Un juez frena la solicitud del DHS de acceder a 17 millones de licencias comerciales
Un juez federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no recibir ninguno de los 17 millones de registros de licencias de conducir comerciales que había pedido mediante una citación a la asociación que administra esas bases de datos entre estados.
Una coalición de más de 20 estados, además del Distrito de Columbia, demandó al gobierno federal por partida doble: en una primera instancia por la forma en que pidió esos datos, y en segundo término por quién los pidió después. Detrás de la disputa hay dudas que las propias fiscalías estatales dejaron por escrito sobre si el interés real del gobierno con esta base de datos va más allá del transporte.
Pese a lo anterior, la orden del juez no cierra el caso ni resuelve nada de fondo, apenas es una medida de emergencia mientras se define, en una audiencia programada para el próximo 20 de agosto, si la citación del gobierno se anula por completo o queda en pie.
¿Qué le pidieron a los estados y con qué amenaza?
La demanda contra el DHS dio inicio con una carta de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), la agencia del Departamento de Transporte que regula a los conductores comerciales.
La FMCSA le exigió a AAMVA, la asociación que conecta las bases de datos de licencias entre los distintos estados, descargar por completo el sistema CDLIS, con cinco años de historial hacia atrás con la finalidad de supervisar la seguridad del transporte, y amenazó con cortarle a la asociación más de 10 millones de dólares en fondos federales si no entregaba la información, según confirmó la fiscalía general de Virginia en el comunicado donde anunció la demanda.
El Departamento de Seguridad Nacional no se quedó atrás, y mientras la amenaza de la FMCSA seguía sobre la mesa, emitió su propia citación pidiendo exactamente el mismo conjunto de datos.
¿Qué información contienen esos 17 millones de registros?
El sistema CDLIS no es una lista simple de nombres. Por cada uno de los conductores comerciales registrados, la base de datos guarda información que, junta, permite identificar y ubicar a una persona con precisión.
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Número de Seguro Social, o un número sustituto cuando la persona no tiene uno
- Número de licencia de conducir
- Estado que emitió la licencia
Esta base es distinta de los registros de licencias de conducir regulares que ya tramitan indocumentados en 19 estados y en Washington D.C., ya que el CDLIS solo cubre licencias comerciales, el tipo que se necesita para manejar un camión de carga o un autobús interestatal.
¿Por qué las autoridades estatales sospechan un uso más allá del transporte?
A diferencia de la FMCSA, que solo invocó su facultad general de supervisar la seguridad del transporte, la citación de Seguridad Nacional sí detalla un propósito por escrito. Según el escrito legal de la coalición de estados, la propia carta de citación de la dependencia explica que busca investigar fraude en escuelas de manejo para licencias comerciales, detectar fraude en la emisión de licencias a personas indocumentadas y aplicar la ley migratoria por la vía civil.
Lo que sí está documentado es el patrón: la oficina del fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, describió esta demanda como parte de una serie de casos previos en los que ha señalado al gobierno federal por usar información personal de los estadounidenses para fines que nunca se anuncian, incluida en el pasado la aplicación de la ley migratoria, lo cual coincide con lo que la propia citación de Seguridad Nacional ya admite por escrito en este caso
Además de esa duda sin resolver, la demanda sí alega, de forma concreta, violaciones a varias leyes de privacidad y a la Ley de Procedimiento Administrativo, por saltarse el proceso que exige consultar a los estados antes de un cambio de esta magnitud.
¿Qué ordenó exactamente el juez y qué sigue?
La orden del 14 de agosto es clara en un punto: mientras no haya una nueva instrucción del tribunal, el DHS no puede recibir nada, y si de cualquier forma llegara a recibir algún documento, tiene que devolverlo sin revisarlo.
Antes de esa audiencia, ambas partes todavía tienen pendientes varios pasos.
- Seguridad Nacional debía presentar su oposición a más tardar el lunes 17 de agosto
- Los estados demandantes tienen hasta el miércoles 19 de agosto para responder por escrito
- La audiencia sobre si se anula la citación está programada para el jueves 20 de agosto, a las 10:00 a.m., en la Sala 1000 de la corte en Alexandria
La suspensión que ordenó el juez es una medida de emergencia, pensada para mantener las cosas como están mientras se decide si la citación de Seguridad Nacional se cae por completo o si, por el contrario, el gobierno logra defenderla en la audiencia de esta semana.
La resistencia de los estados a entregar información sensible al gobierno federal tampoco es un caso aislado: apenas unos días antes de esta demanda, Massachusetts promulgó la ley estatal de protección migratoria más fuerte del país, en la misma línea de limitar hasta dónde puede llegar el gobierno federal con la información de sus residentes.
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