ICE ya suma 2 mil 510 acuerdos con policías locales: este es el mapa en EE. UU.
La presencia de ICE ya no se limita a los agentes federales que realizan operaciones migratorias. Miles de policías y funcionarios de agencias estatales y locales tienen acuerdos con la agencia para ejercer determinadas funciones migratorias. Al 15 de septiembre de 2026, ICE contabiliza 2, mil 510 Memorandos de Acuerdo bajo el programa 287(g), distribuidos en 39 estados y dos territorios de Estados Unidos. Para una familia latina, saber si la oficina del sheriff de su condado participa puede ser un dato importante.
Y hay algo que puede generar confusión: tener un acuerdo 287(g) no significa que todos los policías de una ciudad o condado tengan automáticamente las mismas facultades migratorias. El alcance depende del modelo firmado y de la agencia que participa.
¿Qué es el programa 287(g) de ICE y por qué importa a los latinos?
El programa 287(g) tiene su origen en una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad incorporada en 1996. Esa sección permite que ICE delegue determinadas funciones de aplicación de las leyes migratorias a agentes de policías estatales, locales o tribales.
Los oficiales que participan reciben capacitación y trabajan bajo la dirección y supervisión de ICE. La propia agencia explica que estos acuerdos permiten identificar a personas consideradas sujetas a expulsión mientras están bajo custodia estatal o local y, cuando corresponde, transferirlas posteriormente a custodia federal.
ICE presenta el programa como una herramienta para colaborar con las autoridades locales en la identificación y expulsión de personas que, según la agencia, tienen antecedentes criminales y son susceptibles de ser removidas de Estados Unidos.
Pero para las comunidades inmigrantes la pregunta práctica es otra: ¿qué puede hacer realmente la policía de mi zona y mi sheriff tiene un acuerdo con ICE?
Ahí es donde el mapa y el listado de agencias adquieren importancia.
¿Cuántos acuerdos 287(g) tiene ICE en Estados Unidos?
La cifra ha crecido de manera considerable.
Un registro del 14 de septiembre de 2026 contabilizaba 2 mil 506 memorandos de acuerdo activos en 39 estados y dos territorios. Sin embargo, la actualización publicada por ICE el 15 de septiembre elevó el total a 2 mil 510. La agencia reporta ahora:
- 179 acuerdos bajo el Jail Enforcement Model, en 30 estados y un territorio
- 553 acuerdos bajo el Warrant Service Officer, en 33 estados
- mil 778 acuerdos bajo el Task Force Model, en 33 estados y dos territorios
La diferencia entre los modelos no es un detalle menor. Cada uno establece un tipo distinto de colaboración entre ICE y las autoridades locales.
La información oficial de ICE señala que los acuerdos se formalizan mediante Memorandos de Acuerdo y que las agencias locales interesadas deben designar a los oficiales que participarán. Esos agentes deben cumplir requisitos de elegibilidad y completar la capacitación correspondiente antes de ejercer las funciones contempladas en el acuerdo.
¿Qué puede hacer un policía local que participa en 287(g)?
Depende del modelo.
El Jail Enforcement Model, conocido como JEM, está enfocado en las cárceles. Permite que funcionarios designados por ICE identifiquen y procesen a personas que están bajo custodia local y que podrían estar sujetas a procedimientos migratorios.
El Task Force Model, o TFM, funciona de otra manera. Los agentes designados pueden ejercer determinadas funciones migratorias mientras realizan labores policiales habituales o participan en grupos de trabajo dirigidos por ICE.
El tercer esquema es el Warrant Service Officer, conocido como WSO. En este caso, los funcionarios locales pueden recibir capacitación para notificar y ejecutar determinadas órdenes administrativas migratorias contra personas que están bajo custodia.
Por eso, decir simplemente que “un sheriff trabaja con ICE” puede quedarse corto. La pregunta correcta es qué agencia tiene el acuerdo y bajo qué modelo está firmado.
¿Qué estados tienen acuerdos de colaboración con ICE?
ICE señala que sus acuerdos 287(g) están presentes en 39 estados y dos territorios.
El listado proporcionado por la agencia incluye:
- Florida
- Texas
- Tennessee
- Pensilvania
- Alabama
- Georgia
- Missouri
- Arkansas
- Carolina del Sur
- Oklahoma
- Kentucky
- Louisiana
- Carolina del Norte
- Virginia
- Kansas
- West Virginia
- Wisconsin
- Indiana
- Mississippi
- Ohio
- Utah
- Nueva York
- Nuevo Hampshire
- Wyoming
- Dakota del Norte
- Idaho
- Arizona
- Minnesota
- Maryland
- Dakota del Sur
- Michigan
- Nebraska
- Nevada
- Montana
- Alaska
- Iowa
- Colorado
- Nuevo México
- Massachusetts
El listado es útil, pero tiene una limitación que vale la pena explicar: estar en la lista de estados no significa que cada policía o cada sheriff de ese estado participe en 287(g).
La participación corresponde a agencias concretas.
Por eso, si una persona vive en Texas, por ejemplo, no basta con saber que Texas tiene acuerdos. Lo que debe buscar es el nombre de la oficina del sheriff, departamento de policía o agencia estatal que corresponde a su zona.
¿Texas y Florida son los estados con más acuerdos con ICE?
Los datos difundidos a partir del registro de ICE colocan a Texas y Florida entre los estados con mayor número de agencias participantes.
Texas aparece con más de 420 acuerdos en los datos citados en el material de esta nota, mientras Florida ronda los 350. Arkansas aparece también entre los estados con una cantidad elevada, con más de 100 convenios. Georgia, Tennessee, Oklahoma y Pensilvania también figuran entre los estados con una presencia importante.
En Florida, además, la colaboración no se ha limitado a acuerdos aislados entre una oficina del sheriff y ICE.
El gobierno estatal ha impulsado activamente la participación en el programa. En febrero de 2025, el gobernador Ron DeSantis anunció acuerdos adicionales que involucraban al Florida Department of Law Enforcement, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission y la Florida State Guard. El anuncio explicó que esos agentes serían capacitados y aprobados por ICE para desempeñar funciones específicas de aplicación migratoria.
Para junio de 2026, el gobierno de Florida afirmaba que el estado tenía más agentes de aplicación de la ley bajo 287(g) que cualquier otro estado del país.
El gobierno estatal también ha promovido operaciones de aplicación migratoria en coordinación con autoridades federales. En enero de 2026, Florida informó que la denominada Operation Tidal Wave había superado las 10,000 detenciones y señaló la participación de numerosas oficinas de sheriff. Esas cifras y la caracterización de los resultados corresponden al gobierno de Florida.
En Texas, el gobierno estatal también ha convertido la cooperación con ICE en una política prioritaria. Una legislación firmada durante la administración del gobernador Greg Abbott estableció que los sheriffs de condados que operan cárceles deben solicitar y, si ICE ofrece el acuerdo, entrar en un convenio 287(g).
El propio gobierno de Texas señala entre los resultados de la sesión legislativa de 2025 el requisito de que los condados con cárceles ayuden a ICE.
Eso explica por qué el mapa de Texas merece una atención especial: no se trata únicamente de decisiones individuales de determinados sheriffs.
¿Qué estados están intentando limitar la colaboración con ICE?
El mapa nacional también muestra la otra cara de la expansión de 287(g): estados que están intentando limitar o impedir que sus policías locales participen en estos convenios.
Nueva York es uno de los ejemplos más claros.
La gobernadora Kathy Hochul firmó el Local Cops, Local Crimes Act, una legislación que prohíbe a los gobiernos y agencias locales entrar o permanecer en acuerdos 287(g) con ICE. La nueva legislación estableció que los acuerdos existentes debían terminar antes del 25 de agosto de 2026.
El conflicto, sin embargo, no terminó con la fecha límite.
En agosto, 15 sheriffs de condados de Nueva York demandaron para impugnar la prohibición. La fiscal general del estado y la gobernadora defendieron la ley.
Dos días después, la fiscalía general anunció una demanda contra la Oficina del Sheriff del condado de Rensselaer por mantener su acuerdo 287(g) pese a la nueva legislación. El estado sostiene que el convenio debía haberse terminado antes del 25 de agosto.
Es una disputa que muestra hasta qué punto el programa se ha convertido en un asunto que va mucho más allá de ICE y de las autoridades federales. También involucra a gobernadores, legislaturas estatales, sheriffs y tribunales.
¿Por qué algunos estados quieren impedir los acuerdos 287(g)?
Las autoridades que apoyan las restricciones sostienen que la policía local debería concentrarse en delitos y problemas de seguridad dentro de su jurisdicción, y que utilizar recursos locales para hacer cumplir leyes federales de inmigración puede afectar la relación entre las comunidades inmigrantes y las autoridades.
La oficina de la fiscal general de Nueva York, por ejemplo, ha argumentado que los acuerdos pueden reducir la disposición de algunos residentes a denunciar delitos, pedir ayuda o colaborar con la policía. Esa es la posición de las autoridades estatales que impulsaron la prohibición y no debe confundirse con una conclusión independiente sobre todos los departamentos del país.
El gobierno federal sostiene una posición diferente.
ICE describe el programa como una herramienta de cooperación que permite identificar y procesar a personas que considera sujetas a expulsión. En sus materiales oficiales, la agencia sostiene que el programa mejora la colaboración entre autoridades federales, estatales y locales.
En otras palabras, el mismo mecanismo es presentado de manera muy distinta dependiendo de quién lo explique.
¿Qué casos de 287(g) está reportando ICE?
Los propios documentos de ICE incluyen ejemplos recientes de personas identificadas por agentes que trabajan bajo acuerdos 287(g).
En Arizona, por ejemplo, ICE reportó casos encontrados por oficiales del Department of Corrections, Rehabilitation and Reentry. La agencia describió personas con condenas por delitos sexuales contra menores y otras acusaciones graves.
En Alabama, ICE reportó el caso de una persona de Guatemala identificada por un oficial del Mobile County Sheriff’s Office, con un antecedente de condena por homicidio. Según el documento, posteriormente fue transferida a custodia de ERO en Nueva Orleans.
En Florida, ICE incluyó varios casos detectados por el Collier County Sheriff’s Office, entre ellos personas con antecedentes o arrestos relacionados con delitos sexuales, armas, sustancias controladas y crueldad agravada contra animales.
Kentucky también aparece en el documento. ICE reportó casos relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol, tráfico de sustancias controladas, reingreso ilegal y violencia doméstica, además de otro arresto por delitos que incluían crimen organizado y robo.
Massachusetts, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming también aparecen en los casos seleccionados por ICE.
En Texas, por ejemplo, el documento describe un arresto realizado por oficiales del Texas Department of Public Safety y otro en el que participaron el Caldwell County Sheriff’s Office y el DPS.
Estos ejemplos tienen una función específica dentro de la comunicación de ICE: la agencia los presenta como casos de personas con antecedentes, condenas o acusaciones penales identificadas mediante el programa 287(g). No constituyen, por sí mismos, una descripción estadística de todas las personas que pueden verse involucradas en estos acuerdos.
¿El programa 287(g) solamente se aplica a personas acusadas de delitos graves?
No conviene hacer esa generalización.
ICE presenta el programa como una herramienta para identificar a personas sujetas a expulsión, especialmente en el contexto de personas que se encuentran bajo custodia local. Sin embargo, las facultades exactas dependen del Memorando de Acuerdo y del modelo correspondiente.
El documento oficial de ICE explica que una persona considerada susceptible de remoción puede ser identificada mientras está bajo custodia estatal o local y después transferida a custodia federal.
Por eso, el dato de que una oficina del sheriff tenga un acuerdo no permite concluir por sí solo cómo actuará esa agencia en cada encuentro con una persona.
Hay que mirar el convenio concreto.
¿Cómo puedo saber si mi sheriff tiene un acuerdo con ICE?
Esta es probablemente la parte más útil del mapa.
ICE publica una página dedicada al programa 287(g) y un listado de las agencias participantes. La búsqueda debe hacerse por la agencia y no solamente por el estado.
Si quieres revisar tu zona, busca:
- El estado donde vives
- El nombre de tu condado
- La oficina del sheriff o departamento de policía local
- El modelo bajo el cual participa la agencia
- La vigencia del acuerdo correspondiente
Esto es especialmente importante porque una ciudad puede estar en un estado donde existen cientos de acuerdos sin que necesariamente su propio departamento tenga uno.
También puede ocurrir que un sheriff del mismo estado participe bajo un modelo de cárceles mientras otra agencia tenga un acuerdo Task Force.
No todos los convenios significan lo mismo.
¿Qué requisitos debe cumplir una policía local para participar?
La participación está limitada a agencias locales de aplicación de la ley interesadas en establecer un acuerdo con ICE.
Los oficiales que sean nominados para participar deben cumplir determinados requisitos. ICE señala que deben ser ciudadanos estadounidenses, aprobar una investigación de antecedentes y tener conocimientos y experiencia relacionados con las funciones policiales de su jurisdicción.
Para quienes participan bajo el Task Force Model existe además un requisito de al menos dos años de experiencia total como agentes de policía.
Después reciben capacitación financiada por ICE sobre las funciones migratorias correspondientes al acuerdo.
La agencia local debe firmar un Memorando de Acuerdo (MOA) con ICE. Los documentos correspondientes a los distintos modelos están disponibles a través de la propia agencia federal.
¿Qué reciben las agencias locales a cambio?
ICE señala que el programa proporciona capacitación y recursos a las agencias participantes. También indica que determinadas agencias podrían ser elegibles para programas federales de asistencia.
Hay una distinción importante: el State Criminal Alien Assistance Program (SCAAP) del Departamento de Justicia es independiente del programa 287(g). ICE lo menciona como una posible fuente de fondos para determinados costos de encarcelamiento, pero no debe presentarse como si fuera parte del programa 287(g).
La propia documentación federal establece esa separación.
¿Qué dice ICE sobre los beneficios del programa?
La agencia sostiene que la cooperación permite que las autoridades locales y federales compartan recursos y conocimientos para identificar a personas que podrían estar sujetas a remoción.
En su documentación institucional, ICE describe los acuerdos como una asociación entre autoridades federales, estatales y locales y afirma que los oficiales participantes reciben capacitación y trabajan bajo supervisión federal.
ICE también afirma que, sin un acuerdo de cooperación, una agencia local podría desconocer el estatus migratorio de una persona bajo su custodia y eventualmente liberarla, dejando a ICE la tarea posterior de localizarla mediante una operación de aplicación migratoria.
Estas son las razones que ofrece ICE para defender el programa. Las autoridades que buscan limitarlo plantean preocupaciones distintas sobre el uso de recursos locales y la relación entre la policía y las comunidades inmigrantes.
¿Por qué el mapa de acuerdos 287(g) puede cambiar rápidamente?
Porque el programa no es estático.
Una agencia puede firmar un nuevo acuerdo, cambiar de modelo o terminar su participación. También pueden intervenir las legislaturas estatales y los tribunales.
El caso de Nueva York lo demuestra con claridad. El estado pasó de tener agencias locales con acuerdos 287(g) a aprobar una prohibición, establecer una fecha límite para terminar los convenios y posteriormente entrar en litigios con algunos sheriffs que cuestionan la medida.
En Texas ocurrió algo diferente: el estado aprobó una legislación que exige que los sheriffs de condados con cárceles soliciten y, cuando ICE ofrezca el convenio, entren en un acuerdo 287(g).
Florida también ha promovido una expansión de estos acuerdos y el gobierno estatal ha reportado que cuenta con la mayor cantidad de agentes estatales bajo delegaciones 287(g).
Por eso, el mapa que un inmigrante consulte hoy puede no ser idéntico al de unos meses atrás.
¿Qué significa para una familia latina saber si su sheriff colabora con ICE?
Significa tener información más precisa sobre la policía de la comunidad donde vive.
No significa automáticamente que todos los agentes locales tengan facultades migratorias. Tampoco significa que una persona vaya a ser detenida por ICE simplemente porque su condado aparece en el mapa.
Lo que sí permite conocer es si existe un acuerdo formal entre ICE y una agencia determinada y qué modelo de cooperación contempla ese convenio.
Para una familia que quiere entender el panorama migratorio de su localidad, esa diferencia es fundamental.
El número nacional —2 mil 510 acuerdos— impresiona por sí mismo. Pero el dato realmente útil está mucho más cerca de casa: el nombre de la agencia que patrulla tu comunidad, el tipo de acuerdo que tiene y las facultades específicas que ese convenio contempla.
Y esa información puede cambiar. Por eso, antes de asumir que tu sheriff colabora o no con ICE, conviene consultar directamente el registro actualizado de la agencia federal.
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