EE. UU. estrena una Corte que llevaba tres décadas sin usarse: por qué preocupa a defensores de inmigrantes
Estados Unidos reactivó un tribunal migratorio que permaneció 30 años sin uso para ordenar, por primera vez, una remoción bajo ese mecanismo, según confirmó el Departamento de Justicia en el comunicado que anunció el caso.
Se trata de la Alien Terrorist Removal Court, un tribunal especializado que el Congreso creó en 1996 para deportar a personas señaladas de terrorismo con evidencia clasificada que ni ellas ni sus abogados pueden revisar por completo. Ningún gobierno, republicano ni demócrata, lo había usado hasta este año.
¿Quién fue la persona enjuiciada?
El caso se centró en Nazira Haji Zada, de 47 años, quien vivía en Fort Worth, Texas, cuando fue detenida en julio de 2026. Fiscales la acusaron de apoyar el plan de su hijo y su yerno para cometer un tiroteo masivo inspirado en ISIS el día de las elecciones de 2024, de jurar lealtad al grupo y de ayudar a financiar el ataque vendiendo los bienes de la familia.
Su hijo fue sentenciado a 15 años de prisión por cargos de terrorismo, mientras que su yerno se declaró culpable de comprar rifles AK-47 y municiones a un agente encubierto del FBI y todavía espera sentencia.
Haji Zada renunció a impugnar su detención y aceptó la orden de deportación el 20 de agosto de 2026, emitida ese mismo día por la jueza federal Joan Ericksen. Fue expulsada a Afganistán el 11 de septiembre, según confirmó el Departamento de Justicia.
El fiscal general Todd Blanche calificó el caso como “una victoria para la seguridad nacional y el Estado de derecho”. Pese a lo anterior, organizaciones de abogados de inmigración llevan semanas advirtiendo que este tribunal opera con reglas muy distintas a las de una corte migratoria común, con evidencia que sigue clasificada y un estándar de prueba más bajo que el de un juicio penal.
¿Qué es la Alien Terrorist Removal Court y por qué estuvo congelada 30 años?
El origen de este tribunal se remonta a un caso de los años 80 conocido como los “L.A. Eight,” en el que jueces de inmigración se negaron a deportar a un grupo de activistas basándose en evidencia secreta que no se les permitió revisar. Para cerrar ese vacío legal, el Congreso aprobó en 1996, en medio de una reforma antiterrorista más amplia impulsada tras el atentado de Oklahoma City, la creación de un tribunal especial capaz de admitir información clasificada en casos de deportación por terrorismo.
Según un análisis del Brennan Center for Justice, el tribunal cuenta con cinco jueces federales elegidos por el presidente de la Corte Suprema entre distintos circuitos, con nombramiento vitalicio. Esa independencia judicial contrasta con la de los tribunales migratorios comunes, que en los últimos años perdieron autonomía tras el despido masivo de jueces administrativos. A pesar de existir desde hace tres décadas, ningún gobierno lo había activado antes del caso de Haji Zada.
El proceso ante este tribunal ocurre en dos etapas que no se parecen a las de una corte migratoria tradicional, de acuerdo con el mismo análisis.
- El gobierno debe presentar una solicitud que demuestre causa probable de que la persona es una “terrorista extranjera” y que un proceso migratorio común pondría en riesgo la seguridad nacional
- Si el tribunal aprueba esa primera solicitud, el caso avanza a una audiencia de remoción abierta al público
- En esa audiencia, el gobierno debe sostener la acusación por preponderancia de la evidencia, el mismo estándar que rige toda la revisión y que nunca sube al de “evidencia clara y convincente” que aplica una corte migratoria común
¿Qué evidencia se puede usar y qué estándar de prueba aplica?
La diferencia más señalada por los especialistas está en la carga de la prueba. El gobierno sólo tiene que sostener sus acusaciones por preponderancia de la evidencia, es decir que sean más probables que improbables, un umbral más bajo que el de “evidencia clara y convincente” que exige un tribunal migratorio ordinario, y muy por debajo del “más allá de toda duda razonable” de un juicio penal.
Se admite además evidencia obtenida por vigilancia electrónica y cateos sin consentimiento, así como testimonios de oídas que un tribunal penal normal rechazaría, según detalla el Brennan Center for Justice.
La persona acusada no puede pedir que se excluya evidencia obtenida de forma ilegal, y el juez puede negarse por completo a compartir un resumen de la evidencia clasificada si considera que hacerlo pondría en riesgo la seguridad nacional. Quienes tienen residencia permanente legal al menos reciben un abogado con autorización de seguridad, capaz de revisar la evidencia clasificada en privado y cuestionar su validez, aunque el propio acusado nunca la vea.
Quienes no tienen ese estatus —personas indocumentadas o con visa vigente— no reciben ese abogado especial ni ningún acceso a la evidencia, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA). Ese acceso restringido contrasta con los derechos básicos que cualquier persona detenida por ICE debería poder ejercer, como guardar silencio o exigir representación legal.
¿Por qué preocupa a las organizaciones de inmigración?
Entre las primeras organizaciones en advertir sobre los riesgos de revivir este tribunal estuvo AILA. El abogado Eric Lee, autor del análisis que publicó la organización, escribió que su uso “debería preocupar a todos, porque implica riesgos serios para los derechos de libertad y de primera enmienda de las personas no ciudadanas involucradas.”
Una de esas preocupaciones tiene que ver con qué tan amplia es la definición legal de “actividad terrorista.” Según AILA, la ley no exige haber participado directamente en un ataque, porque basta con ser el cónyuge o hijo de una persona señalada para quedar incluido en la definición.
La organización cita como ejemplo del riesgo el caso del fotoperiodista Yaakub Vijandre, a quien las autoridades le revocaron el permiso DACA por publicaciones en redes sociales que interpretaron como respaldo a una causa vinculada con el terrorismo, y que pasó 9 meses detenido por ICE.
¿Qué “pierde” una persona que enfrenta a este tribunal?
De acuerdo con AILA, frente a un tribunal migratorio común, quien enfrenta la Alien Terrorist Removal Court pierde varias herramientas legales habituales.
- No puede solicitar asilo, protección por retención de la remoción, ni cancelación de la remoción
- No puede pedir un ajuste de estatus migratorio ni salida voluntaria
- Solo puede apelar ante el Circuito de Apelaciones del Distrito de Columbia, nunca ante otro tribunal
- La única excepción que conserva, según el Brennan Center for Justice, es pedir protección bajo la Convención contra la Tortura
Existe además un riesgo práctico ya documentado en otros casos migratorios. Cuando el país de origen de la persona deportada se niega a recibirla, o el propio gobierno estadounidense lo objeta por razones de política exterior, la ley permite enviarla a cualquier otro país dispuesto a recibirla, según el Brennan Center for Justice.
Esa misma lógica ya dejó a un inmigrante nicaragüense deportado a la República Centroafricana en lugar de a su país de origen, un caso separado que expuso cómo Washington ha usado terceros países como destino cuando el propio no acepta al deportado.
Mientras las cortes migratorias comunes acumulan retrasos que en varios distritos federales se extienden por meses para resolver impugnaciones básicas de detención, este nuevo tribunal promete resoluciones rápidas y un camino de salida sencillo para el gobierno.
Para los defensores de inmigrantes, esa rapidez es precisamente el problema. Entre menos tiempo y menos acceso a la evidencia tenga una persona para defenderse, más difícil será demostrar después que el tribunal se equivocó.
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