Revés para estudiantes inmigrantes: ya son 21 los estados demandados por dar colegiatura de residente
El Departamento de Justicia demandó a Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington por permitir que estudiantes indocumentados paguen colegiatura de residente en universidades públicas, la misma tarifa reducida que reciben los residentes del estado.
El total de estados demandados por este mismo motivo llegó a 21 con estas cuatro demandas, presentadas el jueves 27 de agosto, según el propio Departamento de Justicia. La dependencia argumenta que esas leyes estatales violan una ley federal que prohíbe dar beneficios educativos por residencia a inmigrantes sin papeles si no se ofrece el mismo trato a cualquier ciudadano estadounidense, viva donde viva.
Esta ronda de demandas es apenas la más nueva de una ofensiva legal que el gobierno de Trump inició contra las llamadas leyes de “in-state tuition” para inmigrantes, que existen en más de una veintena de estados desde hace años. El marcador, sin embargo, no es parejo: el Departamento de Justicia ya ganó en cinco estados, perdió al menos uno y todavía espera resolución en otros doce, además de estos cuatro más recientes.
¿Qué argumenta el gobierno y cómo respondieron los estados demandados?
El subprocurador general Stanley E. Woodward Jr. dijo que Washington, Oregón, Nuevo México y Arizona “están dejando de lado a los ciudadanos e ignorando la ley federal” al otorgar colegiatura de residente a inmigrantes sin estatus legal, mientras que el procurador general asistente Brett A. Shumate lo resumió como algo simple: “las universidades no pueden dar a extranjeros ilegales beneficios que no dan a los ciudadanos estadounidenses”, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia.
La demanda contra Arizona incluye un dato concreto: más de 3,600 estudiantes indocumentados podrían calificar cada año bajo su ley, y al menos 720 ya habían recibido colegiatura de residente en el otoño de 2025.
Los tres estados que sí se pronunciaron rechazaron la demanda. La oficina de la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, defendió que el criterio de su ley “está ligado a dónde estudió y se graduó el alumno, no a su lugar de residencia”.
En tanto, el Departamento de Justicia de Oregón calificó la demanda como un ataque a “los valores y las prioridades” del estado, y la oficina de la fiscal general de Washington dijo que el gobierno federal está atacando leyes que llevan años reconociendo el potencial de todos sus residentes, sin importar su estatus, según relató Courthouse News Service. Nuevo México no ofreció una respuesta pública todavía.
¿Qué ha pasado con los otros estados demandados por lo mismo?
No todos los estados han peleado esta batalla de la misma forma, y esa diferencia importa para entender los cinco casos que el Departamento de Justicia ya dio por ganados. En Texas, Kentucky, Oklahoma y Nebraska, fueron los propios fiscales generales estatales —todos republicanos— quienes se pusieron del lado del gobierno federal y pidieron a un juez anular su propia ley, en vez de defenderla.
Illinois fue el único estado que sí litigó en serio para conservar su ley y, aun así, la perdió, cuando un juez federal la declaró inconstitucional el 25 de julio, aunque congeló su propio fallo por dos semanas para que el estado pudiera apelar, de acuerdo con Higher Ed Dive. Hasta esa fecha, Illinois solo había dicho que estaba “evaluando sus opciones”.
- Texas, Kentucky, Oklahoma y Nebraska: el propio estado pidió anular su ley; el Departamento de Justicia lo dio por ganado sin necesidad de litigar a fondo.
- Illinois: perdió tras defender su ley en corte; el fallo quedó en pausa mientras el estado decide si apela.
El Departamento de Justicia tampoco ha ganado todos sus casos: en marzo, un juez desestimó por completo la demanda contra Minnesota, según Inside Higher Ed, aunque la dependencia ha seguido litigando ese caso desde entonces y Minnesota vuelve a aparecer entre los estados con una demanda todavía activa. Junto con Minnesota, el gobierno tiene procesos pendientes contra estos otros once estados:
- Virginia
- California
- Nueva Jersey
- Kansas
- Massachusetts
- Rhode Island
- Maryland
- Colorado
- Nueva York
- Connecticut
- Vermont
¿Qué pasa con los estudiantes cuando una de estas leyes cae?
Cuando un tribunal anula la colegiatura de residente, los estudiantes inmigrantes que ya estaban inscritos no pierden su lugar en la universidad de un día para otro, pero sí enfrentan una decisión difícil de golpe.
De acuerdo con la American Immigration Council, muchos terminan reduciendo la cantidad de materias que cursan, buscan otras fuentes de ayuda financiera que no dependan de su estatus migratorio, o de plano pausan sus estudios porque no pueden cubrir de golpe la diferencia en la colegiatura.
Esa diferencia de precio explica por qué la pelea legal importa tanto para miles de familias: un estudiante que no califica como residente del estado suele pagar bastante más que uno local en cualquier universidad pública del país.
En la Universidad de Illinois en Chicago, por ejemplo, la colegiatura anual para quien no es residente del estado rondaba los 32,000 dólares en el ciclo 2024-2025, frente a poco menos de 16,000 dólares que pagaba un estudiante de Illinois ese mismo ciclo, según datos de matrícula recopilados por College Tuition Compare a partir de cifras del gobierno federal — es decir, el doble, justo el tipo de salto que ahora podrían enfrentar los estudiantes de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington si el Departamento de Justicia también gana estos casos.
Con doce demandas todavía sin resolver y un resultado mixto en los cinco casos ya cerrados, el futuro de la colegiatura de residente para estudiantes indocumentados sigue dependiendo de qué tanto esté dispuesto a pelear cada estado en los tribunales, más que de un criterio legal ya asentado.
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