Protestan en Zacatecas por despido de 43 trabajadores de la Defensoría Pública
Empleados y sindicatos del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas protestaron este lunes frente a las instalaciones para denunciar el presunto despido injustificado de 43 trabajadores sociales del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
Los ceses se realizaron de manera formal el pasado 30 de junio, bajo instrucciones directas del Órgano de Administración Judicial.
“Creemos que se ha atentado contra la dignidad de dichas personas. No han recibido un trato justo, se ha desconocido de un solo golpe a quienes entregaron todo por el servicio y de la institución que ahora les da la espalda, y simplemente les da de baja. Incluso, el asunto reviste una afectación a la perspectiva de género, ya que preponderantemente, como es un hecho notorio, las personas trabajadores sociales son mujeres“, señala José Antonio Castro, auxiliar del Poder Judicial.
En la delegación Zacatecas, una de las afectadas es María Elena Trejo Medina, una trabajadora social con 18 años de trayectoria en la institución.
“En Zacatecas fue despedida una excelente trabajadora social, la licenciada María Elena Trejo Medina, Mari, como yo la conozco. Quienes hemos trabajado para los pueblos originarios en muchas ocasiones y quien durante más de 15 años de trayectoria ha servido con profesionalismo, compromiso y sensibilidad. Ella no es una simple empleada, es el vínculo entre el instituto y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad“, indica Maricela Arteaga, comisionada nacional jurídica de los Pueblos Originarios en Zacatecas.
Los manifestantes expresaron el respaldo a los trabajadores despedidos y pidieron a las autoridades reconsiderar la instrucción.
“El despido de Mari y de los demás trabajadores no solo afecta sus proyectos de vida y los de sus familias, también impacta directamente en miles de personas que dependen de los servicios que presenta el Instituto Federal de la Defensoría Pública”, agrega Maricela Arteaga.
Durante la manifestación, explicaron que las plazas estaban presupuestadas para el ejercicio fiscal de este año, por lo que señalan que no existe justificación financiera para el recorte.
Según informaron, los trabajadores afectados ya iniciaron una estrategia jurídica mediante la presentación de impugnaciones y juicios de amparo para exigir su restitución.
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