Mafia rumana: así operó la red que convirtió los cajeros de México en su negocio criminal
Durante años, cientos de cajeros automáticos instalados en algunos de los destinos turísticos más visitados de México funcionaron como la pieza central de un esquema criminal que, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y diversas organizaciones periodísticas internacionales, permitió el saqueo de aproximadamente mil 200 millones de dólares entre 2014 y 2019.
La organización, identificada por autoridades e investigadores como la llamada banda de la Riviera Maya o Mafia Rumana, es señalada como una estructura encabezada por el ciudadano rumano Florian Tudor, alias el “Tiburón”, quien presuntamente construyó en México una red dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, fraude financiero, lavado de dinero y operaciones empresariales bajo investigación.
De acuerdo con diversas organizaciones como InSight Crime y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el grupo desarrolló una estructura criminal que extendió sus operaciones desde Quintana Roo hacia diversos países de América, Europa y Asia.
El negocio detrás de los cajeros
Las pesquisas de la UIF ubican en el centro de la operación a Top Life Servicios S.A. de C.V., una empresa creada en diciembre de 2013 en Quintana Roo por Adrian Constantin Tiugan.
Según la documentación citada por MCCI, Tiugan era buscado internacionalmente por su presunta participación en esquemas de saqueo de cajeros automáticos en Italia y el Vaticano. La misma investigación señala que constituyó la empresa utilizando un permiso migratorio expedido a nombre de Paul Daniel Ionete, identificado como un delincuente rumano dedicado al tráfico de drogas cuya identidad habría sido usurpada.
El 1 de marzo de 2014, Top Life firmó un contrato con Banco Multiva para colocar cajeros automáticos en distintos puntos del país.
Para 2017, de acuerdo con la investigación conjunta publicada por MCCI, Quinto Elemento Lab y Rise Project, la empresa operaba más de 100 cajeros automáticos con la marca Multiva distribuidos en la Riviera Maya y otros centros turísticos mexicanos.
Un exintegrante de la organización que posteriormente colaboró con la fiscalía rumana describió el funcionamiento del sistema. Según su testimonio, cada cajero alterado copiaba en promedio mil tarjetas al mes. Posteriormente, los integrantes de la red realizaban retiros de alrededor de 200 dólares por tarjeta clonada.
“Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. Veinte millones de dólares retirados cada mes”, declaró el testigo citado en la investigación.
Un esquema internacional
Las investigaciones periodísticas documentaron que la red no se limitaba al territorio mexicano. Según la investigación publicada el 3 de junio, las tarjetas clonadas en centros turísticos de México eran utilizadas para retirar dinero en otros países.
Los llamados pullers, identificados por InSight Crime como los encargados de extraer efectivo y colocar dispositivos en cajeros, operaban tanto en México como en el extranjero. Además, señala actividad vinculada con Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
InSight Crime sostiene que la organización representaba un caso atípico dentro del panorama criminal de América Latina. A diferencia de otras estructuras europeas que suelen operar mediante intermediarios dedicados al tráfico internacional de drogas, el grupo encabezado por Tudor estableció su centro de operaciones en México y construyó una estructura propia apoyada en alianzas locales.
La organización también fue vinculada por esa fuente con actividades de tráfico sexual y extorsión.
Millones de dólares bajo investigación
Las investigaciones financieras revelaron el tamaño de las operaciones económicas atribuidas al grupo. Según la UIF, las transacciones identificadas incluyen operaciones por 23 millones de dólares dentro de México, transferencias internacionales por 24 millones de dólares y movimientos mediante cheques y transferencias interbancarias por aproximadamente 231 millones de dólares.
La misma institución documentó transferencias de recursos hacia cuentas de familiares, amigos y empresas relacionadas con integrantes de la organización.
De acuerdo con la UIF, existen indicios de que esos movimientos fueron utilizados para adquirir bienes inmuebles en México y en otros países, mecanismo que estaría siendo investigado como una posible vía para lavar recursos provenientes del fraude bancario.
La investigación también identificó al menos ocho empresas con sede en México y una en Rumania involucradas en operaciones financieras entre sí.
Por otra parte, otra investigación reportó que, en 2015, Adrián Ninel Enachescu, hermanastro de Tudor, creó una empresa en Delaware, Estados Unidos, con oficinas en Nueva York y San Francisco. Según ese trabajo periodístico, la firma presuntamente era utilizada para transferir dinero desde cuentas estadounidenses hacia miembros de la organización en México y Rumania.
La protección que permitió operar
Una de las líneas de investigación más sensibles gira en torno a los presuntos vínculos políticos y de protección institucional. InSight Crime señala que el éxito de la organización estuvo asociado a una extensa red de contactos políticos y funcionarios que habrían brindado protección durante años.
Información de inteligencia citada en medios nacionales menciona entre los presuntos vinculados al grupo a José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado del Partido Verde, así como a dos exgobernadores de Quintana Roo.
También surgieron señalamientos relacionados con René Bejarano. De acuerdo con InSight Crime, el entonces aspirante a diputado federal reconoció públicamente el 9 de febrero de 2021 que conocía a personas vinculadas con el grupo, aunque aseguró haber roto cualquier relación cuando tuvo conocimiento de actividades ilícitas.
Asimismo, durante 2020 aparecieron reportes sobre posibles vínculos de funcionarios del Ministerio Público con la protección de la organización.
El FBI, la UIF y la FGR
Las investigaciones contra la red avanzaron simultáneamente en México, Estados Unidos y Rumania. MCCI documentó que el 10 de febrero de 2020 el FBI solicitó formalmente a la UIF colaboración para rastrear propiedades y movimientos financieros relacionados con Florian Tudor, Adrián Constantin Tiugan y Adrián Ninel Enachescu.
El FBI siguió la pista de la organización a partir de denuncias presentadas por ciudadanos estadounidenses que reportaron robos sufridos en cajeros automáticos durante sus vacaciones en México.
La cooperación internacional también incluyó contactos entre la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades rumanas. Un oficio citado por MCCI señala que funcionarios mexicanos fueron convocados a una reunión en Bucarest en mayo de 2019 para coordinar esfuerzos relacionados con la investigación. Por su parte, la FGR mantiene diversas carpetas de investigación vinculadas con la organización.
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