Gobierno de Trump pierde la batalla legal para dejar sin agua potable ni atención médica a inmigrantes en un centro de detención en California
Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones rechazó la petición del gobierno de Trump para suspender una orden judicial que lo obliga a garantizar agua potable y atención médica adecuada a los inmigrantes detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California.
La decisión, firmada el 20 de agosto por los jueces Margaret McKeown, Michelle Friedland y Eric Miller, también levantó la pausa temporal que había frenado esa orden mientras se resolvía el recurso del gobierno.
El litigio se originó en una demanda colectiva presentada en enero de este año por personas detenidas en Adelanto, quienes denunciaron condiciones insalubres y peligrosas en el centro, operado por la empresa privada GEO Group bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La jueza federal Sunshine Sykes falló, previamente, a favor de los detenidos y, en un memorando de decisión del 12 de agosto, explicó por escrito sus razones para exigir mejoras inmediatas: acceso constante a agua potable, atención médica adecuada, comida suficiente, limpieza de las instalaciones y límites al aislamiento, entre otras medidas vigiladas por dos monitores independientes designados por la corte.
¿Qué encontró la jueza sobre las condiciones en Adelanto?
De acuerdo con el propio fallo del Noveno Circuito, la jueza de distrito determinó que las personas detenidas en Adelanto estaban sujetas a “condiciones punitivas”, entre ellas la falta de acceso constante a agua potable y atención médica adecuada. Esa fue la base de la orden que el gobierno intentó frenar sin éxito.
Entre las medidas que la jueza Sykes ordenó aplicar de inmediato, según reportó CalMatters, están:
- Acceso permanente a agua potable limpia
- Comidas con suficientes calorías y productos de higiene gratuitos
- Limpieza diaria de las instalaciones y eliminación del moho
- Ropa adecuada y cobijas para los detenidos
- Al menos cuatro horas de recreo al aire libre por día
- Visitas familiares ampliadas, sin límite estricto de tiempo ni contacto físico
- Dos monitores independientes designados por la corte para vigilar el cumplimiento
El litigio ocurre en medio de denuncias de muertes dentro del centro: al menos 13 personas han fallecido en Adelanto desde su apertura, cinco de ellas durante el segundo mandato de Trump, según ha señalado la representante demócrata Judy Chu, quien ha pedido en repetidas ocasiones el cierre permanente del centro.
¿Por qué perdió el gobierno la apelación?
El argumento central del gobierno fue que la responsabilidad de las condiciones recae en GEO Group, la empresa que administra Adelanto bajo contrato, y no en las autoridades federales. El Noveno Circuito rechazó esa defensa citando un precedente de la Corte Suprema: “Subcontratar la atención médica de una cárcel no libera al Estado de su obligación constitucional de dar tratamiento médico adecuado a las personas bajo su custodia”, escribieron los jueces, según el propio fallo.
El gobierno también insistió en que las condiciones exigidas ya se cumplían en Adelanto, pero el tribunal recordó que esa afirmación se basa en hechos que la jueza de distrito ya había determinado como falsos.
Para conseguir que un tribunal de apelaciones pause una orden judicial mientras avanza un recurso, quien lo pide debe demostrar cuatro cosas a la vez:
- Que tiene altas probabilidades de ganar el caso en el fondo
- Que sufrirá un daño irreparable si no se le concede la pausa
- Que esa pausa no perjudicará a la otra parte, en este caso los detenidos
- Que pausar la orden conviene al interés público
El Noveno Circuito concluyó que el gobierno no logró probar ninguno de los cuatro puntos, y sobre el interés público citó otro pasaje del propio fallo: “Siempre es de interés público evitar que se violen los derechos constitucionales de una persona”.
¿Qué sigue ahora para los detenidos en Adelanto?
Al negar la suspensión, el Noveno Circuito también levantó la pausa administrativa temporal que había impedido que la orden de la jueza Sykes se aplicara por completo mientras se resolvía el recurso de emergencia del gobierno. Eso significa que ICE y el Departamento de Seguridad Nacional deben cumplir de inmediato con las medidas que la corte ya había ordenado en Adelanto.
Esta decisión resuelve únicamente la solicitud de pausa de emergencia, no el fondo de la apelación del gobierno, que sigue su curso ante el mismo tribunal. Mientras tanto, las autoridades deben mantener el acceso a agua potable, atención médica y las demás condiciones ordenadas por la jueza, bajo la supervisión de los dos monitores independientes designados por la corte.
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