Decenas de familias de militares en servicio activo terminan detenidas por el ICE pese a estar protegidas
Una investigación de The Associated Press documentó que más de 50 padres y cónyuges de militares estadounidenses en servicio activo fueron detenidos por agentes de ICE desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca.
Muchos de esos casos ocurrieron mientras las familias intentaban regularizar su estatus migratorio a través de beneficios pensados específicamente para parientes de militares. Incluso, y en al menos seis de estos casos, ya fueron deportados y uno se autodeportó.
Al menos ocho familiares directos de militares permanecen bajo custodia migratoria en este momento, de acuerdo con el conteo de AP, que el propio medio describió como el primer intento de cuantificar este tipo de detenciones porque el gobierno federal no las rastrea. El Pentágono se negó a comentar sobre los hallazgos.
¿Cómo documentó AP estos casos si el gobierno no los rastrea?
De acuerdo con AP, quien tomó como base una revisión de expedientes judiciales federales recopilados por Habeas Dockets, un proyecto de la organización Immigration Justice Transparency Initiative, la cifra real probablemente es mucho más alta que los 52 casos que logró confirmar, porque no existe una base de datos oficial sobre detenciones de parientes de militares en servicio activo.
AP pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) una postura sobre cada uno de los casos identificados. La dependencia no dio detalles individuales para la mayoría, pero precisó que, del total de personas detenidas:
- al menos siete ya habían sido expulsadas del país anteriormente
- al menos ocho ya tenían órdenes de deportación en su contra
- al menos dos contaban con condenas previas por manejar bajo los efectos del alcohol o por delitos relacionados con drogas
“DHS e ICE valoran las contribuciones de todos los que han servido en las fuerzas armadas de Estados Unidos”, señaló el DHS en un comunicado citado por AP, aunque aclaró que “el servicio militar por sí solo no otorga automáticamente estatus migratorio legal, ni exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración”.
¿Qué es la libertad condicional en el sitio y por qué ya no protege a estas familias?
La libertad condicional en el sitio (parole in place, en inglés) es uno de los beneficios migratorios que los reclutadores militares más usan como gancho para reclutar: permite que cónyuges, hijos y padres de militares en servicio activo o veteranos tramiten su estatus legal sin salir del país. No todas las personas califican, por ejemplo quienes ya vencieron una visa o presentaron una solicitud previa en la frontera.
El beneficio se implementó en 2007, durante el gobierno republicano de George W. Bush y en medio de la guerra de EE. UU. en Irak, y quedó codificado después bajo la administración demócrata de Barack Obama. Cada solicitud, sin embargo, se evalúa caso por caso dentro del propio DHS.
Bajo la actual administración, el tiempo promedio para resolver una libertad condicional en el sitio se más que duplicó, hasta los 12 meses, según datos de USCIS citados por AP. Esa demora deja a las familias más expuestas a terminar detenidas mientras esperan una respuesta, incluso durante citas migratorias que ellas mismas solicitaron para regularizarse.
¿Qué intenta hacer el Congreso para frenar estas detenciones?
El representante demócrata Gil Cisneros, veterano de la Armada y exsubsecretario de Defensa para Personal y Preparación, presentó en enero el proyecto de ley PROTECT Military Families Act junto con la senadora Tammy Duckworth y el representante Salud Carbajal, con el fin de obligar al DHS a otorgar la libertad condicional en el sitio a cónyuges, viudos, padres e hijos de militares en servicio activo o veteranos que califiquen para el beneficio.
La propuesta, identificada como H.R. 6958, solo permitiría negar esa protección si los secretarios de Seguridad Nacional, Defensa y Asuntos de Veteranos firman de manera conjunta una justificación por escrito. Cisneros, integrante del Caucus Hispano del Congreso, defendió la iniciativa señalando que los militares y veteranos “dedicaron su vida a proteger los valores y las libertades” del país y que, por eso, es justo ofrecer también una vía para proteger a sus familias, según la oficina del legislador.
La senadora Tammy Duckworth fue más dura en su señalamiento. Acusó a la administración Trump de atacar a militares, veteranos y sus seres queridos, y advirtió que “no hay mayor traición” a estos héroes que deportar a un familiar suyo, de acuerdo con el comunicado conjunto de ambos legisladores.
Según el expediente legislativo oficial, hasta su más reciente actualización, el 23 de junio, la propuesta seguía turnada al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, sin fecha fijada para una votación.
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