Tener DACA en Texas, el estado más severo con el programa: derechos, límites y lo que nadie explica
Los portadores de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en Texas enfrentan una combinación de restricciones estatales que no existe en ningún otro estado del país, producto de cambios regulatorios y legales que desde 2025 han ido eliminando derechos que antes tenían garantizados. El programa federal sigue activo y las renovaciones continúan procesándose, pero lo que Texas ha construido alrededor de él convierte al estado en el entorno más hostil para los llamados “dreamers” dentro de sus propias fronteras.
Son aproximadamente 90 mil los portadores de DACA que residen en Texas, más que en cualquier otro estado excepto California. Esa cifra hace más visible el impacto de cada cambio: decenas de miles de personas que llegaron de niños, que crecieron aquí, que estudian o trabajan, y que ahora navegan un escenario donde el mismo programa que los protege a nivel federal es sistemáticamente vaciado de contenido por las autoridades estatales.
¿Qué derechos perdieron los portadores de DACA en Texas en 2026?
Las restricciones más graves afectan tres áreas: el trabajo en industrias reguladas, el transporte comercial y la educación superior. En materia de licencias profesionales, los portadores de DACA quedaron expresamente excluidos de obtenerlas, lo que los bloquea de trabajar formalmente en campos que van desde la medicina y el derecho hasta la cosmetología, la construcción, el aire acondicionado y decenas de oficios más. Sin Green Card, asilo o estatus de refugiado, no hay licencia posible.
En transporte, el golpe llegó antes. Las autoridades de Texas decidieron dejar de emitir y renovar Licencias de Conducir Comerciales (CDL) para portadores de DACA, y el resultado fue inmediato: según reporta el Texas Tribune, más de 6 mil 400 personas — entre portadores de DACA, refugiados y personas con asilo — ya perdieron sus CDL.
Muchos llevaban años trabajando como conductores de camiones o autobuses y quedaron sin empleo de un día para otro.
En educación, Texas exige ahora demostrar presencia legal en el país para acceder a la colegiatura de residente en universidades estatales, un requisito que deja fuera a quienes antes calificaban bajo una ley estatal más amplia. La Houston Public Media estima que hasta 18 mil 500 estudiantes podrían verse afectados — y agrega que algunas universidades les comunicaron incorrectamente que ya no calificaban, incluso después de recibir orientación del propio estado.
¿Qué sigue siendo válido y qué riesgos reales existen hoy?
A pesar de todo lo anterior, hay derechos que se mantienen. Los portadores de DACA en Texas pueden seguir renovando su programa y su Permiso de Trabajo (EAD) mientras los tribunales no ordenen lo contrario. En enero de 2025, el Quinto Circuito de Apelaciones falló que DACA es ilegal, pero permitió que las renovaciones continuaran en todo el país — incluido Texas — por las enormes expectativas de dependencia que el programa ha generado, según explica MALDEF. El caso regresó al tribunal de distrito y, mientras no haya una nueva orden, el estatus quo se mantiene.
También pueden obtener licencia de conducir regular — no comercial — y trabajar con su EAD en empleos que no requieran licencia profesional estatal. Pero el riesgo federal ha crecido de forma paralela: la administración Trump ha arrestado a casi 300 portadores de DACA en todo el país desde que regresó al poder, 75 de ellos en Texas, de acuerdo con el Texas Tribune.
Texas no cesa ante la regulación migratoria
A eso se suma la Ley SB4, avalada por la Suprema Corte el 15 de marzo de 2026 con voto de 6 a 3, que permite a agentes estatales arrestar a personas por sospecha de entrada ilegal — una herramienta que amplía la exposición de cualquier inmigrante en Texas, incluidos los dreamers con DACA vencido o en proceso de renovación.
Quienes tengan DACA activo en Texas deben mantenerlo renovado con anticipación y consultar a un abogado de inmigración antes de tomar decisiones sobre trabajo, educación o cualquier trámite estatal. La Biblioteca de Derecho del Estado de Texas y el Consejo Americano de Inmigración mantienen información actualizada sobre el estado legal del programa.
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