Buscan condena de 30 años para padre que vendió a su hija por 25 mil pesos en Chiapas
Una madre indígena de San Andrés Larráinzar, Chiapas, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que su esposo vendió a su hija de 12 años de edad a un adulto.
Los hechos ocurrieron en el paraje Tres Puentes de este municipio chiapaneco, por los que la Fiscalía estatal judicializará el primer caso por el delito de cohabitación forzada.
Andrés “N” fue detenido y se encuentra enfrentando a la justicia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, además, también van por el sujeto que la compró.
“Quiero decirles que el día de hoy se encuentra enfrentando la justicia Andrés “N” por el delito de cohabitación forzada; recibimos la denuncia de la madre de la víctima, una adolescente de 12 años de identidad reservada. Andrés “N” ofreció por la cantidad de 25 mil pesos a su hija, obligándola a vivir en cohabitación forzada con otra persona del sexo masculino adulto, quien también va a enfrentar la justicia”.
Jorge Llaven Abarca, fiscal general del estado
Menor estuvo un mes con el adulto que “la compró”
Cabe destacar que la menor fue rescatada luego de que casi por un mes estuviera en cohabitación forzada con el sujeto. El fiscal chiapaneco, Jorge Llaven Abarca, enfatizó que solicitará la pena máxima de hasta 30 años de prisión para el padre de la menor.
“Pediremos como pena máxima hasta 30 años de prisión, ya que no olvidemos que este delito tiene un agravante cuando se comete en los pueblos indígenas. Quiero dejar claro que los sistemas normativos o conocidos como usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, de los niños, de las adolescentes y de las mujeres, y todo aquel que violente los derechos de este sector de la población va a enfrentar a la justicia”.
Jorge Llaven Abarca, fiscal general del estado
Fue apenas en el mes de enero de este año cuando el Congreso de Chiapas reformó el Código Penal para tipificar como delito la cohabitación forzada de personas menores de 18 años.
Dicha reforma estableció penas que van de los 8 a los 15 años de prisión, así como multas que oscilan entre los mil y 2 mil 500 días.
Sin embargo, se estableció que la sanción aumentará cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o grupos afromexicanos, buscando ofrecer una protección reforzada a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
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