Nuevas reglas sobre ayudas públicas afectarán procesos migratorios en EE. UU.
Miles de inmigrantes en Estados Unidos volverán a hacerse la misma pregunta que parecía haber quedado atrás: ¿recibir Medicaid, cupones SNAP o ayuda para vivienda puede cerrar la puerta a la residencia permanente? La respuesta cambia otra vez.
El gobierno de Donald Trump reactivó la política conocida como “carga pública”, una medida que comenzará a aplicarse el 18 de septiembre y que vuelve a colocar el uso de beneficios públicos bajo la lupa durante algunos procesos migratorios.
La decisión fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), después de publicar la norma en el Registro Federal. Con ello queda derogado el reglamento aprobado durante la administración de Joe Biden y se restablece un criterio más estricto para evaluar determinadas solicitudes de inmigración.
¿Qué cambia para quienes buscan la green card desde septiembre?
La legislación migratoria de Estados Unidos ya contemplaba que una persona podía ser considerada inadmisible si existía una alta probabilidad de que se convirtiera en una carga pública. Lo novedoso es que el gobierno de Trump recupera una interpretación mucho más amplia de ese concepto.
Según explica USCIS, los oficiales deberán analizar si el solicitante tiene probabilidades de depender de recursos públicos financiados por los contribuyentes. La evaluación no se basará únicamente en un factor, sino en la totalidad de las circunstancias de cada persona.
En otras palabras, el historial económico, los ingresos, la situación familiar, la salud y otros elementos volverán a tener un peso importante durante el análisis de una solicitud de residencia permanente.
¿Usar Medicaid o cupones SNAP significa perder automáticamente la green card?
No necesariamente.
Uno de los aspectos que más incertidumbre genera es que la nueva norma no publica una lista específica de beneficios cuya utilización provoque automáticamente una negativa. En cambio, establece que cada caso será revisado de forma individual y que los funcionarios ejercerán su criterio para determinar si existe la posibilidad de que el solicitante dependa del gobierno en el futuro.
Aun así, el anuncio ha despertado preocupación porque la versión aplicada durante el primer mandato de Trump consideró programas como:
- Cupones de alimentos (SNAP)
- Medicaid, en determinados casos
- Vales o subsidios para vivienda
La incertidumbre vuelve precisamente porque muchas familias de inmigrantes utilizan alguno de estos apoyos para enfrentar el aumento del costo de la vivienda, la atención médica y los alimentos.
¿Por qué Trump recuperó la política de carga pública?
En un comunicado oficial, USCIS afirmó que la medida busca “restaurar el principio básico de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos” y proteger los recursos financiados por los contribuyentes.
No es una política nueva. La administración Trump la impulsó originalmente en 2018 y comenzó a aplicarla en 2020 como parte de su estrategia para endurecer tanto la inmigración irregular como algunos procesos de inmigración legal. Posteriormente, el gobierno de Joe Biden dejó sin efecto esa interpretación y aprobó una regulación menos restrictiva en 2022.
Ahora, el cambio vuelve a modificar las reglas del juego.
¿A cuántos inmigrantes podría afectar la nueva regla?
Aunque el debate político suele dar la impresión de que millones de personas perderían la posibilidad de obtener la residencia permanente, los estudios disponibles muestran un panorama más matizado.
Un análisis del Migration Policy Institute, publicado cuando esta política estuvo vigente por primera vez, estimó que alrededor de 167 mil personas podrían resultar inelegibles por el uso de beneficios incluidos en la evaluación. Esa cifra representaba menos del 1% de los 22.1 millones de no ciudadanos que vivían en Estados Unidos en ese momento.
Mientras tanto, datos de la Oficina del Censo indican que en 2023 residían cerca de 22.8 millones de personas no ciudadanas en el país.
Más allá del impacto estadístico, el verdadero efecto suele aparecer antes de que la norma entre en vigor. En el pasado, organizaciones de salud pública y defensores de los derechos de los inmigrantes advirtieron que muchas familias dejaron de solicitar programas para los que calificaban por miedo a afectar su futuro migratorio.
Ese llamado “efecto disuasorio” podría repetirse a partir del 18 de septiembre, cuando la política de carga pública vuelva oficialmente a formar parte del proceso para evaluar algunas solicitudes de green card.
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