DHS da fecha límite: todos los agentes de ICE deberán portar cámara corporal antes de este día de septiembre
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fijó el 30 de septiembre como fecha límite para que todos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) porten una cámara corporal durante sus operativos en campo, así lo anunció este martes el secretario Markwayne Mullin, según reportó CNN.
Los dispositivos ya fueron adquiridos por la dependencia, aunque el entrenamiento de los oficiales para utilizarlos todavía no concluye. “El entrenamiento necesario para equipar a cada oficial continúa y esperamos completarlo pronto”, dijo un vocero de ICE a NPR.
Motorola es la empresa encargada de integrar la tecnología, y parte de los micrófonos que ya usan los agentes tienen capacidad de cámara que puede activarse sin comprar equipo adicional. El zar fronterizo, Tom Homan, resumió el objetivo declarado de la medida ante CNN: quiere que “la gente vea lo que ve el oficial cuando toma una decisión”.
¿Por qué el gobierno decidió apresurar la entrega de cámaras a sus agentes?
La medida llega después de una serie de enfrentamientos violentos, algunos de ellos mortales, entre agentes federales y la población durante 2026.
En julio, murieron dos personas en episodios que no quedaron grabados: en Houston, un agente de ICE mató a Lorenzo Salgado Araujo, un hombre mexicano que, según reconoció el propio DHS, no era el objetivo del operativo, sino una persona que los agentes confundieron con la que sí buscaban.
En Biddeford, Maine, otro agente de ICE mató a Johan Sebastián Durán Guerrero, un padre de familia colombiano de 26 años. Sobre ambos casos, en ninguno había cámara puesta.
El polémico caso de Alex Pretti
El caso que más presión generó, sin embargo, ocurrió meses antes en Minneapolis. El 24 de enero, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mataron a balazos a Alex Pretti, un enfermero de 37 años y ciudadano estadounidense, durante un operativo migratorio.
La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Pretti había “atacado” a los oficiales y portaba un arma, pero un video reveló que ya lo habían desarmado antes de que le dispararan, y una evaluación interna de la propia CBP no menciona ningún ataque ni arma.
Ese episodio, documentado justamente porque los agentes sí llevaban cámara, se convirtió en el ejemplo más citado por quienes exigen que el uso de estos dispositivos sea obligatorio en todo el país.
No todos los legisladores recibieron el anuncio con el mismo optimismo. El senador independiente por Maine, Angus King, calificó la promesa de Mullin como “una promesa hueca” y advirtió que las cámaras, sin cambios de fondo en las políticas del DHS, representan apenas “una ilegalidad costosamente equipada”, según declaró a NPR.
Antes del anuncio de Mullin, el uso de cámaras corporales por parte de ICE ya había sido motivo de disputas en distintas ciudades del país:
- En Chicago, un juez ordenó a ICE portar cámaras corporales tras un fallo judicial, por las denuncias de uso excesivo de la fuerza durante los operativos.
- En Minneapolis, los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza comenzaron a usar cámaras corporales apenas después de la muerte de Alex Pretti, cuando la medida ya no pudo evitar la tragedia.
¿Qué pasará con los videos que graben las cámaras?
Aunque el anuncio busca proyectar transparencia, la política interna de ICE sobre el manejo de esas grabaciones genera dudas.
Desde agosto, la agencia exige que sus oficiales activen la cámara durante arrestos, cateos y situaciones de emergencia, pero deja en manos de su propio director la decisión de publicar o no el video de una muerte o lesión grave, y solo lo hará si considera que es “de interés de la agencia.”
Aunque la política permite divulgar un video dentro de las primeras 72 horas si así se aprueba, el director puede retenerlo de manera indefinida si determina que existen “circunstancias específicas y convincentes” para hacerlo, sin que el documento explique cuáles serían esas circunstancias.
Katherine Hawkins, investigadora del Project on Government Oversight, calificó esa política como “prácticamente inútil” ante la falta de garantías de acceso público, de acuerdo con PBS News.
Jason Houser, quien fue jefe de gabinete de ICE durante el gobierno de Biden, cuestionó el momento del anuncio ante PBS News y lo calificó como “claramente una respuesta política” ante la presión pública, más que un cambio real en cómo opera la agencia.
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