El gobierno cierra la puerta a la terapia hormonal para inmigrantes trans en centros de detención
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió en X después de que The New York Times publicara una investigación sobre el caso de Camila Toro de Paula, una mujer trans venezolana de 25 años que lleva cerca de 11 meses detenida en un centro federal para hombres en Jena, Louisiana.
“A @NYTimes le preocupa más que no demos terapia hormonal a estos criminales que los innumerables estadounidenses que han sido víctimas de extranjeros ilegales. Para que quede claro: NO vamos a gastar el dinero de los contribuyentes en dar terapia hormonal a extranjeros ilegales que buscan cambiar de sexo”, escribió la cuenta oficial del DHS en X.
La respuesta no nace de un caso aislado: el gobierno ha suspendido la atención especializada para personas trans detenidas en al menos 10 centros del país, desde Calexico, California, hasta Batavia, Nueva York, y la política de la era Obama que garantizaba derechos básicos a las personas trans detenidas fue eliminada del sitio web del DHS en febrero de 2025, según reportó The New York Times.
¿Quién es Camila Toro de Paula y qué denuncia?
Toro de Paula llegó a Estados Unidos en septiembre de 2024 por Eagle Pass, Texas, tras huir de Venezuela, donde dice haber sufrido violencia sexual y física desde la infancia; un médico contratado por su defensa encontró en octubre cicatrices compatibles con ese relato, según The New York Times.
Ya instalada en Nueva York, donde se integró a una comunidad de mujeres trans, su vida cambió en agosto de 2025, cuando fue detenida durante una cita rutinaria en las oficinas de ICE en esa ciudad. Fue trasladada en avión a Louisiana y recluida en un centro para hombres pese a la objeción de su abogada, Laura Berger, de Legal Aid Society.
Según expedientes médicos citados por el NYT, Toro de Paula ha denunciado ante trabajadores sociales que la castigan por su expresión de género, y su abogada dice que ha pasado tramos en aislamiento sin acceso regular a agua hasta por 24 horas seguidas.
También denuncia que la obligan a usar cubrebocas y guantes fuera de su celda por ser VIH positiva —una medida sin sustento médico, ya que el virus no se transmite por el aire—, que no le permiten reemplazar su peluca y que le niegan ropa interior de mujer.
El DHS sostiene que ella usa el cubrebocas “por elección propia”, algo que su abogada niega. “Tengo miedo de morir aquí”, dijo Toro de Paula en español durante una entrevista por video, y agregó: “Quiero que me escuchen. A mujeres como yo nos han faltado el respeto suficiente. Se acabó”.
¿Qué dijo el DHS sobre el caso específico de Toro de Paula?
Dentro de la misma investigación, el DHS respondió con un mensaje igual de directo que su publicación en X a través de un correo enviado directamente al NYT: “No estamos desperdiciando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para dar terapia hormonal a extranjeros ilegales que buscan cambiar de sexo”.
La agencia también rechazó las denuncias de maltrato: “Ningún detenido está siendo golpeado ni maltratado. Ningún infractor de la ley en la historia de la civilización humana ha sido tratado mejor que los extranjeros ilegales en Estados Unidos”.
El DHS no respondió directamente a las acusaciones de agresión y aislamiento de Toro de Paula, y se refirió a ella usando pronombres masculinos. Según su abogada, Toro de Paula ha recibido tratamiento hormonal durante años y se lo han negado desde que está bajo custodia de ICE.
¿Qué hay del historial criminal que citó el gobierno?
El DHS justificó parcialmente su postura señalando que Toro de Paula tiene antecedentes penales, incluyendo cargos por asalto agravado y posesión de un arma, aunque ambos fueron desestimados y sellados.
Según su abogada, esos cargos vienen de un incidente en el Bronx el 30 de junio de 2025, cuando golpeó con un sartén a un hombre que —según ella— intentaba robarla; los cargos se desestimaron en octubre.
Por separado, en Queens enfrentó un cargo por prostitución que también fue desestimado, y otro por robo menor, en el que se declaró culpable de un cargo reducido de “jostling” (empujar o manipular a alguien en un espacio público con fines de robo).
¿Es un caso aislado o parte de un patrón más amplio?
El caso de Toro de Paula ocurre en un contexto de retroceso documentado en las protecciones para personas trans detenidas, según reportó The New York Times:
- El DHS ya no revela cuántas personas trans tiene bajo custodia; el último conteo oficial, del 12 de enero de 2025, era de 47, según datos de ICE archivados por el Vera Institute of Justice.
- Especialistas en el sistema de detención estiman que hoy hay varias decenas de personas trans detenidas, de un total de más de 65,000 personas en custodia migratoria al 11 de julio.
- En el año fiscal 2024, bajo la administración Biden, ICE registró el ingreso de 244 personas que se identificaron como trans.
- En mayo de 2025, el gobierno cerró la Oficina del Ombudsman de Detención Migratoria, encargada de investigar abusos en el sistema.
- La línea de ayuda de Immigration Equality registró un aumento del 68% en llamadas de personas LGBTQ+ detenidas en 2025 frente al año anterior (la organización no tiene datos desglosados solo para personas trans).
Los cambios que ha sufrido la comunidad inmigrante trans en EE.UU. los últimos años
Según Immigration Equality, citado en el mismo reportaje, mujeres trans que antes estaban en unidades específicas para ellas durante la administración Biden ahora son colocadas con hombres o en aislamiento, y el gobierno ha negado solicitudes de traslado a centros para mujeres o para personas trans.
“El gobierno está creando un desastre humanitario”, dijo Bridget Crawford, directora legal de Immigration Equality, según The New York Times. Lynly Egyes, directora legal del Transgender Law Center, lo comparó con el primer gobierno de Trump: “Las violaciones que vemos ahora son, en cierta medida, las mismas que vimos en su primer mandato, pero como si les hubieran puesto esteroides. Antes ya era difícil que las personas trans accedieran a atención médica. Ahora es casi imposible”.
Un reporte del Center for American Progress, citado por el NYT y basado en datos de ICE recopilados por legisladores demócratas del año fiscal 2017 —una cifra anterior a este gobierno, que sirve como referencia histórica y no como dato actual—, encontró que las personas trans detenidas pasaban en promedio 99 días en aislamiento, más del doble que el promedio general de los detenidos, y que 1 de cada 8 personas trans detenidas ese año fue puesta en aislamiento.
¿Quién más se pronunció sobre el caso?
No todas las reacciones han sido críticas del gobierno. El Women’s Liberation Front, un grupo que se opone a que las mujeres trans sean alojadas en instalaciones para mujeres, celebró la postura del gobierno y argumenta que hacerlo violaría los derechos constitucionales —bajo la Octava Enmienda, que prohíbe castigos crueles e inusuales— de las mujeres no trans detenidas en esas mismas instalaciones, según recogió The New York Times.
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