México retrocede en Estado de Derecho: estos son los efectos que puede tener en la vida cotidiana

México ocupa el lugar 121 de 143 países y jurisdicciones en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), con una puntuación de 0.40, y perdió dos posiciones respecto de la medición anterior.
El resultado coloca al país por debajo del promedio mundial, que fue de 0.55, y del correspondiente a América Latina y el Caribe, de 0.51. México también se ubicó en el lugar 28 de 32 países y jurisdicciones de América Latina y el Caribe y en el sitio 38 de 41 dentro de su grupo de ingresos.
En entrevista para Unotv.com, Natalia Campos, especialista del IMCO, explicó qué representa este resultado y cómo los indicadores relacionados con justicia, corrupción, contrapesos y funcionamiento institucional pueden tener efectos en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Estado de Derecho en México: ¿qué mide el índice?
El Índice de Estado de Derecho 2025 evalúa distintos factores relacionados con el funcionamiento de las instituciones y la aplicación de las reglas en los países y jurisdicciones incluidos en la medición.
Entre los aspectos considerados se encuentran la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio, la justicia civil y la justicia penal.
Para Campos, una disminución en la posición de México debe observarse a partir de la manera en que funcionan las instituciones y de la capacidad que tienen para garantizar que las reglas se cumplan.
La especialista explicó, en entrevista para Uno TV, que el Estado de Derecho no se limita al ámbito judicial. También está relacionado con los mecanismos mediante los cuales las personas realizan trámites, acceden a servicios, resuelven conflictos y exigen el cumplimiento de sus derechos.
Por ello, el resultado del índice puede analizarse más allá del lugar que ocupa México frente a otros países.
Justicia penal y corrupción, entre los principales rezagos de México
Uno de los resultados más bajos de México corresponde a justicia penal, rubro en el que el país ocupa el lugar 135 de 143.
Este indicador contempla elementos relacionados con la efectividad del sistema de justicia penal, entre ellos la investigación y resolución de delitos, así como la ausencia de corrupción y la imparcialidad en los procedimientos.
Campos explicó que las dificultades en este ámbito pueden tener efectos directos para quienes necesitan acudir ante las autoridades para denunciar un delito o resolver un conflicto.
A este resultado se suma el correspondiente a ausencia de corrupción, donde México se encuentra en el lugar 134 de 143.
La especialista señaló que la corrupción y la impunidad están relacionadas con la capacidad de las instituciones para hacer cumplir las normas.
Cuando existen sobornos, influencias indebidas o decisiones que no se ajustan a las reglas, se afecta la posibilidad de que los ciudadanos reciban un trato basado en procedimientos establecidos.
Esto puede presentarse en diferentes ámbitos de la relación entre las personas y las autoridades, desde un trámite hasta un procedimiento judicial.
¿Cómo afecta un Estado de Derecho débil a los ciudadanos?
El funcionamiento del Estado de Derecho tiene relación con actividades que forman parte de la vida cotidiana.
La ciudadanía interactúa con instituciones públicas al realizar trámites, solicitar servicios, presentar denuncias, pagar impuestos o buscar mecanismos para resolver conflictos.
En entrevista para UNO TV , Campos explicó que cuando las instituciones tienen dificultades para cumplir sus funciones, también puede complicarse la respuesta que reciben los ciudadanos.
Los efectos pueden abarcar situaciones como:
- Acceso a la justicia
- Seguridad pública
- Resolución de conflictos
- Prestación de servicios públicos
- Trámites ante autoridades
- Protección de derechos
- Rendición de cuentas
De acuerdo con la especialista, un Estado de Derecho débil también puede relacionarse con mayores dificultades para resolver problemas mediante las instituciones.
Esto significa que la discusión no se limita a las cifras del índice. Los indicadores también permiten revisar las condiciones bajo las cuales las personas pueden hacer valer sus derechos y obtener respuestas de las autoridades.
Contrapesos y límites al poder, otro elemento del Estado de Derecho
Otro de los componentes relevantes es la existencia de contrapesos y límites al ejercicio del poder.
Campos explicó que las instituciones necesitan mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas que permitan revisar las decisiones de las autoridades.
Estos controles pueden involucrar el uso de recursos públicos, la actuación de funcionarios y las decisiones relacionadas con la justicia.
Cuando los mecanismos de supervisión son insuficientes, existe un mayor riesgo de que determinadas decisiones se tomen de manera discrecional.
La especialista también hizo referencia al riesgo de captura, que ocurre cuando intereses particulares pueden influir en decisiones que deberían responder al interés general.
Por ello, el funcionamiento de los contrapesos forma parte de la discusión sobre la calidad de las instituciones y el cumplimiento de las reglas.
Gobierno abierto, el mejor resultado de México
Entre los distintos componentes del índice, Gobierno abierto representa el mejor resultado para México, con el lugar 54 de 143.
Este componente considera aspectos relacionados con la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana.
Campos señaló que México ha desarrollado mecanismos para que las personas puedan solicitar información pública y conocer datos relacionados con el funcionamiento de las autoridades.
Sin embargo, contar con mecanismos de acceso a la información no significa necesariamente que exista una mayor participación ciudadana o que las instituciones rindan cuentas de manera suficiente.
Por ello, el resultado de Gobierno abierto debe analizarse junto con los demás componentes que integran el Índice de Estado de Derecho.
¿Qué relación tiene la reforma judicial con el resultado de 2025?
La reforma judicial también fue abordada durante la entrevista.
Campos señaló que no puede afirmarse que la reforma haya provocado el deterioro registrado en el índice, debido a que la medición analizada corresponde a 2025.
Por lo tanto, cualquier posible efecto de los cambios al Poder Judicial deberá observarse en las próximas ediciones del índice.
Entre los aspectos que podrían analizarse posteriormente están la carrera administrativa, el mérito dentro del Poder Judicial y las posibles influencias en las decisiones de los juzgadores.
La especialista planteó estos elementos como riesgos que deberán ser evaluados con nuevos datos y no como efectos ya comprobados por el resultado correspondiente a 2025.
¿En qué posición quedó México frente a América Latina?
El resultado también permite comparar la posición de México con otros países de la región.
En el Índice de Estado de Derecho 2025, México ocupó:
- Lugar 121 de 143 países y jurisdicciones a nivel global
- Lugar 28 de 32 en América Latina y el Caribe
- Lugar 38 de 41 dentro de su grupo de ingresos
- Puntuación de 0.40
- Promedio mundial de 0.55
- Promedio de América Latina y el Caribe de 0.51
El WJP reportó que 68% de los países evaluados registró un deterioro en su Estado de Derecho durante 2025.
Para México, el resultado representa una pérdida de dos posiciones respecto de la medición anterior, además de ubicarse por debajo de los promedios mundial y regional.
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