Ciudadanía en Puerto Rico: qué dice el H.R. 9724 y por qué el Partido Demócrata lo rechazó
Un proyecto de ley busca terminar con la ciudadanía estadounidense automática para los bebés que nazcan en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte a partir del 1 de enero de 2027.
El representante republicano Morgan Griffith presentó la iniciativa, conocida como H.R. 9724 o “End Birthright Citizenship for Territories Act”, el 16 de julio de 2026, y solo tiene un copatrocinador en la Cámara, el republicano Ralph Norman, de Carolina del Sur. Bajo la propuesta, un recién nacido en esos territorios solo recibiría la ciudadanía de forma automática si al menos uno de sus padres es ciudadano estadounidense o tiene residencia permanente legal; de lo contrario, tendría que tramitarla como cualquier extranjero.
El Comité Nacional Demócrata (DNC) rechazó formalmente la propuesta el 15 de agosto de 2026, durante su reunión de verano en Austin, Texas, con una resolución que respaldaron 62 copatrocinadores dentro del comité y que advierte qué tan frágiles son los derechos de ciudadanía mientras Puerto Rico siga siendo un territorio y no un estado.
Luis D. Dávila Pernas, presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico y miembro del comité nacional, presentó la resolución y dijo que los puertorriqueños valoran su ciudadanía estadounidense, pero que esta descansa sobre una base establecida por ley del Congreso —no por la Constitución— mientras la isla no se convierta en estado, según el San Juan Daily Star.
¿Qué cambiaría exactamente para los bebés nacidos en la isla?
El cambio no sería retroactivo ni afectaría a nadie que ya haya nacido en la isla; solo regiría para nacimientos posteriores al 1 de enero de 2027, si el Congreso llegara a aprobarlo. La diferencia entre la ley actual y la que propone Griffith es la siguiente:
- Ley actual: cualquier persona nacida en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes o las Islas Marianas del Norte recibe la ciudadanía estadounidense de forma automática, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
- H.R. 9724 (si se aprobara): un bebé nacido en esos territorios solo recibiría la ciudadanía automática si uno de sus padres es ciudadano estadounidense o residente permanente legal; en caso contrario, nacería sin ciudadanía automática.
Quienes ya tienen la ciudadanía por haber nacido antes de esa fecha no perderían nada, según aclaran los propios promotores del proyecto. Aun así, organizaciones de derechos civiles cuestionan que abrir esta puerta —aunque sea solo para casos futuros— siente un precedente para el resto de los territorios.
¿En qué se basa el argumento legal detrás de la propuesta?
El argumento central se apoya en una distinción legal poco conocida fuera de los tribunales: la Enmienda 14 de la Constitución garantiza la ciudadanía por nacimiento en los 50 estados, pero la ciudadanía de quienes nacen en Puerto Rico viene de la Ley Jones-Shafroth de 1917, no de esa enmienda.
Griffith sostiene que, si el Congreso otorgó esa ciudadanía por ley y no por mandato constitucional, también puede modificarla o limitarla por la misma vía, apoyado en los llamados Casos Insulares —un conjunto de fallos de inicios del siglo XX que establecieron que la Constitución no aplica igual en los territorios que en los estados—, según recoge Puerto Rico Report.
Ese mismo cuerpo legal ha sido cuestionado por el propio gobierno de Estados Unidos: el Departamento de Justicia condenó públicamente los Casos Insulares por su origen ligado a teorías raciales de la época, según reportó NBC News, algo que alimenta parte del rechazo de organizaciones y funcionarios de los territorios, más allá de la línea partidista.
¿Por qué el Partido Demócrata lo rechaza con tanta fuerza?
Para el partido, la respuesta no es solo oponerse al proyecto, sino usarlo como argumento a favor de la estadidad. Dávila Pernas insistió en que solo convertir a Puerto Rico en estado blindaría la ciudadanía de forma permanente, porque dejaría de depender de lo que decida el Congreso en cada sesión.
La delegada demócrata de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, fue más dura: calificó la propuesta de “divisiva” y “racista en su fundamento”, y advirtió que erosiona los principios del derecho estadounidense, según un comunicado publicado en su página oficial.
El comité nacional del partido ratificó la estadidad como su alternativa de estatus preferida y se comprometió a impulsar una ley vinculante en ese sentido si los demócratas recuperan el control del Congreso y la Casa Blanca.
La postura coincide con los resultados de los últimos plebiscitos locales: en 2012, 2017, 2020 y 2024 la opción de convertirse en estado ganó cada vez que se sometió a votación en la isla, y en el más reciente —certificado oficialmente por la Comisión Estatal de Elecciones el 17 de enero de 2025, según Puerto Rico Report— obtuvo 58.61% de los votos (620,782 de 1,059,212 votos válidos).
¿Qué tan probable es que se convierta en ley?
De momento, el proyecto sigue en una etapa inicial: se presentó el 16 de julio de 2026 y quedó turnado a los comités de Judiciary y Natural Resources de la Cámara, sin fecha fijada para una votación en ninguno de los dos.
Incluso si lograra avanzar en una Cámara de mayoría republicana, el camino en el Senado es mucho más difícil, porque ahí se necesitan 60 votos para la mayoría de las leyes y los republicanos no tienen esa cantidad de escaños.
A eso se suma que el rechazo a este tipo de propuestas no ha sido exclusivamente demócrata: funcionarios de varios territorios, de ambos partidos, han cuestionado que el Congreso pueda quitarle unilateralmente la ciudadanía a quienes nacen bajo la ley vigente hoy.
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