Salvadoreños, hondureños y nicaragüenses: cuál es el estado actual de su TPS y qué alternativas legales existen si el programa termina
Tres países centroamericanos concentran cientos de miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos, pero sus situaciones legales en 2026 son muy diferentes.
Mientras que El Salvador conserva el TPS vigente hasta septiembre, Honduras y Nicaragua ya lo perdieron tras una cadena de decisiones judiciales que terminó con la protección retirada desde febrero de este año.
El Salvador: TPS vigente, pero con fecha de expiración próxima
De los tres países,El Salvador es el único con una designación de TPS activa y sin interrupciones. Según el USCIS, la protección está vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, y hasta la fecha la administración Trump no ha iniciado un proceso formal de terminación anticipada para este grupo, a diferencia de lo que ocurrió con Honduras,Nicaragua, Venezuela yHaití.
Esto significa que los salvadoreños con TPS activo conservan dos protecciones fundamentales: autorización para trabajar legalmente en EE.UU. y protección contra la deportación o remoción mientras el estatus esté vigente.
Sin embargo, lo que ocurra con la decisión de la Corte Suprema en junio o julio, respecto a la vigencia del TPS para haitianos y sirios, también puede afectar a ciudadanos de este país. Si el fallo ampara la autoridad del ejecutivo para terminar designaciones sin revisión judicial, la renovación de la protección para El Salvador quedaría completamente en manos de la administración, sin posibilidad de impugnarla en los tribunales.
Honduras y Nicaragua: TPS terminado y sin orden judicial que los proteja
La situación de hondureños y nicaragüenses es considerablemente más grave. El DHS terminó el TPS de ambos países el 8 de septiembre de 2025, y aunque un juez federal anuló esa terminación el 31 de diciembre de 2025, el Noveno Circuito de Apelaciones revirtió esa decisión el 9 de febrero de 2026, reinstaurando las terminaciones. Desde ese momento no existe ninguna orden judicial activa que proteja a estos beneficiarios.
Las consecuencias prácticas son inmediatas, según el USCIS:
- La autorización de trabajo basada en TPS ya no es válida para estos grupos
- Quienes permanecen en EEUU están acumulando presencia ilegal, lo que puede activar barras de reingreso de 3 o 10 años si en algún momento salen del país
- Están sujetos a detención y deportación sin la protección que el TPS otorgaba
Lo que complica aún más la situación es que salir del país tampoco es una decisión sencilla. Hacerlo activa automáticamente esas barras de reingreso, lo que puede cerrar puertas a opciones migratorias futuras que requieren presencia en territorio estadounidense. Según organizaciones de defensa como la ACLU, cualquier decisión de salir o quedarse debe tomarse con asesoría legal individualizada.
Qué alternativas legales existen para los tres grupos
Independientemente del estatus actual de cada país, hay opciones migratorias que pueden evaluarse. Ninguna sustituye de forma inmediata al TPS, pero algunas pueden ofrecer protección temporal o un camino hacia la regularización, según el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y la firma Ilabaca Law:
- Asilo: quienes tienen un temor fundado de persecución en su país de origen por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social pueden solicitar asilo. Generalmente debe presentarse dentro del primer año de la última entrada al país, aunque hay excepciones por cambio de circunstancias.
- Retención de remoción o Convención Contra la Tortura: si se inician procedimientos de deportación, estas formas de protección pueden solicitarse ante un juez de inmigración sin el límite de un año que aplica al asilo.
- Peticiones familiares: si existe un cónyuge, padre o hijo mayor de 21 años con ciudadanía americana o residencia permanente, esa persona puede presentar una petición I-130 en nombre del beneficiario.
- Cancelación de remoción: para quienes llevan al menos 10 años de presencia continua en EE.UU., demuestran buena conducta moral y pueden acreditar que su deportación causaría un daño extremo e inusual a un familiar ciudadano o residente permanente.
- Visa U o VAWA: para víctimas de delitos que cooperaron con autoridades, o para quienes sufrieron abuso por parte de un cónyuge o familiar ciudadano o residente.
Para hondureños y nicaragüenses cuyo TPS ya terminó, el tiempo es un factor crítico. Cada día que pasa sin explorar alternativas es un día más de presencia ilegal acumulada que puede complicar futuros procesos.
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