70 mil millones aprobados para ICE y la Patrulla Fronteriza: cómo se distribuirán los recursos en Texas, California y Florida
El Congreso destinó esta primavera cerca de 70 mil millones de dólares adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, aprobados mediante el proyecto de ley S.2 y disponibles hasta el cierre del año fiscal 2029. El dinero se suma a los 170 mil millones de dólares que el Gobierno federal ya había destinado el año pasado a través de la ley conocida como “One Big Beautiful Bill”, según documentó American Immigration Council.
Lo relevante no es solo el monto, sino que el destino final del gasto ya empieza a verse en el terreno, y de forma muy distinta según el estado. Mientras Texas reactiva y amplía su infraestructura de detención, Florida acaba de desmontar uno de sus centros más mediáticos apenas un año después de abrirlo.
¿En qué se está gastando el dinero a nivel federal?
El reparto nacional que hizo público American Immigration Council divide los 70 mil millones de dólares en cuatro bloques principales.
- ICE recibe 38 mil 200 millones de dólares para contratar y equipar personal, sostener el transporte de detención y remoción, y ampliar los llamados acuerdos 287(g) con policías locales y estatales.
- La Patrulla Fronteriza (CBP) recibe 26 mil millones de dólares para contratar agentes, mejorar tecnología de vigilancia e inspección y reforzar la revisión de menores no acompañados.
- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibe 5 mil millones de dólares de uso discrecional, un fondo que ya generó críticas el año pasado por usarse, entre otras cosas, para pagar salarios de empleados durante un cierre de gobierno.
- El Departamento de Justicia recibe mil 500 millones de dólares para procesos de aplicación de las leyes migratorias.
Lance Schroyer, nominado por Trump para dirigir ICE, sería quien administre la porción más grande de ese presupuesto, la destinada a detención y remociones, si el Senado lo confirma.
¿Cómo aprovechan Texas y Florida la nueva capacidad de detención?
Texas concentra la mayor población de detenidos migratorios del país, con 17 mil 908 personas bajo custodia de ICE al 2 de abril de 2026, muy por encima de Luisiana, California y Florida, según datos oficiales del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC).
Fue, además, el primer estado en mostrar en qué se traduce el nuevo financiamiento. ICE reactivó dos centros de detención familiar que había cerrado antes: el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, con capacidad para 2 mil 400 personas, y el Centro de Procesamiento de Karnes, con 830 camas.
La reapertura ocurre en paralelo a la ley estatal SB4, vigente desde el 29 de mayo, que autoriza a la policía estatal y local a detener a personas sospechosas de haber cruzado la frontera sin documentos.
Florida, en cambio, mostró el otro extremo del mismo modelo de gasto acelerado. El centro de detención construido en los Everglades y apodado “Alligator Alcatraz” abrió en julio de 2025 como instalación temporal y fue cerrado por el gobernador Ron DeSantis antes de que arrancara la temporada de huracanes de este año, tras trasladar a todos los detenidos a otras instalaciones.
Según DeSantis, por ese centro pasaron 21 mil personas antes de su cierre, aunque la instalación enfrentó demandas y denuncias de organizaciones de derechos humanos por condiciones de hacinamiento y calor extremo, de acuerdo con CBS News Miami.
¿Qué pasa en California, un estado marcado como “no cooperante”?
California representa un caso distinto porque buena parte de su territorio figura en la lista de “jurisdicciones santuario” que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera poco colaborativas con la aplicación de leyes migratorias.
La nueva ley de financiamiento incluyó una partida de 350 millones de dólares para que ICE concentre operativos precisamente en ciudades y estados que el propio DHS defina como “no cooperantes”, una categoría que agrupa a lugares sin acuerdos 287(g) con la agencia.
La paradoja, documentada por SF Standard, es que California recibió en 2024 más de 59.4 millones de dólares a través de un programa federal de reembolso por detener a inmigrantes en sus cárceles estatales, más que cualquier otro estado, pese a que la ley conocida como California Values Act limita desde 2017 la cooperación de la policía local con las autoridades migratorias.
Ese contraste entre la política declarada del estado y el flujo real de dinero federal es, hasta ahora, uno de los puntos menos explicados del nuevo paquete de gasto. Ciudades como Atlanta o Seattle han optado por un camino similar al declarar que no colaborarán con ICE durante eventos masivos este verano.
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