Revés para ICE: una jueza ordena un monitor independiente tras comprobar que niños llevan detenidos mucho más tiempo del que permite la ley
Una jueza federal ordenó crear un monitor independiente para vigilar cómo Estados Unidos detiene a menores migrantes, después de comprobar que las autoridades los retienen mucho más tiempo del que permite la ley.
En el fallo firmado por la jueza Dolly M. Gee se lee que las autoridades fronterizas “no deberían necesitar otra moción y otra orden judicial” para cumplir con lo que la ley ya exige, tras un año en el que la corte les dio oportunidad de corregirlo por su cuenta.
El fallo se apoya en los propios registros del gobierno. Durante los primeros 5 meses de 2026, los niños detenidos en el centro familiar de Dilley, Texas, permanecieron en promedio entre 23 y 48 días bajo custodia, un patrón que la jueza calificó como “particularmente preocupante”. En ese mismo periodo, cerca de mil 560 menores estuvieron detenidos más de 20 días, con algunos casos que llegaron hasta 50, 91 y hasta 323 días, según The Marshall Project.
El centro de Dilley, operado por la empresa privada CoreCivic, reabrió en marzo de 2025 después de años sin recibir familias migrantes, y desde entonces ha alojado a cerca de 3 mil niños, de los cuales más de la mitad ya superó el límite de 20 días. Al menos 60 menores permanecieron detenidos más de 100 días, de acuerdo con The Texas Tribune, el medio que documentó el patrón semanas antes de que la jueza emitiera su orden.
¿Quiénes son los monitores designados y qué poder tienen?
La jueza Dolly M. Gee, del Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California, firmó la orden el 17 de agosto de 2026 y designó a dos personas para vigilar su cumplimiento.
Andrea Sheridan Ordin, ex fiscal federal de Los Ángeles, actuará como Special Master, mientras que el pediatra Paul Wise será el monitor independiente encargado de revisar las condiciones médicas de los menores. Ambos reportarán al tribunal cada 3 meses durante al menos un año, un plazo extendible hasta 3 años, con un costo de hasta 620 mil dólares anuales pagados por el propio gobierno.
De acuerdo con el texto de la orden, el equipo tendrá autoridad para hacer lo siguiente:
- Entrar a las instalaciones con visitas anunciadas y sin previo aviso
- Tener acceso a los documentos y expedientes de CBP e ICE, y solicitar datos directamente a ambas agencias
- Entrevistar a los propios menores y a sus familiares adultos, así como a empleados de CBP e ICE
- Presentar al menos un reporte trimestral al tribunal y recomendar medidas correctivas, aunque sin poder emitir órdenes ni imponer sanciones por sí mismos
Esas facultades no se limitan a Dilley, pues también cubren los sectores fronterizos del Valle del Río Grande, El Paso y San Diego, incluidos el puerto de entrada de Otay Mesa y los hoteles que el gobierno usa para alojar temporalmente a menores migrantes. Esa vigilancia crece en paralelo a otros episodios que pusieron bajo la lupa el trato a personas bajo custodia de ICE, incluidos los protocolos que la agencia dice seguir cuando un detenido muere bajo su resguardo.
¿Qué es el acuerdo Flores y qué responde el gobierno?
El límite que la jueza Gee hizo valer proviene del histórico acuerdo Flores, alcanzado en 1997 tras una demanda por las condiciones en que el gobierno detenía a una adolescente migrante sin acompañante.
Ese pacto obliga a liberar a los menores “sin demora innecesaria”, un estándar que los tribunales han interpretado con los años como un máximo de 5 días en circunstancias normales, o hasta 20 días cuando hay una llegada masiva de familias a la frontera, de acuerdo con The Marshall Project.
El mismo Dilley ilustra el problema con un caso muy reciente. Un día antes de que la jueza firmara la orden, agentes de ICE detuvieron en un retén de tráfico en Austin a un niño de 5 años que iba rumbo a un partido de futbol junto a su papá, y ambos terminaron recluidos precisamente en ese centro, el mismo que ahora tendrá supervisión externa.
El gobierno defendió el manejo del centro en declaraciones previas a la orden. El Departamento de Seguridad Nacional calificó el acuerdo Flores como un instrumento contrario a la ley migratoria vigente, mientras que ICE argumentó que los tiempos prolongados se explican por un pequeño número de casos clasificados como riesgo para la seguridad nacional, según The Texas Tribune.
CoreCivic, la empresa que opera el centro, aseguró al mismo medio que ofrece tres comidas nutritivas al día y agua sometida a pruebas periódicas.
¿Cómo describen las familias la vida dentro de Dilley?
Los testimonios recogidos en el expediente judicial muestran el desgaste que provoca una detención tan prolongada. Un adolescente que llevaba 323 días detenido describió la experiencia como una pesadilla, de acuerdo con The Texas Tribune, que documentó entre las quejas más repetidas de las familias las siguientes:
- Comida en mal estado o insuficiente para los niños
- Un apagón nocturno fijo a las 8 de la noche, sin margen para actividades posteriores
- Acceso limitado a libros, juguetes o actividades recreativas durante el día
- Poca claridad sobre cuánto tiempo más permanecerán detenidos
El fallo no cambia esas condiciones de un día para otro, pero obliga al gobierno a documentar cada caso y corregir las fallas que el propio monitor detecte en sus reportes trimestrales.
Mientras eso avanza, las organizaciones de defensa legal recomiendan a las familias con un caso migratorio abierto mantenerse informadas sobre sus derechos frente a un posible encuentro con ICE, incluida la manera correcta de documentar cualquier irregularidad durante una detención.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
