Nueva York quiso blindarse del ICE con una nueva ley, pero ahora enfrenta una ola de demandas
Una nueva ley de Nueva York terminó enredada en una ola de demandas federales apenas unos días después de entrar en vigor, aunque buscaba justamente lo contrario: blindar a la policía local de cualquier obligación de colaborar con el ICE.
15 alguaciles de distintos condados del estado demandaron a la gobernadora Kathy Hochul y a la fiscal general Letitia James el pasado 25 de agosto, el mismo día en que la norma terminó de aplicarse a todas las agencias locales.
La ley les prohíbe a policías, alguaciles y cárceles del estado firmar acuerdos formales con agencias federales de inmigración para detener a alguien solo por su estatus migratorio, y también bloquea arreglos similares que cumplan la misma función sin que exista un contrato de por medio. Los alguaciles que ahora demandan argumentan que, como funcionarios elegidos de forma independiente, nadie en Albany puede decirles con quién coopera su oficina.
“Nueva York nunca será un santuario para criminales”, dijo Hochul al defender la ley, aunque aclaró que la policía local solo ayudará al ICE cuando de por medio haya un delito real, no en casos migratorios civiles, según la transcripción oficial publicada por la Oficina de la Gobernadora.
¿Qué prohíbe exactamente la ley y de dónde salió?
La disposición que prohíbe estos acuerdos, conocida como Local Cops, Local Crimes, forma parte de un paquete de leyes migratorias, entre ellas la Dignity Not Detention Act y la New York for All Act, que Hochul firmó el 28 de mayo de 2026 dentro del presupuesto estatal para el año fiscal 2027, según un comunicado de la Oficina de la Gobernadora.
Todas las agencias con acuerdos vigentes con el ICE tuvieron hasta el 25 de agosto para darlos por terminados, de acuerdo con un comunicado posterior de la misma oficina.
Antes de esta ley, solo uno de los 62 condados que tiene Nueva York mantenía un convenio formal de este tipo, y 53 nunca habían firmado uno; para cuando la norma entró en vigor, la cifra de agencias con acuerdo activo había subido a 12, según ese mismo comunicado.
La ley firmada en mayo, además de prohibir esos convenios, incluye otras restricciones, de acuerdo con el comunicado oficial de la firma:
- Prohíbe que los gobiernos locales paguen por construir, ser dueños u operar un centro de detención migratoria
- Prohíbe usar personal de agencias civiles estatales y locales, incluidas las escuelas públicas, para labores de cumplimiento migratorio civil
- Prohíbe que agencias estatales y locales compartan información personal de alguien con autoridades de inmigración
- Exige que agentes de inmigración tengan una orden judicial para entrar a áreas no públicas de un edificio del estado
- Obliga a los agentes a mostrar el rostro durante sus interacciones con el público, una disposición que un juez federal bloqueó parcialmente, como se explica más adelante
¿Quiénes se niegan a cumplir?
Cuatro condados no habían dado señales claras de haber terminado sus convenios cuando venció el plazo, así que la fiscal general James les envió una notificación formal para exigir explicaciones, según reportó la emisora pública WAMC. Estos fueron los que recibieron esa notificación:
- El condado de Nassau, donde el ejecutivo republicano Bruce Blakeman no había confirmado si disolvería su acuerdo
- El condado de Rensselaer, cuyo ejecutivo, Steve McLaughlin, adelantó públicamente que no pensaba cumplir la ley
- Los condados de Broome y Steuben, que habían dicho que terminarían sus contratos pero todavía no lo habían hecho para la fecha límite
Nassau terminó cediendo un día después: Blakeman disolvió el convenio formal con el ICE, aunque avisó que sus oficiales seguirán colaborando con la agencia federal informalmente “siempre que sea posible”, de acuerdo con WAMC. Rensselaer, en cambio, no dio marcha atrás, y su alguacil mantiene hasta ahora el acuerdo que firmó desde 2018.
¿En qué corte están las demandas?
La demanda principal la encabeza el alguacil de Rensselaer, Kyle Bourgault, junto a otros 14 alguaciles del estado, y quedó radicada el 25 de agosto en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York, bajo el número de caso 1:26-cv-01637 y a cargo de la jueza Mae A. D’Agostino, de acuerdo con Bloomberg Law.
Los alguaciles alegan que la ley viola la Décima Enmienda de la Constitución, la que reparte el poder entre el gobierno federal y los estados, porque el Congreso ya autorizó este tipo de convenios con el ICE y, según su argumento, Albany no tiene autoridad para prohibirle a un funcionario elegido de forma independiente que decida cómo coopera su departamento con el ICE.
¿Qué piden los alguaciles?
Entre los demandantes está también el alguacil del condado de Madison, Todd Hood, pese a que su propia oficina ya había aceptado terminar su acuerdo con el ICE semanas antes de sumarse a la demanda.
Blakeman, el ejecutivo de Nassau, no figura como demandante formal, pero confirmó que se unirá al litigio de los otros alguaciles aunque su condado ya haya cumplido con la ley, según reportó también WAMC. Hochul y James respondieron calificando la demanda de gasto frívolo de dinero público y recordaron que un tribunal ya había rechazado un intento previo del propio gobierno federal de bloquear la ley antes de que entrara en vigor.
Como parte de la misma disputa, aunque en un frente distinto, Hochul y James también demandaron por su cuenta a la oficina del alguacil de Rensselaer el 27 de agosto, esta vez ante la Corte Suprema del condado —que en Nueva York funciona como tribunal estatal de primera instancia, no como una corte suprema en el sentido tradicional—, pidiéndole a un juez que declare nulo el convenio que esa oficina mantiene con el ICE desde 2018 y ordene su cancelación.
“El cumplimiento de la Local Cops, Local Crimes Act no es opcional, nadie en el estado de Nueva York está por encima de la ley”, dijo Hochul sobre esa demanda, según un comunicado oficial de su despacho.
¿Cómo sigue la disputa más allá de los tribunales?
La fiscal general James ya había notificado en julio a las 12 agencias con acuerdos activos que debían terminarlos, de acuerdo con el comunicado de implementación de la Oficina de la Gobernadora, aunque eso no garantiza que dejen de hablar con el ICE por completo: la ley no le impide a una policía llamar a la agencia federal por su cuenta si detiene a alguien indocumentado acusado de un delito, solo le impide tener un convenio formal que la obligue a hacerlo.
Un juez federal sí bloqueó, semanas antes, una parte distinta de la misma ley que buscaba impedir que los agentes del ICE usaran cubrebocas durante sus operativos, aunque el resto de la norma sigue vigente. “Nuestra ley ya fue confirmada por los tribunales, y si alguien lo vuelve a intentar, que venga”, respondió Hochul sobre ese round de litigios, de acuerdo con la transcripción oficial de su oficina.
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