“Se están jineteando los recursos”: alcalde de San Nicolás denuncia penalmente al estado de Nuevo León por retener fondos
Tras acusar una falta de transferencia que suma cerca de 30 millones de pesos (mdp) provenientes del cobro de multas de Control Vehicular, el alcalde panista de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo Martínez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de la Tesorería General del Estado de Nuevo León (NL) por la presunta retención ilegal de dichos recursos.
Alcalde de San Nicolás presenta denuncia por retención de recursos
El alcalde acudió a las instalaciones del órgano procurador de justicia para formalizar el recurso legal contra quien resulte responsable dentro del Gabinete del gobernador Samuel García, al señalar que la administración estatal ha incumplido de manera reiterada con los depósitos correspondientes a las participaciones del municipio.
De acuerdo con el edil, la omisión abarca los primeros siete meses del año actual, periodo durante el cual el estado retuvo el 80% del monto total de las infracciones cobradas a los conductores en los módulos del Instituto de Control Vehicular.
Carrillo Martínez advirtió que la falta de fluidez de estos fondos impacta directamente las finanzas locales, afectando proyectos de infraestructura, programas sociales y el mantenimiento de escuelas públicas y áreas comunitarias.
Alcaldes de oposición reclaman más de mil 700 millones de pesos de fondos federales
Esta querella por probable peculado y ejercicio ilícito del servicio público se suma a la ola de reclamos presentados por alcaldes metropolitanos del PRI, PAN e independientes, quienes exigen un acumulado superior a los mil 700 millones de pesos en fondos federales y estatales detenidos.
Municipios como Monterrey e incluso ayuntamientos rurales han expresado sus exigencias y presunto abuso por la tesorero estatal, denunciando represalias políticas debido al choque entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo local.
A la par de la crisis financiera con los municipios, el gobierno de Samuel García enfrenta reclamos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), las cuales acumularon adeudos pendientes por cerca de 80 millones de pesos en apoyos comprometidos, derivando en exigencias públicas para que la administración estatal libere las partidas presupuestales destinadas al apoyo comunitario.
Asimismo, el gobernador enfrenta un juicio político en el Congreso local por la presunta triangulación de recursos públicos y por presuntas violaciones a leyes electorales y constitucionales locales.
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