Universidades demandan al gobierno por la nueva regla que limita a 4 años la estancia de estudiantes extranjeros
Una coalición de universidades, sindicatos de maestros y organizaciones estudiantiles demandó al gobierno de EE. UU. para frenar una regla migratoria que ata la estancia de cada estudiante internacional a la duración de su propio programa académico, sin permitir que pase de 4 años. La demanda busca que un juez federal detenga la norma antes de que empiece a aplicarse.
El cambio afecta a quienes llegan con visa F-1 para estudiar, visa J-1 para programas de intercambio, y visa I para representantes de medios extranjeros, que hasta ahora podían quedarse mientras durara su programa académico o su beca, sin una fecha de vencimiento fija.
Según el documento que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Federal Register, ese sistema —conocido como “duration of status”— desaparece a partir del 15 de septiembre de 2026, cuando la fecha de salida de cada estudiante quedará marcada de forma fija en su Formulario I-94.
La demanda se presentó el 18 de agosto de 2026 ante una corte federal de Massachusetts contra DHS, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y varios de sus funcionarios, entre ellos el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, según consta en el propio documento judicial presentado bajo el expediente 1:26-cv-13799. Los demandantes piden una orden urgente que impida que la regla entre en vigor mientras avanza el proceso legal completo.
¿Qué pasa cuando un estudiante llega al límite de 4 años?
El tiempo que cada estudiante puede permanecer depende de la duración de su propio programa, pero ese plazo nunca puede pasar de 4 años, sin importar cuánto dure el programa en la realidad.
Quien necesite más tiempo del permitido —el caso típico de muchos doctorados, que en promedio duran 5.7 años, según cifras citadas en la propia demanda— deberá pedir una extensión de estancia directamente ante Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos(USCIS), usando el Formulario I-539, un trámite que sustituye el proceso anterior, en el que la propia universidad certificaba automáticamente que el estudiante seguía inscrito.
La medida alcanza a tres grupos distintos de no inmigrantes, cada uno con su propio propósito migratorio.
- Estudiantes con visa F-1, que cursan programas académicos completos en escuelas o universidades certificadas
- Participantes de programas de intercambio con visa J-1, como investigadores, profesores visitantes o becarios
- Representantes de medios de comunicación extranjeros con visa I, que cubren noticias desde territorio estadounidense
Los tres grupos —y sus familiares dependientes— comparten el mismo límite máximo, aunque el plazo real de cada quien depende de su programa específico. Si la solicitud de extensión no se resuelve a tiempo o es negada, la alternativa es salir del país y tramitar un nuevo ingreso, algo que antes no era necesario para la mayoría de los casos.
¿Quiénes integran la demanda y qué argumentan?
La coalición demandante reúne a organizaciones universitarias y sindicales que representan tanto a instituciones como a trabajadores académicos afectados por la medida. Entre los demandantes figuran, de acuerdo con la página de seguimiento del caso que publica Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration —una de las organizaciones que integra la demanda—, los siguientes grupos:
- NAFSA: Association of International Educators
- Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration
- Association of Independent Colleges and Universities in Massachusetts (AICUM)
- American Federation of Teachers (AFT) y su filial Graduate Labor Organization, AFT Local 6516
- United Auto Workers (UAW) internacional y su filial UAW Local 2322
- The NewsGuild-CWA
El argumento central de la demanda, según consta en la moción de medida cautelar presentada ante la corte, es que DHS violó la ley que obliga a las agencias federales a explicar bien sus decisiones. La propia demanda calcula que la regla costará 443 millones de dólares al año solo en cumplimiento, frente a pérdidas de entre 72 mil millones y 145 mil millones de dólares en matrícula durante la próxima década, sin que la agencia haya comparado ambas cifras de forma seria antes de publicar la norma final.
Los demandantes también señalan que casi 22 mil comentarios públicos —la mayoría en contra— fueron respondidos con explicaciones genéricas, y citan una encuesta de NAFSA recogida en la propia demanda, según la cual 49% de los encuestados dijo que no se habría inscrito en un programa académico en EE. UU. bajo estas nuevas condiciones.
¿Sigue vigente la regla mientras la corte decide?
La regla mantiene su fecha de entrada en vigor del 15 de septiembre de 2026 mientras la corte no ordene lo contrario, ya que la demanda apenas se presentó dos días antes de esta nota. El proceso legal sigue abierto, así que todavía no hay una decisión sobre si se suspende la norma de forma temporal mientras se revisa el fondo del caso.
Los estudiantes con visa F-1, J-1 o I que ya están en el país no necesitan hacer ningún trámite adicional por el momento, salvo que su plazo esté por cumplirse. En ese caso, conviene consultar con la oficina de asuntos internacionales de la universidad o del programa de intercambio antes de que se acerque la fecha límite, para saber con tiempo si corresponde pedir la extensión ante USCIS o planear un viaje de salida y reingreso.
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