en EE. UU. y quieren evitar que la deuda siga creciendo. Quienes optan por salir del país de manera voluntaria a través de la aplicación CBP Home pueden solicitar un pago de 2 mil 600 dólares y un boleto de avión gratuito, e incluso pedir que se les condonen las multas pendientes, de acuerdo con el mismo comunicado.
¿Cómo saber si tienes una multa migratoria pendiente?
Existen formas de revisar si hay una multa o algún otro problema pendiente en el expediente migratorio sin necesidad de pagar por una consulta legal. Estas son las opciones disponibles hoy:
- Número de recibo de USCIS: si el trámite está ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, se puede rastrear con el número de 13 caracteres que aparece en las notificaciones oficiales, en línea o llamando al Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS.
- Sistema EOIR: si el caso ya está ante una corte de inmigración, se puede consultar llamando al 1-800-898-7180 con el Número A asignado a la persona.
- Plataforma I-94 de CBP: permite revisar, mediante la función “Ver cumplimiento”, si sigue vigente el tiempo autorizado de estancia.
- Portal FOIA de USCIS: sirve para solicitar una copia completa del expediente migratorio, incluidas detenciones u órdenes anteriores que no siempre aparecen en las consultas habituales.
Mientras el gobierno endurece la forma de perseguir estas deudas, tanto dentro como fuera de EE. UU., especialistas en migración insisten en que ignorar una notificación de multa rara vez es la mejor opción. Conocer los propios derechos frente a cualquier contacto con autoridades migratorias, por ejemplo qué puede exigir ver una familia antes de abrir la puerta a un agente, puede evitar que un problema económico se convierta en uno legal todavía más grave.
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