La llegada de Mónica Soto al Gobierno federal sería un “desdén a la Constitución”, advierte especialista
La salida de Mónica Soto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no sólo dejará una nueva vacante en el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, sino que ha abierto una serie de especulaciones sobre su futuro profesional, entre ellas una posible incorporación al Servicio Exterior Mexicano.
Para Arturo Espinosa , fundador y director de Laboratorio Electoral, ese escenario enfrenta restricciones constitucionales y llega en un momento que considera delicado para la institución.
Una salida anticipada que genera cuestionamientos
La Comisión Permanente del Congreso aprobó la renuncia de Soto, que surtirá efectos a partir del 31 de agosto de 2026. La magistrada argumentó motivos personales y el cumplimiento de compromisos asumidos con su familia tras casi tres décadas de trayectoria en la justicia electoral.
Sin embargo, Espinosa consideró que la decisión deja abiertos diversos cuestionamientos sobre el papel de la magistratura electoral y el momento en que ocurre la separación del cargo.
“Creo que es una situación lamentable, la magistrada decidió dejar su cargo antes de que los periodos para los cuales le extendieron el plazo concluyeran, mismos periodos que además, hay que decir, ella aceptó”, dijo Espinosa, en entrevista con Uno TV.
El director del Laboratorio Electoral recordó que el nombramiento original de Soto concluía en noviembre de 2025 y que, posteriormente, aceptó las ampliaciones de mandato aprobadas para los integrantes del Tribunal. Según explicó, la salida anticipada vuelve a dejar incompleta la integración de la Sala Superior.
“Primero, porque concluye su cargo anticipadamente y deja al tribunal una vez más incompleto, de por sí ya estaba la vacante que dejó Janine Otálora Malassis por la conclusión de su cargo y ahora hay otra vacante, hay cinco de las siete magistraturas”, señaló.
¿Puede incorporarse al Servicio Exterior Mexicano?
Uno de los temas que surgieron tras el anuncio de la renuncia fue la posibilidad de que Soto pudiera integrarse al Servicio Exterior Mexicano o asumir algún otro cargo dentro de la administración pública federal.
Para Espinosa, la Constitución establece restricciones que vuelven poco viable esa posibilidad en el corto plazo.
“El artículo 98 de la Constitución habla de que no puede ocupar un cargo público en la Administración Pública Federal, al menos dentro de los dos años siguientes a que dejara el cargo; entonces, honestamente, eso lo veo poco factible y si lo llegan a hacer me parecería ya una desfachatez, un total desdén de respeto a la Constitución”, argumentó.
El especialista sostuvo que no observa condiciones para una incorporación inmediata al servicio público federal, aunque no descartó esa posibilidad en un plazo posterior.
“En un futuro inmediato no lo veo viable, o sea, si lo llegan a hacer creo que ya sería una afrenta a la Constitución muy grande, todo puede pasar hoy en día, pero no descartaría en un futuro, después de dos años, digamos, después de las elecciones judiciales, una cuestión así, verla en algún otro cargo de la Administración Pública Federal incluyendo el Servicio Exterior”, opinó.
El debate sobre las causas graves de la renuncia
La Constitución establece que las renuncias de magistradas y magistrados del Tribunal Electoral sólo proceden por causas graves.
Para Espinoza, uno de los aspectos que genera preocupación es que, a su juicio, no se expuso una causa de esa naturaleza para justificar la separación del cargo.
“Es un cargo prácticamente irrenunciable, sólo se puede renunciar por causas graves y ella no expone ninguna causa grave, ninguna causa que amerite realmente la renuncia del cargo”, compartió.
A su consideración, la forma en que se concretó la salida envía señales que impactan la percepción sobre la función jurisdiccional electoral.
“También me parece que habla de la poca seriedad que le dan a la función electoral, a la función jurisdiccional electoral y a la investidura que implica la magistratura electoral”, afirmó.
Una nueva vacante antes del proceso electoral
La renuncia ocurre semanas antes del inicio de un nuevo proceso electoral y cuando la Sala Superior ya operaba con una vacante previa.
De acuerdo con Espinoza, el criterio vigente impediría aplicar el mecanismo de sustitución previsto para cargos obtenidos mediante voto popular, debido a que ni Soto ni Janine Otálora llegaron al cargo por esa vía.
“Creo que se quedará vacante y esto desde luego, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la certeza y la legalidad del proceso electoral, pues debilita al tribunal y debilita a las elecciones mismas”, indicó.
Y añadió que la reducción en el número de integrantes también tiene implicaciones en la dinámica interna del órgano. “Me parece que desde el punto de vista del oficialismo les da un mayor margen de control sobre el tribunal electoral”.
El precedente que deja la renuncia
Más allá de la vacante y de las especulaciones sobre el futuro de Soto, Espinosa consideró que el principal efecto de la decisión está en el precedente que podría dejar para futuras magistraturas.
“Están demeritando el cargo, están haciendo menos al cargo, ya no es un cargo de altísima responsabilidad que es irrenunciable, salvo por alguna causa grave, ya es un cargo que se convierte en un trampolín más, que se convierte en una moneda de cambio político”, afirmó.
Cuando se le preguntó si era necesario endurecer los mecanismos legales para evitar casos similares, rechazó que el problema radique en la normatividad.
“No, yo no creo que sea una cuestión de falta de previsiones legales o constitucionales, yo creo que es una cuestión de la ética y la integridad de las personas que están en esos cargos y las personas que designan para esos cargos”, sentenció.
El reto de recuperar legitimidad
Para el director del Laboratorio Electoral, la prioridad para el TEPJF será fortalecer la confianza institucional y preservar su autonomía ante un contexto que considera complejo para la credibilidad del órgano.
“Considero que el tribunal debería de buscar cuidar su independencia, su autonomía y, sobre todo, trabajar en relegitimar a la institución, porque creo que es una institución que ha sido muy golpeada, muy deslegitimada, muy desprestigiada a partir de la actual de las magistraturas que lo integran”.
Y concluyó: “Si realmente les interesa la institución deberían de trabajar en aras de fortalecer esta institucionalidad, esta legitimidad y demostrar que realmente son independientes y que realmente es un órgano jurisdiccional autónomo”.
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