La estrategia oculta de deportación: por qué EE. UU. envía mexicanos a otros países
El gobierno de Estados Unidos ha enviado a cientos de ciudadanos mexicanos a Honduras y Guatemala en lugar de regresarlos a México, de acuerdo con una investigación de CBS News publicada este martes.
Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que hablaron bajo condición de anonimato, le confirmaron a la cadena que la práctica lleva meses ocurriendo, sin ningún anuncio público que la respalde.
Ante esto, el gobierno mexicano fue tajante en su respuesta a CBS: acepta el regreso de todos sus nacionales y rechaza la deportación de mexicanos hacia terceros países. Guatemala y Honduras, en cambio, no respondieron a las preguntas de la cadena.
¿Qué encontró la investigación de CBS News sobre estas deportaciones?
Según CBS News, los mexicanos deportados a Centroamérica no reciben ninguna explicación adicional a la que recibe cualquier otra persona en proceso de expulsión, y terminan en un país que no es el suyo sin que el gobierno estadounidense revele públicamente cuántos son ni bajo qué criterio se elige a quién enviar a Guatemala y a quién a Honduras.
Según reportó la misma cadena, Adam Isacson, investigador de la organización Washington Office on Latin America (WOLA), calificó la medida como “casi enteramente punitiva”.
La cifra de “cientos” es minúscula frente al total de mexicanos que Estados Unidos ha regresado a su país. Solo entre enero de 2025 y este mes, el Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos documentó 271 mil 173 repatriaciones directas a México, un ritmo que corre en paralelo a operativos de ICE como la redada que terminó con más de 1 mil 226 detenciones en un solo condado de Georgia este año.
Lo que distingue a este grupo enviado a Centroamérica no es su tamaño, sino el destino: en vez de cruzar de regreso a territorio mexicano, terminan en un tercer país con el que no tienen ningún vínculo.
¿Por qué Guatemala y Honduras, y qué dice el acuerdo con EE. UU.?
La explicación tendría que ver con un convenio que Estados Unidos y Guatemala firmaron mediante notas diplomáticas y que se publicó en el Registro Federal estadounidense el 15 de julio de 2025.
El propio DHS describe ese convenio, en su resumen oficial, como un mecanismo para “la transferencia de nacionales de países centroamericanos” hacia Guatemala, lo que ayuda a explicar por qué el proyecto Third Country Deportation Watch, de las organizaciones Human Rights First y Refugees International, documentó que los traslados de mexicanos ocurrieron fuera de los parámetros de ese acuerdo formal.
Las transferencias forzadas hacia Guatemala arrancaron el 10 de octubre de 2025 y, para mediados de julio de este año, ya sumaban alrededor de 2 mil personas de un grupo diverso de nacionalidades, según el mismo conteo. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, insistió desde que se negoció el convenio en que no se trata de un acuerdo de tercer país seguro, sino de un mecanismo centrado, en sus palabras, en “la recepción de todos los guatemaltecos que son retornados al país”:
- Mexicanos sumaron aproximadamente 1 mil 600 personas, la nacionalidad más numerosa de todo el grupo
- Hondureños y nicaragüenses llegaron en cifras que la organización describe como “cientos” cada nacionalidad
- Salvadoreños, colombianos, ecuatorianos, peruanos, panameños y venezolanos completan el resto del total, cada uno en menor número
¿Es legal enviar a alguien a un país que no es el suyo?
La práctica de mandar a una persona a un tercer país distinto del suyo tiene, de fondo, una batalla legal que lleva más de un año sin resolverse. En el caso D.V.D. v. DHS, el mismo juez federal de Massachusetts que esta semana falló sobre el TPS de los etíopes, Brian Murphy, declaró en febrero que la política de remociones a terceros países era ilegal y ordenó al gobierno intentar primero deportar a cada persona a su propio país.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito suspendió esa orden en marzo mientras revisa una apelación del gobierno, así que la práctica sigue funcionando aunque un tribunal ya la haya declarado ilegal una vez.
La disputa de fondo es si a una persona se le debe avisar con anticipación a qué país será enviada y darle la oportunidad de decir que ahí corre peligro, algo que la Corte Suprema permitió saltarse de forma temporal en 2025 mientras el litigio sigue su curso.
Para los mexicanos que terminan en Guatemala u Honduras, esa notificación previa no siempre llega en la forma en que llegaría, por ejemplo, un Notice to Appear para quien enfrenta un proceso migratorio dentro de Estados Unidos. Muchos son trasladados sin que se les dé oportunidad de pedir asilo en la frontera, según documentó Third Country Deportation Watch, lo que los deja fuera de cualquiera de los caminos legales que sí existen para quienes logran hacer ese trámite.
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