CBP impone una tarifa de hasta 4,500 dólares a empresas con trabajadores de visas H-1B y L-1 desde este día de septiembre
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmaron que, a partir del 9 de septiembre de 2026, ciertas empresas deberán pagar una tarifa adicional de 4,000 dólares por cada petición H-1B y 4,500 dólares por cada petición L-1, según la regla final publicada en el Federal Register el 10 de agosto de 2026.
El cargo, conocido oficialmente como la Tarifa de Respuesta al 9-11 y Biométrica de Entrada-Salida, no es una tarifa nueva: ya se cobraba antes en las peticiones iniciales de H-1B y L-1 y en los casos en que un trabajador cambia de empleador, así que lo que realmente entra en vigor el 9 de septiembre es su extensión a un grupo que hasta ahora estaba exento, las solicitudes de extensión de estatus con el mismo empleador, es decir, cuando alguien simplemente renueva su visa sin cambiar de compañía.
Para quien no esté familiarizado con estas categorías, la visa H-1B se usa para contratar temporalmente a trabajadores extranjeros con estudios especializados —común en tecnología, ingeniería y salud—, mientras que la L-1 permite trasladar empleados que ya trabajan para una empresa en el extranjero hacia una oficina de esa misma compañía en Estados Unidos.
Ambas dependen de que el empleador presente y renueve la petición ante el gobierno, por lo que cualquier costo adicional recae directamente sobre la empresa, no sobre el trabajador.
¿Qué cambia exactamente el 9 de septiembre y por qué?
Hasta ahora, una empresa solo pagaba esta tarifa cuando presentaba una petición nueva o cuando el trabajador cambiaba de empleador, mientras que las renovaciones de estatus dentro de la misma compañía quedaban exentas, así que una empresa podía evitar el cargo simplemente manteniendo a su empleado en el mismo puesto. Eso es justo lo que desaparece con la nueva regla:
- Antes del 9 de septiembre de 2026: la tarifa aplicaba a peticiones iniciales de H-1B/L-1 y a cambios de empleador; las extensiones con el mismo empleador estaban exentas.
- A partir del 9 de septiembre de 2026: la tarifa aplica también a las extensiones de estatus con el mismo empleador, sin ninguna excepción por ese motivo.
DHS justifica el cambio con un argumento legal específico: según la propia regla, “la mejor interpretación del estatuto exige que la Tarifa Biométrica del 9-11 se pague en todas las peticiones de extensión de estatus”, sin importar si también aplica la tarifa antifraude por separado, porque el Congreso agregó esa referencia a las extensiones precisamente para que la tarifa se cobrara en todas ellas.
En la práctica, esto significa que una empresa que ya tenía trabajadores con visa H-1B o L-1 antes de esta fecha, y que simplemente busca renovarles el estatus sin cambiar nada más, ahora tendrá que absorber ese costo adicional cada vez que lo haga.
De acuerdo con las propias cifras de DHS en la regla, entre 2018 y 2025 solo el 27% de las peticiones de empleadores cubiertos incluía esta tarifa, y con la nueva regla esa proporción subirá al 75%, un salto que la agencia atribuye a esta ampliación y que estima afectará a cerca del 16% de las empresas pequeñas que presentan peticiones H-1B o L-1.
¿Es la primera vez que existe una tarifa como esta?
Esta tarifa tiene casi dos décadas de historia y ha cambiado de nombre y de monto más de una vez, siempre ligada al mismo objetivo de financiar la verificación biométrica en la frontera después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Así ha evolucionado:
- 2010: se crea la llamada “Tarifa Suplementaria”, de 2,000 dólares para H-1B y 2,250 para L-1.
- 2015: el Congreso reemplaza esa tarifa y duplica el monto a los actuales 4,000 y 4,500 dólares bajo la nueva Ley de Prevención de Fraude en Visas H-1B y L-1 (Public Law 114-113), que es la que sigue vigente hoy.
- Agosto de 2026: DHS publica la regla que expande esta tarifa a las extensiones con el mismo empleador, con entrada en vigor el 9 de septiembre.
El Congreso había proyectado que la tarifa generaría 420 millones de dólares al año, pero lo recaudado en la práctica quedó muy por debajo —apenas 25.6 millones de dólares en el año fiscal 2025, según la misma regla del DHS—, y ampliar quién debe pagarla es, en parte, un intento de acercar la recaudación real a esa proyección original.
¿A qué empresas les aplica esta tarifa?
El cargo no alcanza a cualquier negocio con empleados extranjeros, sino solo a los llamados “empleadores cubiertos”, una categoría que define la misma ley de 2015: empresas con 50 empleados o más en Estados Unidos, de las cuales más de la mitad tiene estatus H-1B o L-1.
Una empresa con 200 trabajadores en el país, de los cuales 30 tienen alguna de esas dos visas, por ejemplo, no calificaría como empleador cubierto porque no llega al 50% de su plantilla.
Esa combinación de requisitos —tamaño mínimo y alta concentración de trabajadores con esas visas— apunta sobre todo a consultoras de tecnología y firmas de outsourcing que dependen fuertemente de personal extranjero.
La medida no pasó sin oposición dentro del propio proceso regulatorio: durante el período de comentarios públicos, DHS recibió 146 comentarios sobre esta propuesta, la mayoría en contra, y varios de ellos advirtieron que el cargo adicional podría desincentivar la contratación de trabajadores H-1B y L-1 y sumarle más complejidad administrativa a las empresas que ya dependen de estas visas.
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