Abogado de excontralmirante cuestiona cateo a bodega: dice que no hallaron documentos de seguridad nacional
Epigmenio Mendieta, abogado del excontralmirante Fernando N., investigado por presunto huachicol fiscal, cuestionó los avances difundidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que el cateo a una bodega, presentado recientemente como parte de las investigaciones, ocurrió en febrero de este año, aproximadamente siete meses antes de que se difundiera.
Durante una entrevista con UnoTV, Mendieta sostuvo que en la diligencia no se encontraron documentos con las características de “gran valor” o de “seguridad nacional” referidas por la Fiscalía. De acuerdo con el abogado, el acta correspondiente al cateo no registra documentos de ese tipo.
El litigante también afirmó que los documentos que supuestamente dan cuenta de cambios dentro de la estructura investigada no están firmados, propuestos ni elaborados por Fernando N. ni por Manuel Roberto, por lo que cuestionó que se les atribuya su autoría.
Abogado cuestiona que dos marinos puedan dirigir todo el entramado
Mendieta señaló que, de acuerdo con lo expuesto en la investigación a la que hizo referencia durante la entrevista, el entramado involucraría a una empresa paraestatal, a empresarios con concesiones para la importación de hidrocarburos, agentes aduanales, a empresarios con concesiones para explotar muelles, transportistas y gasolineros.
Ante ello, consideró que dos marinos (Fernando N. y Manuel Roberto N.) de mando medio no tendrían capacidad para dirigir por sí solos una estructura de esa complejidad, tanto en su parte logística como económica y operativa.
El abogado sostuvo además que, si Fernando N. o Manuel Roberto N. elaboraron o falsificaron oficios, presionando a servidores públicos o dando instrucciones para designar funcionarios, la Fiscalía debería presentar elementos como llamadas, mensajes de WhatsApp o publicaciones que acrediten esas acciones.
“Dentro de este entramado tan grande”, dijo Mendieta, a sus defendidos solamente se les atribuye un eslabón, el cual, afirmó, no ha sido acreditado.
Defensa pide que Rafael Ojeda declare
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el testimonio del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
Mendieta aseguró que la defensa de Fernando N. lo ha citado para que declare, pero sostuvo que hasta el momento no ha sido localizado o que la Fiscalía afirma desconocer dónde se encuentra.
El abogado consideró que Ojeda es una persona relevante para aclarar la situación, debido a que, según explicó, existen procedimientos específicos para trasladar a una persona de la Marina a la Agencia Nacional de Aduanas y estos movimientos requieren la firma del secretario de Marina.
También señaló que su cliente ha enviado cartas a la presidenta de la República para pedir su intervención y que el exsecretario de Marina sea citado a declarar.
Abogado habla de más de 100 personas y 42 funcionarios
El defensor afirmó que dentro de la carpeta de investigación hay más de 100 personas y numerosas empresas relacionadas con los hechos.
Sin embargo, cuestionó que actualmente sólo se presente a los hermanos Farías como responsables de la organización criminal. A su juicio, la operación descrita requeriría la participación de diversas instituciones.
Mendieta dijo haber realizado un recuento en el que identifica 42 funcionarios de siete distintas dependencias que, según su planteamiento, estarían involucrados en los diferentes procedimientos necesarios para una operación de esta naturaleza.
Entre las instituciones que mencionó se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, además de las áreas relacionadas con los permisos de importación.
El abogado sostuvo que cada uno de esos procedimientos debería dejar una trazabilidad que permitiera determinar quién intervino y qué acciones realizó.
Mendieta acusa una “justicia selectiva”
A lo largo de la entrevista, el abogado cuestionó que la investigación se concentre en sus defendidos y acusó que existe una “justicia de carácter selectivo”.
Mendieta argumentó que existe una urgencia por señalar a determinados responsables pese a que, según recordó, el juicio todavía no ha comenzado.
También sostuvo que, mientras la investigación habla de una estructura amplia, actualmente la narrativa se concentra en los hermanos Zavíez como responsables de los hechos.
Al ser cuestionado sobre el nivel más alto que alcanzarían los 42 funcionarios que mencionó, respondió que se trataría de secretarios de Estado. Según su planteamiento, una operación de esa naturaleza no podría ocurrir sin que los titulares de las dependencias estuvieran enterados.
El abogado concluyó que, desde su perspectiva, se trata de una investigación en la que los responsables ya fueron elegidos y cuestionó que el huachicol fiscal continúe existiendo en el país.
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