Nueva York, en la mira de Trump por un beneficio universitario para inmigrantes que ya tumbó en otros cinco estados
El Departamento de Justicia (DOJ) demandó el pasado 10 de agosto a Nueva York, Connecticut y Vermont por otorgar la colegiatura de residente estatal —y en algunos casos ayuda financiera— a estudiantes universitarios que viven en el estado sin importar su estatus migratorio.
Con estas tres demandas, la dependencia ya suma 17 litigios en todo el país contra ese mismo tipo de programas, según su propio comunicado. La ley de Nueva York que ahora está bajo ataque legal existe desde 2002.
El propio Departamento de Justicia presume un historial reciente a su favor. En cinco estados —Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois— logró que jueces federales declararan inconstitucionales leyes prácticamente idénticas y las bloquearan de forma permanente. Nueva York tiene una comunidad inmigrante mucho más numerosa que esos estados, y todavía no está claro si seguirá el mismo camino o logrará resistir en la corte.
¿Qué le pide el Departamento de Justicia a la corte?
Según la demanda difundida por el Departamento de Justicia, el gobierno federal busca que un juez frene la aplicación de las leyes de los tres estados que obligan a las universidades públicas a cobrar la tarifa de residente a cualquier persona que viva ahí, sin exigir un estatus migratorio específico. También pide frenar los programas de ayuda financiera y becas estatales disponibles para inmigrantes sin papeles.
El argumento central del gobierno es que esas leyes discriminan a los estudiantes con ciudadanía estadounidense que viven fuera del estado, porque un joven de otra entidad paga la colegiatura más alta aunque sea ciudadano, mientras un residente sin papeles del mismo estado accede a la tarifa reducida.
Sin embargo, tanto Nueva York como Connecticut y Vermont ofrecen esa misma tarifa a cualquier estudiante, ciudadano o no, que cumpla los requisitos de residencia estatal, de acuerdo con un análisis de NOTUS.
“El Congreso dejó claro hace tiempo que los estados no pueden poner a los inmigrantes sin estatus legal por encima de los propios ciudadanos de la nación”, dijo el fiscal general adjunto Stanley Woodward en el comunicado oficial. “Al otorgarles colegiatura de residente, Nueva York, Vermont y Connecticut están haciendo justamente eso. Se acabó”, agregó, y señaló que con estas demandas el gobierno ya cubrió a todos los estados del Segundo Circuito judicial que ofrecen ese beneficio.
“Es un asunto simple de ley federal”, dijo por su parte Brett Shumate, subsecretario de Justicia a cargo de la División Civil. “Las universidades no pueden dar beneficios a inmigrantes sin estatus legal que no ofrecen a los ciudadanos estadounidenses. Este Departamento de Justicia no va a tolerar que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país”.
¿Por qué Nueva York podría correr la misma suerte que otros cinco estados?
Bajo la gestión del fiscal general Todd Blanche, cinco demandas similares ya terminaron en victorias para el gobierno federal:
- Texas, donde una corte de apelaciones del Quinto Circuito respaldó la orden que tumbó el programa.
- Kentucky y Oklahoma, con órdenes judiciales que declararon inconstitucionales sus leyes de colegiatura reducida.
- Nebraska, con un resultado similar.
- Illinois, el caso más reciente, donde el juez David Dugan invalidó, el 24 de julio pasado, tanto la ley RISE como el DREAM Act estatal por considerarlas contrarias a la ley federal.
Al menos en el caso de Nebraska, la disputa ni siquiera llegó a juicio: el propio fiscal general del estado se sumó a una propuesta conjunta con el Departamento de Justicia para anular la ley, según el comunicado oficial de la dependencia.
A nivel nacional, alrededor del 2.4% de los estudiantes universitarios en EE. UU. no tienen estatus migratorio legal, y casi el 28% de ellos tiene o podría calificar para el programa DACA, según un informe del Higher Ed Immigration Portal.
Nueva York, sin embargo, no está en la misma posición que esos estados. Los sistemas universitarios SUNY y CUNY no habían respondido públicamente a la demanda hasta el cierre de esta nota, de acuerdo con NOTUS.
¿A quién beneficia realmente la ley de Nueva York?
La discusión legal se centra en dos leyes distintas. La primera, vigente desde 2002, permite que cualquier estudiante que cumpla los requisitos de residencia —incluidos quienes no tienen estatus migratorio legal— pague la colegiatura de residente en las universidades públicas SUNY y CUNY.
La segunda es el Senador José Peralta New York State DREAM Act, aprobado en 2019, que además abre el acceso a ayuda financiera estatal como el Tuition Assistance Program y la Beca Excelsior.
Según la Corporación de Servicios de Educación Superior de Nueva York (HESC), la agencia estatal que administra esos apoyos, para calificar el estudiante debe haber cursado al menos 2 años de preparatoria en Nueva York o haber obtenido el certificado de equivalencia (GED), inscribirse en una universidad del estado dentro de los 5 años posteriores a graduarse, y tener su domicilio permanente en la entidad.
Ni la ciudadanía ni un estatus migratorio específico son requisito para acceder a esa tarifa, ya que la ley exige el mismo criterio de residencia que aplica a cualquier otro solicitante.
El precedente más cercano para Nueva York es el de Texas, donde una ley similar aprobada con apoyo bipartidista en 2001 terminó bloqueada tras la demanda federal. Nueva York, mientras tanto, ya había defendido otros beneficios para su población inmigrante frente a la presión federal, como ocurrió cuando el estado mantuvo la cobertura médica para inmigrantes pese a los recortes federales.
Mientras el litigio avanza, estudiantes y familias indocumentadas en el estado no pierden el beneficio de forma automática, porque la colegiatura de residente y la ayuda financiera se mantienen vigentes hasta que un juez federal decida lo contrario. La incertidumbre, sin embargo, se suma a la de otros trámites que ya generan dudas entre la comunidad inmigrante en Nueva York, como la obtención de una licencia de conducir para quienes no tienen papeles.
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