Nuevo decreto de transparencia no cambia reglas en acceso a la información
La excomisionada del extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Julieta del Río Venegas, aseguró que el nuevo decreto en materia de transparencia no introduce cambios sustanciales en el acceso a la información pública en México, ya que las principales medidas anunciadas por el Gobierno federal ya estaban contempladas tanto en la Constitución como en la Ley General de Transparencia.
En entrevista para A las Nueve en Uno, explicó que principios como la máxima publicidad, la transparencia proactiva y la publicación de contratos públicos forman parte del marco legal vigente desde hace años.
A su juicio, el nuevo decreto únicamente modifica aspectos operativos de la transparencia, como la periodicidad con la que algunas entidades de México deben actualizar información, sin resolver los problemas de fondo del nuevo modelo.
La excomisionada también criticó la desaparición del INAI y la creación de Transparencia para el Pueblo, al considerar que el nuevo esquema concentra únicamente la supervisión del Poder Ejecutivo Federal y deja la vigilancia del resto de las instituciones en manos de autoridades internas, lo que, dijo, reduce la autonomía que existía en el sistema anterior.
Preocupaciones con Transparencia para el Pueblo
Respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia, Julieta Del Río rechazó que el sistema hubiera dejado de funcionar antes de la desaparición del INAI. Sostuvo que la plataforma fue entregada completamente operativa y atribuyó los problemas actuales a la transición administrativa y a las modificaciones realizadas posteriormente. Incluso señaló que la interfaz actual dificulta la búsqueda de información para los ciudadanos.
Otro de los puntos que consideró preocupantes fue el aumento de las causales para reservar información pública. Explicó que la nueva legislación amplió los supuestos bajo los cuales una dependencia puede negar el acceso a documentos, incorporando conceptos que calificó como ambiguos, por ejemplo cuando se argumenta una posible afectación a la “paz social”, lo que, afirmó, podría facilitar reservas discrecionales.
Como ejemplo, mencionó casos recientes relacionados con Pemex, donde se reservaron auditorías internas, así como información sobre la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez. En ambos casos sostuvo que debieron entregarse versiones públicas para garantizar el derecho ciudadano a conocer información de interés público.
Consejos para acceso a la información
Finalmente, hizo un llamado a que los ciudadanos continúen presentando solicitudes de información y, cuando una autoridad reserve datos, exijan la denominada “prueba de daño” que justifique legalmente esa decisión.
En caso de inconformidad, recomendó agotar los recursos legales disponibles e incluso acudir al juicio de amparo cuando se considere vulnerado el derecho de acceso a la información.
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