Regla de carga pública: la fecha límite del 18 de septiembre y qué beneficios pueden costarte la residencia
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fijó el 18 de septiembre de 2026 como la fecha límite para un cambio de fondo en la regla de carga pública, el criterio con el que un oficial de inmigración decide si alguien que pide la residencia permanente podría depender del gobierno en el futuro y, por eso, negarle la Green Card.
La versión que entra en vigor ese día es mucho más amplia que la que rige desde 2022. A partir del 18 de septiembre, el oficial podrá evaluar caso por caso casi cualquier factor económico del solicitante, y ya no sólo dos categorías puntuales.
La medida quedó publicada en el Federal Register el 20 de julio pasado, dentro del expediente USCIS-2025-0304.
Lo que todavía no está resuelto es cuánto pesará cada beneficio recibido en el pasado dentro de esa evaluación más amplia, porque la nueva norma no entrega una lista cerrada de programas que automáticamente descalifiquen a un solicitante.
¿Qué cambia exactamente a partir del 18 de septiembre?
Desde 2022, la carga pública sólo se activaba si un inmigrante recibía asistencia en efectivo para mantenerse o pasaba largas temporadas internado con fondos públicos, por ejemplo en una institución de cuidados prolongados.
La nueva regla elimina esas dos categorías fijas y devuelve el criterio de la “totalidad de las circunstancias”, es decir, el oficial puede tomar en cuenta, entre otros elementos, la edad, la salud, los ingresos, la educación y los antecedentes de beneficios recibidos, según los factores que marca la ley migratoria para este tipo de evaluación.
De acuerdo con el Federal Register, la fecha límite aplica de forma distinta según el trámite. Las solicitudes de admisión presentadas el 18 de septiembre o después, y los ajustes de estatus matasellados o enviados electrónicamente desde ese día, ya se revisarán con el criterio ampliado. Los beneficios recibidos antes de esa fecha seguirán evaluándose con la regla de 2022, la más limitada.
La norma también endurece las condiciones para quienes ya pagaron un bono de carga pública, el mecanismo que permite entrar o ajustar el estatus pese a un riesgo de carga pública a cambio de una garantía económica. A partir del 18 de septiembre, recibir cualquier beneficio con requisito de bajos ingresos mientras el bono sigue vigente rompe automáticamente esa garantía, según el propio texto de la regla. Antes, la ruptura del bono dependía de una revisión más flexible caso por caso.
¿Qué beneficios pueden pesar en la decisión de un oficial migratorio?
Hasta el momento, el documento no ofrece una lista cerrada y automática de beneficios descalificantes. Sí dedica varios apartados a discutir el posible impacto de programas como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), el programa WIC para mujeres embarazadas y niños pequeños, los almuerzos escolares subsidiados y la cobertura médica prenatal, según el índice de la norma publicada en el Federal Register, aunque ese apartado responde sobre todo a preocupaciones planteadas por comentarios públicos sobre el efecto disuasorio de la medida, no a una lista oficial de programas que se contarán en automático.
Bajo el nuevo criterio de la totalidad de las circunstancias, el oficial migratorio puede considerar el uso de programas públicos junto con otros factores como el ingreso familiar, la edad o el nivel de estudios, sin que ningún elemento sea determinante por sí solo.
Esta es la misma incertidumbre que generó el primer anuncio de julio, cuando el DHS confirmó que rescindiría la norma de 2022 y surgieron las primeras dudas sobre qué beneficios podrían jugar en contra de un solicitante. Con la fecha límite ya a la vista, esas dudas se vuelven más urgentes para quienes deben decidir en las próximas semanas.
¿Quiénes quedan fuera de esta evaluación?
No todos los trámites migratorios pasan por el filtro de carga pública. Según el Manual de Políticas de USCIS, quedan exentos, entre otros grupos:
- Asilados y refugiados
- Solicitantes de la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés)
- Beneficiarios de visas U y T para víctimas de delitos y de trata de personas
- Menores inmigrantes especiales
- Solicitantes del Estatus de Protección Temporal (TPS)
En estos casos, el oficial migratorio ni siquiera aplica la prueba de carga pública, sin importar qué beneficios haya recibido la persona en el pasado.
Quienes ya tienen en trámite su ajuste de estatus enfrentan una decisión práctica antes del 18 de septiembre, sobre todo porque los tiempos de procesamiento migratorio ya venían alargándose, como ocurre con quienes esperan más de un año solo para renovar su Green Card.
Antes de decidir si conviene adelantar los documentos o esperar, conviene revisar con un abogado de inmigración qué beneficios ha recibido cada integrante de la familia: bajo la regla de 2022, el Medicaid que reciben los hijos nacidos en EE. UU. no se contaba en el trámite migratorio de sus padres, aunque conviene confirmar con un especialista si ese mismo criterio se mantiene bajo la norma que entra en vigor el 18 de septiembre.
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