La batalla legal que puede definir si tu Green Card se ve afectada por usar ayuda pública
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el 14 de septiembre una demanda junto con otros 21 estados, el Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania para frenar una nueva regla de “carga pública” del gobierno de Trump que le daría a los oficiales de inmigración un poder mucho más amplio para negar una Green Card por el uso de ayuda pública.
La demanda llega apenas días antes de que la regla entre en vigor, el 18 de septiembre, de acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York.
¿En qué consiste la regla de “carga pública”?
El concepto de “carga pública” existe en la ley migratoria de Estados Unidos desde la década de 1880, y define a alguien que probablemente dependa del gobierno como su principal fuente de sustento.
En 2022, la regla sufrió un cambio en el que solo contaba en contra de un solicitante la asistencia en efectivo o el internamiento de largo plazo pagado por el gobierno. Sin embargo, el cambio de criterio, que entraría en vigor el 18 de septiembre, cambiaría la regla de esta manera manera:
- Antes (regla de 2022 ahora derogada): solo contaba la asistencia en efectivo o el cuidado institucional de largo plazo
- Ahora (regla de 2026): un oficial puede considerar casi cualquier beneficio público, usado por cualquier tiempo
- Antes: no se tomaban en cuenta los beneficios usados por familiares del solicitante
- Ahora, según la fiscal James: la regla sí permite considerar beneficios usados por un familiar, aunque sea ciudadano estadounidense
La regla se anunció el 16 de julio, se publicó formalmente en el Registro Federal el 20 de julio, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitió la guía para aplicarla el 18 de agosto —tres fechas distintas que explican por qué hay tanta confusión sobre cuándo exactamente cambió cada cosa—.
La demanda de James se presentó, además, junto con otra por separado, encabezada por la ciudad de Nueva York junto con Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle y el condado de King.
¿Qué dice la fiscal general de Nueva York?
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por miedo a que pedir ayuda les cueste la deportación”, declaró James, quien puso como ejemplo que el almuerzo escolar gratuito de un hijo ciudadano estadounidense podría usarse en contra de la solicitud de su padre.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sumó su propia demanda con un argumento parecido: el miedo no se queda solo en las familias que el gobierno federal busca afectar directamente, dijo, sino que se extiende a otras que sí siguen siendo elegibles para recibir ayuda y dejan de pedirla de todas formas.
El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calcula que el “efecto disuasivo” de la regla le costaría a los estados 4,050 millones de dólares al año en Medicaid y CHIP, y mil millones más en SNAP, de acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York.
La demanda cita, además, que una versión anterior de una regla parecida provocó que hasta el 35% de las familias con estatus migratorio mixto, y hasta el 60% de las familias refugiadas, dejaran de usar beneficios a los que tenían derecho.
No es la primera vez que James pelea esta batalla: cuando el primer gobierno de Trump introdujo una regla similar en 2020, James lideró la coalición que la bloqueó, y ese fallo fue confirmado después por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. La demanda actual argumenta que la nueva regla viola la Ley de Procedimiento Administrativo, por ser arbitraria, exceder la autoridad del DHS y apartarse del significado que el Congreso le dio originalmente al concepto de carga pública.
¿Qué dice el otro lado, la nueva guía de USCIS?
USCIS defiende el cambio con un argumento distinto al de la demanda: la regla de 2022 “restringió qué beneficios podía considerar el DHS”, y la nueva libera a los oficiales “para evaluar todos los hechos pertinentes caso por caso”.
Y en el punto exacto donde la fiscal James advierte el mayor riesgo —los beneficios de un hijo ciudadano estadounidense—, la guía que USCIS publicó el 18 de agosto dice lo contrario a lo que alega la demanda: el beneficio de un hijo no se le atribuye automáticamente al padre que solicita la Green Card.
La diferencia entre ambas versiones no está del todo resuelta: USCIS aclara que no cuenta el beneficio del hijo en sí, pero sí puede tomar en cuenta el ingreso familiar que hizo elegible a ese hijo para recibirlo, lo cual en la práctica podría terminar pesando de forma parecida a lo que denuncia la demanda.
USCIS también insiste en que ningún beneficio, por sí solo, provoca un rechazo automático. La decisión sigue dependiendo de una revisión caso por caso que incluye:
- edad
- salud
- situación familiar
- finanzas
- educación
- habilidades del solicitante
¿A quién le aplicaría este cambio, y a quién no?
El cambio alcanza principalmente a quienes presenten una solicitud de ajuste de estatus (formulario I-485) el 18 de septiembre o después. USCIS incluso dejará de aceptar la versión anterior del formulario a partir de esa fecha. Estas categorías, según la propia guía de USCIS, no están sujetas a la regla nueva:
- Personas que ya presentaron su solicitud antes del 18 de septiembre, evaluadas bajo la regla de 2022
- Refugiados, asilados, y quienes solicitan una visa U o T
- Titulares de Green Card que solo la renuevan o solicitan la ciudadanía
- Solicitantes bajo la Ley de Violencia Doméstica contra la Mujer (VAWA) y menores en situación de inmigrante especial
Mientras el litigio avanza en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la fecha de presentación de cada solicitud —antes o después del 18 de septiembre— sigue siendo, por ahora, lo que determina cuál de las dos reglas se le aplica a cada persona. Sin embargo, y gracias al “triunfo” previo de James en contra de la administración Trump, se prevé una resolución similar.
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