Nueva medida de la BIA permitirá penalizar viajes con avance parole
La Junta de Apelaciones de Inmigración revocó una protección que llevaba casi 14 años amparando a quienes salen de Estados Unidos con un permiso de reingreso conocido como advance parole.
La decisión, contenida en el caso Matter of Delcarmen-Lara, publicada por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) el pasado 13 de agosto, establece que viajar al extranjero con ese documento y regresar cuenta como una salida formal del país para efectos de las sanciones migratorias, algo que el propio tribunal exceptuaba desde 2012, y que ahora generaría penas de hasta 10 años de prohibición para reingresar a Estados Unidos.
¿A quienes afecta la decisión de la BIA?
Aunque la decisión no incluye una lista oficial de afectados, los más expuestos serían quienes tienen antecedentes de presencia ilegal y aun así calificaron para viajar con este permiso, entre ellos:
- Beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)
- Personas con Estatus de Protección Temporal (TPS)
- Solicitantes de asilo o de residencia permanente con un trámite de ajuste de estatus pendiente
Para ellos, el permiso podría dejar de funcionar como una garantía de regreso sin consecuencias y convertirse en un viaje capaz de activar un castigo de tres o 10 años para volver a entrar al país.
Ante ese escenario, cualquier persona con antecedentes de presencia ilegal debería revisar su caso con un abogado de inmigración antes de solicitar o usar un advance parole, porque el fallo no distingue entre trámites abiertos desde hace años y viajes recientes.
La resolución no aplica hacia atrás, así que los viajes hechos antes del 13 de agosto de 2026 siguen bajo las reglas anteriores, una salvedad que ofrece cierto alivio aunque no despeja la duda sobre los viajes que ya estaban en curso o programados para las próximas semanas.
¿Cómo llegó este caso hasta la Junta de Apelaciones?
El fallo nació del caso de una mujer salvadoreña identificada en la decisión como Delcarmen-Lara, cuyo expediente migratorio se extiende casi dos décadas. Todo comenzó, como ocurre en la mayoría de estos procesos, con un Notice to Appear, el documento con el que el gobierno cita a una persona ante un juez de inmigración, y terminó en una orden de expulsión que se volvió definitiva años antes de que ella recibiera DACA, el programa que protege de la deportación a personas que llegaron al país siendo niñas.
Con ese amparo tramitó y obtuvo autorización para viajar con advance parole, salió del país y volvió a entrar bajo el mismo permiso sin que nadie se lo impidiera en ese momento.
- 7 de diciembre de 2006: un juez de inmigración la declaró removible por haber entrado al país sin ser inspeccionada y ordenó su expulsión.
- 17 de junio de 2008: la Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó esa orden, con lo que se volvió definitiva.
- 2013: recibió DACA.
- 1 de enero de 2024: viajó al extranjero con advance parole y regresó bajo el mismo permiso.
- 27 de mayo de 2025: pidió reabrir su caso para tramitar la residencia permanente, apoyada en la petición familiar que su esposo le había presentado en 2014.
El tribunal rechazó esa solicitud, pero no fue porque su viaje de 2024 la hiciera inadmisible bajo la nueva interpretación. Según la propia decisión, la Junta aplicará esta regla solo hacia adelante y evitó pronunciarse sobre si esa salida de 2024 contó como una salida formal; el problema real fue que pidió reabrir el caso casi 16 años después de la orden final, muy por encima del límite de 90 días, y porque ya había usado antes su única oportunidad para ese tipo de solicitud.
Delcarmen-Lara terminó atrapada entre dos momentos, demasiado tarde para el precedente que hasta entonces la protegía y demasiado pronto para beneficiarse de que el nuevo criterio tampoco juegue en su contra.
¿Qué tan grave es el castigo para quienes viajen con este permiso?
La ley de inmigración castiga con distinta dureza a quienes acumularon tiempo sin estatus legal antes de salir del país. Ese castigo, conocido como barra de reingreso, se activa en el momento en que la persona intenta volver a entrar y depende de cuánto tiempo estuvo sin papeles antes del viaje que ahora cuenta como una salida formal por el nuevo criterio de la Junta.
El caso de Delcarmen-Lara solo puso a prueba el escalón más severo, pero la ley contempla dos niveles distintos, según cuánto haya durado esa presencia ilegal.
- Con 180 días a un año de presencia ilegal antes del viaje, el castigo es no poder regresar a Estados Unidos por tres años.
- Con un año o más de presencia ilegal antes del viaje, el castigo sube a 10 años sin poder regresar al país.
La decisión no enumera a quién alcanza fuera del caso de Delcarmen-Lara, pero su razonamiento no exceptúa a ningún grupo por categoría. Así, los beneficiarios de DACA que entraron al país siendo niños sin haber sido inspeccionados en la frontera, las personas con Estatus de Protección Temporal mientras se resuelve en tribunales el futuro de esa protección, y quienes buscan asilo o tramitan la residencia permanente con una petición ya aprobada pero sin haber corregido antes su forma de entrada, podrían ser los más afectados en la práctica.
Ese alcance amplio todavía no lo ha confirmado ni el propio tribunal ni ninguna guía oficial posterior, así que el resultado real dependerá del historial migratorio completo de cada solicitante.
¿Qué deben revisar antes de viajar quienes ya tienen o solicitan advance parole?
El cambio no significa que nadie con advance parole pueda volver a salir del país, pero sí que cada viaje merece más cuidado que antes del 13 de agosto. La pregunta central para cualquier persona en esta situación es cuánto tiempo permaneció sin estatus legal antes de calificar para el permiso que solicita o ya tiene en la mano, porque de esa cifra depende si el viaje activa alguno de los castigos que impuso la Junta.
- Revisar, junto con un abogado de inmigración, cuántos días o meses de presencia ilegal acumuló antes de obtener el advance parole
- Confirmar si ese tiempo cruza el umbral de 180 días o de un año que activa el castigo de tres o 10 años
- Verificar la fecha del viaje, porque los realizados antes del 13 de agosto de 2026 siguen bajo las reglas anteriores
- Preguntar si existe algún perdón migratorio disponible para el tipo de castigo que aplicaría, antes de decidir viajar
Ninguno de estos pasos sustituye una evaluación legal individual, porque el resultado depende del historial migratorio completo de cada persona y no solo del tiempo que pasó sin papeles.
La propia Junta de Apelaciones de Inmigración reconoció en su decisión que la nueva regla puede chocar contra expectativas que muchas personas construyeron durante más de una década bajo el criterio anterior, aunque decidió aplicarla de todas formas a partir de este mes.
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