Por qué Marx Arriaga no deja su oficina en la SEP tras su destitución

Marx Arriaga se negó a abandonar su oficina en la Secretaría de Educación Pública (SEP) luego de ser informado de su remoción como director general de Materiales Educativos. El ahora exfuncionario sostiene que permanecerá en el lugar hasta recibir un documento oficial que explique el motivo y el fundamento de su salida.
Por su parte, la SEP difundió un boletín el 13 de febrero de 2026 en el que negó que hubiera ocurrido un “desalojo” en el inmueble y rechazó versiones sobre un operativo para sacarlo por la fuerza.
¿Qué pasó el 13 de febrero?
De acuerdo con reportes públicos, personal de la SEP acudió a la oficina de Arriaga para notificarle su separación del cargo. En medio de la tensión, trascendió la presencia de elementos de seguridad; sin embargo, la dependencia aseguró oficialmente que no se realizó un desalojo.
Arriaga, por su parte, difundió su postura: no dejará el despacho sin recibir un oficio que detalle formalmente la decisión y las razones.
¿Por qué exige un documento por escrito?
El argumento de Arriaga se centra en que los actos de autoridad deben emitirse por escrito y con fundamento y motivación, conforme al artículo 16 de la Constitución. En términos prácticos, un documento formal le daría certeza sobre:
- Cuál fue la determinación de la autoridad
- Por qué se tomó,
- y qué vías de impugnación podrían proceder (según su situación laboral y administrativa).
Ojo: esto no equivale a afirmar que “no puede retirarse a nadie de una oficina” en todos los casos, sino que la actuación debe formalizarse y justificarse conforme al marco legal aplicable.
¿Qué tiene que ver la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza?
Si hubiera intervención policial, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que la fuerza debe emplearse bajo principios como necesidad, proporcionalidad y respeto a derechos humanos, y como última alternativa tras agotar otros medios.
Esto no significa, por sí mismo, que sea “ilegal” cualquier intento de retiro físico, pero sí que cualquier intervención debe evitar arbitrariedades y ajustarse a estándares de legalidad y derechos humanos.
¿Qué dice la ley sobre destituciones y sanciones?
En el servicio público existen distintas rutas para la separación de un cargo, dependiendo del tipo de nombramiento y del procedimiento (administrativo, de responsabilidades, laboral, entre otros). Por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla la destitución como una posible sanción administrativa cuando se acredita una falta y la autoridad competente la impone.
Por eso, especialistas suelen recomendar que, ante una remoción, el servidor público cuente con una notificación formal para conocer el origen del acto y, en su caso, impugnarlo.
¿Comete delito si se queda en la oficina?
El Código Penal Federal contempla supuestos de “ejercicio ilícito del servicio público” cuando una persona continúa ejerciendo funciones después de conocer una revocación, suspensión o destitución. Sin embargo, esto suele depender de hechos concretos: no es lo mismo “permanecer físicamente en un despacho” que “seguir actuando como titular” del cargo.
¿Qué puede hacer si considera irregular su separación?
En general, una persona que considera indebida su separación puede:
- Solicitar la notificación formal y fundamentos de la decisión,
- acudir a vías administrativas o laborales según corresponda a su nombramiento,
- y, si estima vulnerados sus derechos, promover un juicio de amparo, cuando proceda.
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