Estos templos e iglesias recuperan su protección frente a los operativos de ICE
Una corte federal de apelaciones confirmó la orden que obliga al Departamento de Seguridad Nacional a respetar, otra vez, los límites que existían desde 2021 para actuar dentro o cerca de templos, iglesias y otros lugares de culto.
El Cuarto Circuito, con sede en Richmond, avaló de forma unánime, el 18 de agosto, la medida cautelar que ya había impuesto una corte de distrito, después de que el gobierno eliminara esa protección a inicios de 2025. El fallo rechazó, uno por uno, los cuatro argumentos con los que el gobierno buscaba operar libremente cerca de estos espacios religiosos.
¿Quienes lograron frenar a ICE en sus operativos?
Tres comunidades religiosas llevaron el caso a los tribunales: una red de congregaciones cuáqueras, un templo sij en Sacramento y una organización bautista con presencia en varios estados.
Las tres documentaron que, desde que el gobierno abrió la puerta a operativos migratorios cerca de sus templos, perdieron feligreses que dejaron de asistir a sus servicios por miedo a que ICE los detuviera ahí mismo. Una sola congregación bautista, por ejemplo, reportó una caída de 66% en la asistencia a sus propias clases de inglés.
La orden no congela los operativos migratorios en cualquier templo del país, ni le quita a las autoridades la posibilidad de actuar con una orden judicial en mano. Para estas tres comunidades, sin embargo, el gobierno vuelve a estar obligado a pedir permiso antes de acercarse a sus lugares de culto, salvo en un puñado de situaciones de emergencia que la propia política ya contemplaba.
¿Qué política dejó de aplicar el gobierno en enero de 2025?
La regla que ahora debe volver a seguirse nació en octubre de 2021, cuando el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, instruyó a sus agentes evitar, “en la mayor medida posible”, acciones de cumplimiento migratorio dentro o cerca de lo que la propia guía de 2021 llamó “áreas protegidas”, entre ellas los templos y lugares de culto.
Esa guía exigía que los agentes pidieran autorización previa a sus superiores antes de actuar en esos sitios, salvo en un grupo corto de emergencias reales:
- Una amenaza a la seguridad nacional
- Un riesgo inminente de muerte, violencia o daño físico
- La persecución en curso de alguien que un agente vio cruzar la frontera
- El riesgo inminente de que se destruya evidencia de un caso penal
- Que no exista ningún otro lugar seguro donde actuar
El gobierno dejó de seguir esa guía el 20 de enero de 2025, con un memo del entonces secretario interino Benjamine Huffman, reforzado 11 días después con una directiva del director interino de ICE, Caleb Vitello. El propio DHS justificó el cambio con una frase que la corte citó en su fallo: los criminales “ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar el arresto”.
¿Cómo golpeó el cambio a estas tres comunidades religiosas?
Las cuáqueras, agrupadas en media docena de “reuniones anuales” que van de Filadelfia a Nueva York, basan su culto en el silencio y en mantener las puertas abiertas a cualquiera que llegue a orar con ellas.
Sus valores de igualdad y pacifismo chocan de frente con la posibilidad de que un agente armado interrumpa el servicio, y una de sus integrantes, Roni Kingsley, declaró ante la corte que “saber que agentes de ICE pueden interrumpir nuestro culto ya está haciendo que nuestros miembros sean menos propensos a asistir”.
El templo sij de Sacramento, donde 90% de la congregación son inmigrantes de primera o segunda generación y que atiende a unas 30 mil personas en esa zona de California, reportó un temor parecido.
Amar Singh Shergill, miembro de su comité directivo, dijo que varios feligreses, con papeles y sin ellos, le expresaron que participar en la vida religiosa del templo podría ponerlos en riesgo. Para una comunidad que ya había sido blanco de intromisiones gubernamentales en el pasado, esa desconfianza pesa doble.
La organización bautista, que agrupa a más de mil 400 congregaciones y que incluye entre su misión dar clases de inglés y asesoría legal a inmigrantes, fue la que aportó la cifra más dura del caso.
El pastor Randall Carter explicó que la baja de asistencia ya afectó el presupuesto de su iglesia, con menos dinero y menos voluntarios disponibles, y otros líderes bautistas tuvieron que aconsejar a sus congregaciones cerrar las puertas del templo, justo lo contrario de lo que su fe les pide hacer.
¿Qué argumentos le rechazó la corte a Seguridad Nacional?
El gobierno intentó tumbar la medida cautelar con cuatro argumentos distintos ante el Cuarto Circuito, y los jueces los rechazaron todos, uno por uno.
- Dijo que las congregaciones no tenían derecho a demandar porque su daño era “vago”; la corte respondió que la caída real de asistencia, con cifras como el 66% en las clases de inglés, ya era prueba suficiente.
- Argumentó que quitar la política de 2025 no resolvería el problema del todo; los jueces contestaron que la ley no exige una solución completa, solo un beneficio real y medible para las congregaciones.
- Sostuvo que la nueva política no le prohibía a nadie practicar su religión ni le imponía una multa; la corte replicó que la presión para dejar de recibir inmigrantes, o para cerrar las puertas del templo, sí cuenta como una carga real a la libertad religiosa.
- Invocó, ya en la apelación, que el gobierno tiene un interés superior en aplicar la ley migratoria de forma uniforme; los jueces ni siquiera lo analizaron a fondo, porque el propio gobierno nunca lo planteó ante la corte de distrito y no se puede estrenar un argumento hasta la apelación.
Ese último punto fue el que más molestó al juez Agee, quien firmó una opinión aparte para subrayar que el gobierno se rehusó, de forma obstinada, a presentar evidencia o argumentos alternativos incluso cuando la propia corte lo invitó a hacerlo. En sus palabras, es muy difícil ganar un caso sin evidencia ni argumento legal.
¿A quién protege esta orden en la práctica?
La protección que confirmó el Cuarto Circuito no es un blindaje nacional para cualquier templo, iglesia o sinagoga. El propio juez Agee lo dejó por escrito: la medida cautelar solo cubre a las congregaciones que participaron en esta demanda y los sitios específicos que ellas mismas identificaron ante la corte; cualquier otro lugar de culto que quiera la misma protección tendría que presentar su propia demanda.
Tampoco se trata de una barrera total: los agentes migratorios pueden seguir actuando ahí mismo si presentan una orden judicial firmada por un juez, o si se presenta alguna de las emergencias que ya contemplaba la política de 2021.
El caso, de hecho, no ha terminado: la demanda que ganaron estas tres comunidades sigue su curso en la corte de distrito de Maryland, donde se presentó en febrero de 2025, y esta victoria en apelación es apenas sobre la medida cautelar, no sobre el fondo del caso.
El gobierno todavía podría pedirle a la Corte Suprema que revise el fallo, aunque los tres jueces del panel coincidieron sin que nadie emitiera una opinión en contra. Mientras tanto, congregaciones y organizaciones aliadas han seguido recomendando a los inmigrantes conocer sus derechos básicos frente a un operativo migratorio, incluida la ya conocida tarjeta roja que circula en varias comunidades de fe.
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