Revisan aguacate mexicano por combate al crimen organizado en EE.UU.
La seguridad se perfila como uno de los factores que marcarán el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos. Aunque la revisión del T-MEC continúa, representantes del sector empresarial estadounidense consideran que el combate al crimen organizado será determinante para fortalecer el comercio bilateral.
En entrevista con A las Nueve en Uno, Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico, aseguró que las inspecciones al aguacate mexicano responden a la necesidad de garantizar que las cadenas de producción y exportación no estén bajo influencia del crimen organizado.
Explicó que el objetivo es brindar condiciones seguras frente al crimen organizado para que los inspectores de Estados Unidos puedan realizar su trabajo y mantener abiertas las exportaciones de aguacates hacia ese país
Larry Rubin sostuvo que Washington no está solicitando nuevas concesiones a México, sino el cumplimiento de los acuerdos ya existentes, particularmente en materia de seguridad.
Señaló que cualquier cadena de valor destinada al mercado estadounidense debe operar libre de extorsiones o intervención de grupos criminales, tanto para proteger a productores mexicanos como a consumidores estadounidenses.
Buscan un acuerdo bilateral en seguridad
El empresario explicó que los inspectores suspendieron temporalmente sus actividades porque no existían condiciones de seguridad suficientes para desempeñar sus funciones.
Subrayó que ninguna persona debería poner en riesgo su vida para realizar labores de inspección, independientemente de su nacionalidad.
Como parte de esta estrategia, American Society impulsa la creación del Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC), una propuesta de acuerdo bilateral enfocada exclusivamente en la seguridad.
El objetivo sería establecer mecanismos permanentes de coordinación entre ambos gobiernos para combatir al crimen organizado respetando la soberanía de cada país y fortaleciendo el Estado de derecho.
Finalmente, Larry Rubin afirmó que la legislación migratoria de Estados Unidos requiere modificaciones por parte del Congreso estadounidense. Consideró que las acciones de las autoridades migratorias responden al marco legal vigente, aunque insistió en que la solución de fondo pasa por una reforma integral de las leyes migratorias.
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