Terratenientes de Texas demandan al gobierno federal por los planes del muro fronterizo en Big Bend
Una coalición de propietarios, rancheros y comerciantes de Texas demandó al gobierno federal para detener la construcción de un muro fronterizo y otra infraestructura en la remota región de Big Bend, según la demanda presentada el lunes ante una corte federal de Washington D.C. por Conserve Big Bend y seis propietarios de la zona.
La demanda se suma a un plan de 46,000 mil millones de dólares con el que el gobierno de Trump busca levantar una barrera de acero de nueve metros de altura a lo largo de casi 2,000 millas de frontera con México, un esfuerzo que en Texas ya había chocado antes con demandas y con oposición de sheriffs, guías turísticos, grupos ambientalistas y propietarios de tierras.
El pleito no busca detener el muro en toda la frontera, sino cuestionar específicamente si el gobierno tiene el derecho legal de construirlo en Big Bend.
¿En qué se basa la demanda?
El gobierno construye estos tramos de muro apoyado en una facultad de una ley de 1996, reforzada después por la Real ID Act de 2005, que le permite al secretario de Seguridad Nacional saltarse decenas de leyes ambientales, culturales y de otro tipo para acelerar la construcción de barreras y caminos fronterizos, pero solo en zonas designadas oficialmente como de “alta entrada ilegal”.
Esa designación para Big Bend no empezó en febrero de 2026: según el propio texto de la demanda, la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, hizo la primera declaración de “alta entrada ilegal” para Big Bend el 15 de octubre de 2025, el mismo día en que firmó determinaciones casi idénticas para los otros ocho sectores de toda la frontera suroeste.
Desde entonces, el gobierno repitió esa designación seis veces distintas para Big Bend —Noem firmó la primera y la segunda, del 17 de febrero de 2026. Su sucesor, Markwayne Mullin, firmó las siguientes cuatro entre mayo y julio de 2026, ajustando en cada una el área exacta del proyecto o las leyes que exentaba—.
¿Cómo justifica el Gobierno de Trump esta acción?
En la determinación de febrero de 2026, publicada en el Federal Register, el gobierno justificó la designación así: Border Patrol detuvo a más de 89,000 personas y decomisó miles de libras de mariguana, cocaína, metanfetamina y fentanilo en el sector Big Bend entre 2021 y 2025 —la base con la que exentó del proyecto cerca de 30 leyes y disposiciones federales, entre ellas la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies en Peligro y la Ley de Preservación Histórica Nacional—.
Esta no es la primera vez que el gobierno recurre a esa facultad para saltarse leyes federales en nombre de la seguridad fronteriza: en Arizona, la construcción del proyecto Tucson 5 avanza bajo el mismo tipo de exención, después de que un juez federal le negara a la Nación Tohono O’odham una orden para detenerla.
¿Por qué los demandantes dicen que esa designación está mal?
Los demandantes, encabezados por Conserve Big Bend, no niegan las cifras del gobierno. Sin embargo, las contrastan con el resto de la frontera. Según el propio documento de la demanda, el sector Big Bend cubre 517 millas —casi una cuarta parte de toda la frontera con México— pero concentró apenas el 1.16% de las detenciones fronterizas registradas en los nueve sectores del suroeste entre 2021 y 2025, con datos tomados de las propias estadísticas que publica Customs and Border Protection (CBP).
Puesto de otra forma: mientras sectores como San Diego promediaron más de 800 detenciones por milla de frontera en 2025, Big Bend promedió menos de seis.
La demanda documenta además que Big Bend ha tenido las detenciones más bajas de los nueve sectores fronterizos cada año durante 53 años consecutivos, y que 2025 fue, específicamente, el año con menos detenciones registrado por cualquier sector de la frontera suroeste desde 1967.
¿Qué piden los demandantes?
Sobre los decomisos de droga que el gobierno también citó como justificación, los demandantes argumentan que ese dato es igual de débil. Fuera de la mariguana, Big Bend representó menos del 1% de todo lo decomisado en la frontera suroeste en el mismo periodo, y la mayoría de esas otras drogas —más del 74% de la heroína, más del 87% del fentanilo— se decomisan en los cruces fronterizos oficiales, no en el tipo de cruce ilegal entre puertos que el muro busca frenar.
El punto que los demandantes quieren que una jueza decida es si esas cifras alcanzan, o no, el estándar legal de “alta entrada ilegal” que la ley exige para activar las exenciones. “Esa determinación es legal y fácticamente infundada”, escribieron en el documento.
La demanda pide a la corte tres cosas concretas:
- Declarar ilegal la designación de Big Bend como zona de “alta entrada ilegal”
- Anular las exenciones a las cerca de 30 leyes y disposiciones federales que esa designación desbloqueó
- Ordenar una pausa total, preliminar y permanente, a la construcción en toda la región, incluido el Parque Nacional Big Bend
Lo que está en juego para los residentes
Desde febrero de 2026, y de forma continua a lo largo del año, cientos de propietarios en la región empezaron a recibir cartas de dominio eminente por parte del gobierno federal. Notificaciones similares ya habían llegado antes a decenas de familias en Laredo, más al sur, donde algunos residentes recibieron cartas dándoles apenas cinco días para autorizar que el muro cruzara sus terrenos.
Entre los seis propietarios que demandan a título individual están, según detalla la propia demanda, un médico que renta parte de su propiedad como Airbnb junto al río, un arqueólogo que suspendió sus investigaciones sobre la zona por el propio proyecto, y John Ferguson, el alcalde de Presidio, Texas, quien también posee una propiedad de renta a corto plazo en la ciudad.
La organización No Big Bend Wall, un proyecto de Conserve Big Bend, nació en abril de 2026 para ofrecerles asesoría legal, según reportes de Marfa Public Radio recogidos por NPR, y para septiembre agrupaba a más de 200 propietarios registrados, de acuerdo con la demanda —cifra que sus organizadores ubicaron en 230 el día del anuncio, según NPR—.
El proyecto conocido como “Big Bend 1 a 5” abarca unas 600 millas entre los condados de Hudspeth y Val Verde, según reportó el diario texano Odessa American. La demanda confirma que los contratos para los primeros tres tramos —164 millas de barrera en conjunto— se adjudicaron el 5 de marzo de 2026. El gobierno ha destinado más de $7,000 millones de dólares solo para los proyectos de este sector, de acuerdo con reportes de Marfa Public Radio recogidos por NPR.
Cronología del caso de Big Bend
Esta es la cronología que reconstruye la propia demanda, cruzada con reportes de NPR:
- 15 de octubre de 2025: DHS designa a los nueve sectores fronterizos, incluido Big Bend, como zonas de “alta entrada ilegal”.
- 17 de febrero de 2026: DHS repite la designación para Big Bend y exenta cerca de 30 leyes y disposiciones federales.
- 5 de marzo de 2026: CBP adjudica los contratos de los primeros tres tramos del proyecto.
- Abril de 2026: nace la coalición No Big Bend Wall para asesorar legalmente a los propietarios.
- Mayo a julio de 2026: Markwayne Mullin, ya como secretario del DHS, firma cuatro determinaciones más.
- Agosto de 2026: se detecta maquinaria despejando terreno dentro del parque nacional; CBP pausa la obra solo ahí.
- 14 de septiembre de 2026: Conserve Big Bend y seis propietarios presentan la demanda.
Para varios propietarios, el problema central no es solo perder tierra, sino perder acceso al Río Bravo, del que dependen para dar de beber a su ganado y regar sus cultivos. En agosto, después de que se vieran máquinas despejando terreno dentro del propio Parque Nacional Big Bend, el comisionado de CBP, Rodney Scott, pausó temporalmente la actividad de construcción ahí —aunque el resto del proyecto en la región siguió su curso, según reportó PBS News—.
¿Qué sigue en el caso?
La oposición al muro en Big Bend no viene solo de un lado político. Laura Allen, exjueza de condado y votante de Trump en dos elecciones, cuya familia vería el muro cruzar directamente por su rancho, dijo en la conferencia de prensa donde se anunció la demanda, según recogió PBS News: “Gracias, presidente Trump, usted aseguró la frontera. Pero ya déjelo ir. Es momento.”
La corte tiene 60 días para responder a la demanda. Hasta el momento, ni el DHS ni CBP habían respondido a las solicitudes de comentario de los medios que cubrieron el anuncio, y el gobierno tampoco ha dicho si planea extender al resto de los tramos privados la misma pausa que ordenó dentro del parque nacional.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
