Guardia Nacional bajo la lupa: denuncias por desapariciones y abusos reavivan polémica
La Guardia Nacional vuelve a estar en el centro del debate tras señalamientos por presuntas desapariciones, abusos y fallas operativas en distintos casos ocurridos en el país.
El más reciente involucra al catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla, Leonardo Escobar, quien desapareció el 2 de enero en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, tras un encuentro con elementos de la corporación.
Fue localizado con vida el 16 de enero.
El caso Leonardo Escobar
Tras su reaparición, el académico denunció que permaneció tres días en una celda en el municipio de Apodaca, a donde fue llevado por elementos de la Guardia Nacional.
“…durante tres días, estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional, antes de ir a dicha celda, fui golpeado por la Guardia Nacional.”
Su testimonio apunta a un posible abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza.
Especialistas consideran que el caso exhibe fallas operativas, prejuicios y deficiencias en la formación de algunos elementos.
Manuel Balcázar, director de MB Iris-Consulting y especialista en Inteligencia y Seguridad Nacional, señaló:
“…el error fue pensar que posiblemente el académico era miembro de una organización criminal o que tenía fines ilícitos.”
No es un caso aislado
En 2022, al sur de la Ciudad de México, se documentó otro caso grave.
Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a tres personas en la comunidad de Fierro del Toro, Morelos, y las entregaron a comuneros en Topilejo, alcaldía Tlalpan.
Posteriormente, dos de ellos fueron localizados sin vida.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que, si bien ni los elementos de la Guardia Nacional ni los de la SSC-CDMX atentaron directamente contra la vida de las tres personas, sus acciones y omisiones fueron determinantes para el desenlace, ya que las personas detenidas nunca fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.
Raúl Benítez, experto en Seguridad Nacional de la UNAM, explicó:
“…este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos marcó bastante a la Guardia Nacional porque se decía que a veces en algunos lugares del país trabajaban ya en asociación con algunos grupos criminales.”
Problemas de rendición de cuentas
La Guardia Nacional está integrada por más de 130 mil efectivos, en su mayoría soldados y marinos.
Especialistas advierten que esta composición puede generar complejidades en la rendición de cuentas.
Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, señaló:
“…la Guardia Nacional es 90% soldados y marinos disfrazados… si llega una queja por violación de derechos humanos uno podría decidir… mejor se lo voy a poner a Guardia Nacional…”
Añadió que el Gobierno federal sostiene que se trata de casos aislados y que quienes incurren en irregularidades lo hacen a título individual.
Por su parte, Raúl Benítez afirmó que en primera instancia suele activarse un aparato de defensa jurídica robusto:
“…casi siempre niegan en primera instancia y ponen el aparato de defensa judicial… ahora ya es el aparato jurídico del Ejército que tiene mucho más capacidad para defender a sus propios agentes.”
El reto: inteligencia y protocolos
Los especialistas coinciden en que el desafío es claro: menos reacción basada en sospechas y mayor inteligencia operativa.
Benítez puntualizó:
“…actuar con inteligencia con asunto de causa, hacer seguimientos bien y si van a capturar a alguien compruebas que ya hayan hecho un trabajo previo de investigación policíaca.”
Los casos documentados mantienen abierta la discusión sobre protocolos, supervisión y responsabilidades dentro de la Guardia Nacional.
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